Gobierno fueguino elimina el Día del Empleado Público por circular y desata una nueva polémica legal

Polémica en Tierra del Fuego: el Gobierno dispuso trabajar el 27 de junio pese a la vigencia de la Ley 1082 que reconoce el Día del Estado.

Una nueva controversia se instaló en la administración pública fueguina luego de que el Gobierno provincial comunicara, mediante una circular interna, que el próximo 27 de junio será una jornada laboral normal para los trabajadores comprendidos en distintos escalafones de la administración pública provincial.

La decisión generó cuestionamientos debido a que la Provincia adhirió oportunamente mediante la Ley Provincial Nº 1082 a la Ley Nacional Nº 26.876, que establece el 27 de junio como Día del Trabajador del Estado, una fecha históricamente considerada no laborable para los empleados públicos.

En la comunicación oficial, dirigida a las áreas de Administración y Personal de las distintas jurisdicciones, el Ejecutivo sostiene que el artículo 69.7 del Convenio Colectivo de Trabajo General (CCTG) ya establece el 18 de noviembre como Día del Trabajador Público, por lo que considera que mantener ambas fechas implicaría una "duplicidad de un beneficio de idéntica naturaleza".

Bajo ese argumento, la circular indica que la disposición convencional "reemplaza y deja sin efecto" la aplicación de la Ley Provincial 1082 respecto a la conmemoración del Día del Trabajador del Estado.

Cuestionamientos jurídicos

La medida abrió inmediatamente un debate legal dentro de la administración pública y entre especialistas en derecho administrativo y laboral.

Los cuestionamientos apuntan a un aspecto central: una circular administrativa o un decreto no pueden derogar ni dejar sin efecto una ley vigente, ya que la modificación o derogación de una norma sancionada por la Legislatura debe realizarse mediante otra ley aprobada por el mismo poder del Estado.

En ese sentido, diversos trabajadores señalaron que la Ley Provincial 1082 continúa vigente y que no existe hasta el momento ninguna norma legislativa que la haya derogado expresamente.

La discusión se centra en determinar si el Convenio Colectivo General puede desplazar una ley provincial previamente sancionada o si, por el contrario, ambas disposiciones pueden coexistir hasta tanto exista una modificación legislativa formal.

Malestar entre trabajadores estatales

La decisión también provocó malestar entre empleados públicos que consideran que el Gobierno provincial avanzó unilateralmente sobre un derecho adquirido sin abrir instancias de discusión con los representantes gremiales.

El argumento oficial sostiene que la convención colectiva posee "fuerza vinculante y carácter de ley material", pero los sectores críticos remarcan que ello no implica automáticamente la derogación de una ley provincial vigente.

La polémica promete escalar durante los próximos días, ya que distintos sectores analizan realizar presentaciones administrativas y consultas jurídicas para determinar la legalidad de la medida adoptada por el Ejecutivo.

Mientras tanto, el Gobierno provincial ratificó que el 27 de junio será una jornada laboral normal y habitual para los agentes alcanzados por el Convenio Colectivo General.

¿Puede una circular dejar sin efecto una ley?

Ese es precisamente el interrogante que comienza a instalarse entre trabajadores y especialistas. La respuesta definitiva probablemente termine siendo materia de interpretación jurídica y, eventualmente, de revisión administrativa o judicial si prosperan las impugnaciones que algunos sectores ya evalúan presentar.

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