Estafa viviendas ATE son 11 los imputados

Mas imputados en las estafas con viviendas de ATE, ademas de Carlos Cordoba

Según se desprende del informe judicial, desde el Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur, a cargo de Javier De Gamas Soler, se citó a indagatoria a 11 imputados en la causa caratulada “Arana, Miguel Ángel y Belbey, Alberto s/defraudación”. A la fecha, hay 17 damnificados. Las maniobras fraudulentas habrían beneficiado a los incriminados con la suma aproximada de $8.145.000 y U$S52.000.

Recordemos que el origen de la causa proviene de la construcción de parte del Instituto Provincial de la Vivienda, de 128 viviendas, destinadas a afiliados del Sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado, que se efectuaría con fondos del Programa Nacional “Techo Digno”, en terrenos cedidos por la Municipalidad de Ushuaia, en la urbanización Barrancas del Río Pipo.

El gremio debía confeccionar un listado de postulantes a ocupar las casas y el IPV, por su parte, además de llevar adelante la construcción de las unidades, debía controlar que los postulantes cumplieran con los requisitos necesarios, y hasta la entrega definitiva de las viviendas, no debía exigir sumas dinerarias a los adjudicatarios.

Ante la alta demanda de inscriptos en acceder al beneficio, se llevó adelante un sorteo de aspirantes, que luego debía ser evaluado por el Instituto Provincial de la Vivienda.

Sin embargo, según se desprende de la ampliación del requerimiento fiscal, de acuerdo al testimonio de algunos aspirantes, se hicieron gestiones ante el Gobierno de la Provincia para “incluir a otras personas que no habían participado del sorteo” y que incluso, “tampoco se encontraban afiliadas al Sindicato de ATE”.

Tras la labor de la Policía Científica, el representante del Ministerio Público Fiscal, Nicolás Arias, -que lleva adelante la causa-, luego de analizar los 11 cuerpos de la investigación imputó a Miguel Ángel Arana, Carlos Hipolito Córdoba, Francisco Freire Acosta, Hugo Fabián Aguirre, Leandro Santillán Mulvihill, Omar Alberto Calquín, Lilian Galli y Daniel Alberto Belbey, por haber defraudado mediante nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño a las personas, a 17 damnificados, al ofrecerles a venta viviendas sociales. Las víctimas de la maniobra, hicieron entrega de sumas dinerarias, en peso y en dólares; vehículos y hasta motos en parte de pago, resultando de cada operación la participación de un intermediario, entre los años 2014 y 2017.

De esas operaciones, los imputados se alzaron con “ocho millones ciento cuarenta y cinco mil pesos ($8.145.000) y dólares estadounidenses cincuenta y dos mil (U$S52.000)”, se detalla en el requerimiento del Fiscal Arias.

El accionar del Secretario General de ATE Carlos Cordoba: Ante el incumplimiento de la entrega del inmueble, dos de los damnificados acudieron al Secretario General de ATE, Carlos Córdoba, a reclamarle por la falta de entrega de las viviendas, por lo que “no podía desconocer la maniobra cuya cara visible resultaba Arana”, expuso el funcionario del Ministerio Público Fiscal, en su dictamen.

El propio dirigente, insistió en reuniones con la Presidencia del IPV y en notas dirigidas al Ministro de Gobierno, la incorporación al listado de 7 personas, ajenas al gremio. “Se corroboró la activa participación de Córdoba en los hechos que se imputan, a partir de conversaciones entre éste y Belbey, donde le refería ‘no me trajiste verdes’, en relación a plata extranjera”, describió Arias.

Para el Fiscal, la intervención de Córdoba en las maniobras defraudatorias, en su condición de Secretario General de ATE, debe considerarse porque “quebrantó la confianza” de los afiliados. Y más bien, “debía administrar en resguardo y para el interés exclusivo de los trabajadores del sindicato que representa”, señala.

Por su parte, según reza el escrito, Miguel Ángel Arana fue señalado como quien “se presentaba al cobro de las sumas de dinero entregadas por los damnificados, ya sea a través de pagos parciales o de una suma única, y a cuyo nombre se transfirieron todos los vehículos entregados como parte de pago”,

“Arana era el Vicepresidente de la Comisión de Vivienda de ATE, y en su intento por incorporar adjudicatarios que no pertenecían al gremio, también habría defraudado los intereses de los verdaderos afiliados con expectativas de recibir una unidad habitacional”, argumenta Arias.

Del detallado dictamen, se desprendió que Francisco Freire Acosta, habría ofrecido algunas de las viviendas sociales, haciendo uso de la agencia inmobiliaria denominada Proyectos Inmobiliarios de la cual es propietario, mientras que en el caso de Hugo Fabián Aguirre, en su calidad de agente inmobiliario, “se presume que conocía la situación de las viviendas y aún así, habría intermediado para su venta y recibo de dinero”.

Leandro Santillán Mulvihill y Omar Alberto Calquín, oficiaron de intermediarios en numerosos oportunidades, acercando a los interesados en acceder a las viviendas a la persona de Miguel Ángel Arana, recibiendo incluso pagos o bienes en su representación.

En el caso de Lilian Galli, para el Fiscal “no se puede descartar su activa participación en las gestiones para que se concrete la estafa, al menos respecto de una damnificada”, ya que en uno de los audios aportados ésta le manifiesta que “por no ser afiliada al gremio debían encontrarle otro marco legal y que lo estaba hablando con Córdoba”.

Por último, respecto de Daniel Alberto Belbey, su intervención se vio acotada por una única intermediación y percepción de sumas de dinero de parte de uno de los denunciantes.

