Escándalo millonario en TDF: tarjeta corporativas sin control, silencio del tribunal de cuentas y responsables que hoy siguen en el poder

Escándalo en Tierra del Fuego: tarjeta sin control durante 4 años, responsabilidades políticas y silencio del Tribunal de Cuentas.

Lo que comenzó como una advertencia técnica terminó convertido en un escándalo político de alto voltaje. La utilización de una tarjeta corporativa durante cuatro años sin controles efectivos dejó al descubierto no solo un posible uso discrecional de fondos públicos, sino también una cadena de omisiones que alcanza directamente a los organismos encargados de fiscalizar. Hoy, se decidió por la destrucción de la tarjeta y aún, no se sabe en que se uso la tarjeta. 

El eje del caso es la tarjeta emitida a nombre de Agustín Tita, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de Gabinete provincial. Pese a que el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego había observado formalmente la legalidad del mecanismo en 2021, la herramienta se implementó igual y funcionó sin frenos hasta 2025.

Advertidos… y en silencio

La gravedad no está solo en el uso de la tarjeta, sino en lo que vino después: nada. Ni auditorías públicas, ni informes, ni objeciones posteriores. Durante cuatro años, el organismo que debía controlar el gasto estatal optó por el silencio.

Ese dato es central: el Tribunal no puede alegar desconocimiento. Había advertido la irregularidad. Sabía del riesgo. Y aun así no intervino.

Responsabilidades políticas directas

El caso ya no se limita a un expediente administrativo. Empieza a delinear responsabilidades concretas:

1. El ex jefe de Gabinete, por el uso de una herramienta cuestionada desde su origen.
2. Las autoridades de Tesorería y Contaduría, por avanzar pese a la observación legal.
3. Y especialmente el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego, por no ejercer el control que la Constitución le exige.

En el plano político, el escándalo también impacta sobre la gestión del gobernador Gustavo Melella, bajo cuya administración se desarrolló todo el esquema.

Un sistema que falla donde más importa

La falta de controles no es un detalle menor: es el núcleo del problema.

El artículo 166 de la Constitución provincial establece la obligación de control previo y posterior sobre el gasto público. En este caso, ambos fallaron.

Y cuando falla el sistema de control, lo que queda es un terreno fértil para el uso discrecional de recursos públicos.

El dato que incomoda: nadie explica cuánto se gastó. A esta altura, la pregunta clave sigue sin respuesta:

• ¿Cuánto dinero público se utilizó con esa tarjeta?
• ¿En qué se gastó?
• ¿Quién autorizó cada movimiento?

El silencio oficial empieza a ser tan grave como los hechos en sí.

De la irregularidad al posible delito

Con el correr de los días, el caso ya comenzó a ser analizado bajo figuras penales como malversación de fondos públicos, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

La presión ahora recae sobre el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre y sobre la Legislatura provincial, que tienen herramientas institucionales para impulsar investigaciones y eventuales sanciones.

Una postal del poder en crisis

El episodio deja una imagen difícil de disimular: funcionarios que avanzan pese a advertencias legales y organismos de control que, lejos de frenar, eligen no actuar.

En una provincia atravesada por problemas financieros, deuda en el sistema de salud y tensiones salariales, el contraste resulta inevitable.  Mientras el Estado pide ajustes, el manejo de los recursos públicos vuelve a quedar bajo sospecha.