Escándalo en Tierra del Fuego: tarjeta sin control durante 4 años, responsabilidades políticas y silencio del Tribunal de Cuentas.
El eje del caso es la tarjeta emitida a nombre de Agustín Tita, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de Gabinete provincial. Pese a que el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego había observado formalmente la legalidad del mecanismo en 2021, la herramienta se implementó igual y funcionó sin frenos hasta 2025.
Advertidos… y en silencio
La gravedad no está solo en el uso de la tarjeta, sino en lo que vino después: nada. Ni auditorías públicas, ni informes, ni objeciones posteriores. Durante cuatro años, el organismo que debía controlar el gasto estatal optó por el silencio.
Ese dato es central: el Tribunal no puede alegar desconocimiento. Había advertido la irregularidad. Sabía del riesgo. Y aun así no intervino.
Responsabilidades políticas directas
El caso ya no se limita a un expediente administrativo. Empieza a delinear responsabilidades concretas:
- El ex jefe de Gabinete, por el uso de una herramienta cuestionada desde su origen.
- Las autoridades de Tesorería y Contaduría, por avanzar pese a la observación legal.
- Y especialmente el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego, por no ejercer el control que la Constitución le exige.
En el plano político, el escándalo también impacta sobre la gestión del gobernador Gustavo Melella, bajo cuya administración se desarrolló todo el esquema.
Un sistema que falla donde más importa
La falta de controles no es un detalle menor: es el núcleo del problema.
El artículo 166 de la Constitución provincial establece la obligación de control previo y posterior sobre el gasto público. En este caso, ambos fallaron.
Y cuando falla el sistema de control, lo que queda es un terreno fértil para el uso discrecional de recursos públicos.
El dato que incomoda: nadie explica cuánto se gastó. A esta altura, la pregunta clave sigue sin respuesta:
- ¿Cuánto dinero público se utilizó con esa tarjeta?
- ¿En qué se gastó?
- ¿Quién autorizó cada movimiento?
El silencio oficial empieza a ser tan grave como los hechos en sí.
De la irregularidad al posible delito
Con el correr de los días, el caso ya comenzó a ser analizado bajo figuras penales como malversación de fondos públicos, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
La presión ahora recae sobre el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre y sobre la Legislatura provincial, que tienen herramientas institucionales para impulsar investigaciones y eventuales sanciones.
Una postal del poder en crisis
El episodio deja una imagen difícil de disimular: funcionarios que avanzan pese a advertencias legales y organismos de control que, lejos de frenar, eligen no actuar.
En una provincia atravesada por problemas financieros, deuda en el sistema de salud y tensiones salariales, el contraste resulta inevitable. Mientras el Estado pide ajustes, el manejo de los recursos públicos vuelve a quedar bajo sospecha.
PERO SI SIEMPRE HAN HECHO LO QUE SE LES DA LA GANA, TIENEN LA CAJA FUERTE DEL ESTADO Y AL PODER JUDICIAL, JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS A SU ENTERO SERVICIO. ESTAS BASURAS SON LA ESCRIBANIA DE MELELLA Y LO FUERON DE BERTONE.
ResponderBorrarninguno tiene uñas en el tribunal de cuentas. Todos se rascan los huevos o la argolla, nadie ahí adentro trabaja. Un desastre
ResponderBorrarY se habla de cobrar el sueldo en cuota..!!! Vergüenza...deben irse y dejar en paz a esta joven Provincia..
ResponderBorrarTODOS LOS DE LA FOTO LADRONES SIN VERGÜENZAS
ResponderBorrarLOS ROÑOSOS DE SIEMPRE.
ResponderBorrarCOMO NO PODRÍA SER DE OTRA MANERA.
Y la castillo que pasa
ResponderBorrarse destruye el plástico el resumen nunca se pierde se pide en el banco y listo
ResponderBorrarLa era milei. El consumo masivo se hundió 6,3% en términos mensuales. Los salarios registrados acumulan una pérdida real del 7,9% desde el inicio de la gestión vigente —y del 21% al 35% medidos contra los picos de 2017, según el segmento—. La mora bancaria en familias trepó al 10,6%, su nivel más alto en más de veinte años. La irregularidad crediticia en entidades no financieras supera el 27%. El desempleo cerró el cuarto trimestre de 2025 en 7,5%, con la informalidad laboral avanzando simultáneamente hasta el 43% de la población ocupada.Frente a ese cuadro, el superávit fiscal primario y la desaceleración inflacionaria —logros genuinos del programa— resultan condiciones necesarias pero estructuralmente insuficientes. La economía estabilizó su tablero nominal mientras destruía sus fundamentos reales. Eso tiene nombre técnico: trampa de ajuste recesivo
ResponderBorrarY EL SEPTUAGENARIO ATORNILLADO DE VIRGILIO MARTINEZ DE SUCRE? ACCIONARA ESTA VEZ? O SERA COMO EN LA OSEF? 4 AÑOS MAS TARDE CUANDO MELELLA ESTA PERDIENDO EL PODER??
ResponderBorrarVirgilio de Siesta
ResponderBorrarAhora el Fiscal de Estado, vive en Narnia!!!!
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