El Gobierno de TDF presentó Presupuesto 2025, destacando un superávit financiero después de más de una década y priorizando inversiones en salud.
El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego envió a la Legislatura el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, destacando un superávit económico y financiero después de más de una década. El plan contempla ingresos por más de $1.3 billones, gastos por $1.34 billones y un enfoque en salud, educación y obras de infraestructura clave.
El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego remitió ayer a la Legislatura el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial 2025, con el que busca alcanzar un equilibrio financiero después de más de una década. El proyecto, presentado dos días antes del plazo constitucional del 31 de agosto, estima ingresos por $1.354.882 millones y gastos por $1.342.440 millones, lo que resultaría en un superávit económico de $82.400 millones y un superávit financiero de $11.000 millones tras el pago de la deuda.El presupuesto proyecta la emisión de Letras del Tesoro por hasta $14.000 millones y la posibilidad de contraer deuda por $10.000 millones para financiar obras prioritarias, como la ampliación del Hospital Regional de Ushuaia, la refacción del Hospital Regional de Río Grande, y la mejora de establecimientos educativos.
El Ejecutivo también propone modificar el uso del Fondo de Prestaciones Prioritarias, actualmente destinado a subsidiar el consumo de gas envasado y a los comedores escolares, para enfocarlo en financiar obras de tendido de red de gas natural, lo que permitirá reducir el número de beneficiarios de gas envasado. Se estima que en 2025, el subsidio al gas envasado demandará $50.000 millones para atender a unos 6.700 hogares, y el objetivo es conectar más de 1.000 hogares a la red de gas antes del próximo invierno.
En su mensaje de elevación, el gobernador Gustavo Melella destacó que el presupuesto refleja una administración fiscal responsable y que prioriza áreas clave como Educación, Salud, Seguridad Social y Asistencia Social, que concentrarán el 56,6% del gasto público. Asimismo, se destinará un 31,8% a la Administración Gubernamental y el 11,6% restante a Servicios Económicos, Deuda Pública y Servicios de Seguridad.
En términos de inversión por áreas, la Administración Central dispondrá de $1.411.000 millones, distribuidos principalmente entre el Poder Ejecutivo ($1.275.000 millones), el Poder Judicial ($99.568 millones), y el Poder Legislativo ($26.514 millones). Los organismos descentralizados contarán con $160.642 millones, siendo los principales la DPOSS ($42.750 millones) y la DPE ($26.326 millones), que juntos concentran el 43% del total.
Por su parte, los organismos de seguridad social tendrán un presupuesto de $3.220.841 millones para la Caja de Jubilaciones, $27.445 millones para la Caja Compensadora de la Policía, y $105.552 millones para la Obra Social.
El proyecto tomará estado parlamentario el próximo 19 de septiembre, momento en el que se ajustarán las pautas macroeconómicas en función del Presupuesto Nacional 2025, que se espera sea presentado por el Ejecutivo Nacional al Congreso días antes.
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