Madre de Ushuaia denunció ruidos, amenazas y agresiones de vecinos que afectan a su hija de 11 años con autismo y epilepsia. Interviene la justicia.
Una vecina de Ushuaia difundió una carta abierta a la comunidad en la que denuncia una situación que, según asegura, se ha vuelto insostenible para su familia. La mujer afirma que su hija Samirah, de 11 años, quien padece epilepsia, autismo y una severa sensibilidad auditiva, sufre graves consecuencias en su salud debido a ruidos constantes provenientes de una vivienda vecina.
De acuerdo con el testimonio de la madre, los episodios ocurren en una vivienda ubicada en la calle Arturo Coronado al 200, donde —según denuncia— se reproduciría música a volumen elevado de manera frecuente, incluso durante la noche y los fines de semana. La mujer sostiene que esta situación provoca fuertes cefaleas, crisis nerviosas y trastornos del sueño en la niña, además de agravar sus episodios epilépticos.
En su carta pública, la vecina asegura haber presentado más de siete denuncias contravencionales por ruidos molestos, además de haber solicitado en reiteradas oportunidades la intervención de la policía. Sin embargo, sostiene que las situaciones continúan repitiéndose y que en algunos casos incluso habrían derivado en amenazas hacia su familia por haber recurrido a las autoridades.
La madre también denunció que en los últimos días la situación se agravó. Según relató, el jueves presentó una denuncia en la fiscalía contra una de las personas involucradas por un presunto episodio de agresión ocurrido frente a su vivienda. Además, este viernes radicó nuevas presentaciones judiciales contra tres personas por amenazas y hostigamiento.
La mujer sostuvo que teme por la integridad de su hija y reclama la intervención urgente de las autoridades. En su carta, pide que se garantice el cumplimiento de las normas contravencionales vinculadas a ruidos molestos y que se protejan los derechos de las personas con discapacidad.
En su mensaje dirigido a la comunidad, la madre también remarcó que la situación afecta derechos fundamentales como el acceso a la salud, el derecho a vivir en un ambiente sano y la protección de las personas con discapacidad, contemplados en la legislación nacional y provincial.
El caso expone una problemática que suele repetirse en distintos barrios de las ciudades fueguinas: conflictos vecinales que escalan y terminan judicializándose ante la falta de soluciones rápidas. Cuando en estas situaciones se encuentran involucradas personas con discapacidad, la intervención del Estado y de los organismos competentes se vuelve aún más necesaria para garantizar derechos básicos y evitar que los conflictos deriven en episodios de mayor gravedad.
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