Escándalo en el Tribunal de Cuentas: denuncian aumentos ocultos y discrecionales tras 70 días sin publicar resoluciones oficiales.
Lo que comenzó como una denuncia por falta de transparencia ahora escala a un posible escándalo institucional de alto impacto. Luego de más de 70 días sin publicar actos administrativos, el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego empezó a difundir parcialmente sus resoluciones. Pero lejos de aclarar la situación, lo que salió a la luz profundiza las sospechas: un aumento salarial “a dedo”, retroactivo y oculto.
La nueva ampliación de denuncia presentada contra el organismo —dirigida al fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre— apunta directamente a las máximas autoridades: Miguel Longhitano (presidente) y Hugo Sebastián Pani, a quienes se acusa de haber omitido deliberadamente la publicación de resoluciones clave.
Según el documento, tras la denuncia inicial, no se abrió una investigación formal sino que se habría producido un llamado informal desde la Fiscalía hacia el propio Tribunal para “ordenar” la publicación urgente. El resultado fue la aparición del Boletín Oficial N° 6057, pero con serias irregularidades: resoluciones faltantes, numeraciones inconsistentes y omisiones que ahora están bajo la lupa.
Entre esas omisiones se encontraría el punto más grave: una resolución que habría otorgado un aumento del 25%, superior a los 300 mil pesos, con carácter retroactivo a enero de 2026, para un grupo reducido de auditores fiscales. Con el efecto acumulado, algunos habrían percibido entre 600 mil y 800 mil pesos adicionales.
El dato que genera mayor tensión es el criterio de asignación: según la denuncia, los beneficiarios fueron seleccionados de manera discrecional por la conducción del organismo, dejando afuera a otros sectores como auditores técnicos, informáticos y abogados. La decisión habría generado un fuerte malestar interno y cuestionamientos por trato desigual dentro de la estructura estatal.
Además de Longhitano y Pani, la presentación menciona responsabilidades en la cadena administrativa, incluyendo a funcionarios del área contable y de administración. También se señala el rol de Rodrigo Irigoitia, cuestionado por su doble función institucional y por avalar —según la denuncia— un esquema que perjudica a parte de sus propios colegas.
El trasfondo jurídico es delicado. La Constitución Provincial establece que todo acto administrativo debe ser publicado para tener validez. La omisión no solo implica falta de transparencia, sino que podría derivar en la nulidad absoluta de las resoluciones y en eventuales responsabilidades penales por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Otro elemento que agrava el cuadro es la persistencia de resoluciones que aún no fueron publicadas, incluso después de la exposición pública del caso. Esto alimenta una pregunta que comienza a instalarse en el escenario político: ¿qué más se intentó ocultar durante estos 70 días?
Mientras tanto, el silencio institucional es casi total. No hubo explicaciones oficiales por parte del Tribunal de Cuentas, ni aclaraciones desde la Fiscalía sobre el procedimiento adoptado tras la denuncia.
El caso ya fue puesto en conocimiento de la Legislatura y de organizaciones vinculadas a la transparencia, lo que anticipa un posible crecimiento del conflicto en el plano político e institucional.
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