El delito: Para el representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Ángel Arana, Carlos Hipólito Córdoba, Francisco Freire Acosta, Hugo Fabián Aguirre, Leandro Santillan Mulvihill, Omar Alberto Calquín, Lilian Galli y Daniel Alberto Belbey, habrían cometido el delito de estafas reiteradas. En tanto que, Arana y Córdoba, por las funciones que cumplían dentro del gremio, pudieron haber cometido el delito de defraudación por administración fraudulenta, al menos en grado de tentativa.

Arana, su pareja y la compra de maquinaria: Por otro lado, se investiga la conducta de Miguel Ángel Arana y Gisela Edith Escobar, quienes habrían convertido, transferido, administrado, vendido, disimulado o puesto en circulación en el mercado, diversos bienes y dinero provenientes de los ilícitos de las maniobras de las viviendas, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen licito (lavado de dinero).

“Las sumas obtenidas producto de las estafas en perjuicio de los aspirantes a las viviendas, se habrían destinado a la compra de maquinaria vial y camiones, con la participación directa de Arana en dichas operaciones, formalizadas con la titular de la empresa “Gi.Mi.” yo “G&M”, cuya titularidad recaía en Escobar”, evaluó Arias.

La pareja adquirió 3 máquinas retroexcavadoras; 1 equipo autoelevador; 1 camión; 1 martillo neumático, y 2 máquinas retroexcavadoras usadas.

No obstante, se advirtió que algunos de los cheques posdatados entregados en pago resultaron de titularidad de Erik Enrique Moscozo Panozo. “Dicha relación contractual permite suponer la participación de éste en las maniobras de compras de vehículos, por lo que no se descarta su intervención en la presunta maniobra de darle apariencia licita a los fondos provenientes”, destacó el Fiscal.

Además, se conoció que 3 vehículos, dados en parte de pago, fueron transferidos a nombre del hijo de Miguel Ángel Arana, Martín Ezequiel Arana, quien también pudo haber “intervenido en la presunta maniobra de darle apariencia lícita a los fondos provenientes o haber recibido los automóviles para hacerlos aplicar en una operación de las atribuidas a su padre”.

Respecto de estos sucesos, a prima facie constituyen los delitos de legitimación de activos de origen delictivo, sin descartarse que por la condición funcional del imputado Arana pueda comprender el agravante para su hijo de descartarse su intervención como partícipe del suceso atribuido a su padre.

Imputados: Miguel Angel Arana, Gisela Edith Escobar, Erik Enrique Moscozo Panozo y Martín Ezequiel Arana.

Arana y su función como empleado municipal: En virtud de la función pública de Miguel Angel Arana en la Municipalidad de Ushuaia, no se descarta que se haya interesado en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación que intervenga en razón de su cargo, en forma directa o por persona interpuesta o por acto simulado.

Según surgió del testimonio del titular de una concesionaria, en oportunidad de concretar la compra de maquinaria vial con Arana, éste le había manifestado que “estaba poniendo toda la empresa a nombre de su pareja Gisela Edith Escobar, ya que era funcionario municipal y no podía contratar con la Municipalidad de Ushuaia”.

Asimismo, del legajo prontuarial de Miguel Ángel Arana surgió una actualización donde éste manifiesta ser apoderado de la firma “Janes Construcciones” la que a su vez podría tener relación con las firmas “GI.MI.” o “G&M” o ser homónima.

Por tal motivo, y teniendo en cuenta que la empresa denominada Gi.Mi y/o G y M y/o Janes Construcciones “resulta presuntamente de titularidad de Gisela Edith Escobar con algún grado de participación a determinar de Miguel Ángel Arana y que la actividad de la misma gira en torno a su condición de proveedora de servicios del Municipio, es que no se descarta que dicha actividad resulte incompatible con el ejercicio de las funciones públicas de Arana”.

En consecuencia, a Arana se lo imputa a prima facie del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.


El listado de damnificados que figuran en la causa judicial incluye a las siguientes personas y detalles:

–Lorena Elizabeth Maldonado, quien fuera perjudicada patrimonialmente en $700.000. Transfirió una camioneta por $320.000 y pagó cuotas de $20.000 hasta completar $380.000. El vehículo fue transferido a Martín Arana, en tanto que las sumas de dinero se entregaron periódicamente a Miguel Ángel Arana, entre los meses de junio de 2016 y junio de 2017. Leandro Santillan Mulvihill habría actuado como intermediario de la operación.

–Gabriela Albina Sandoval y su pareja, Enrique Javier Dillón, quienes fueran perjudicados patrimonialmente en $600.000. La suma fue entregada a Francisco Freire Acosta, titular de la firma Proyectos Inmobiliarios S.R.L., entre los meses de septiembre a diciembre de 2016.

–Hernán Emiliano Arguello Bariffuza, y Gerardo Arguello (su padre), quienes fueran perjudicados patrimonialmente en la suma de U$S 20.000 y $326.000. Las sumas podrían haber sido entregadas a Miguel Ángel Arana y a Daniel Alberto Belbey a mediados de 2016.

–Lucía Guerrero, quien fuera perjudicada patrimonialmente en la suma de $800.000, entregados el 16 de septiembre de 2016 a Miguel Ángel Arana.

–Daniela Patricia Rodríguez Castelli, y Germán César Ausili, (cónyuges), quienes fueran perjudicados patrimonialmente en la suma de $ 364.400, entregados a Silvia Báez, con la intermediación de Miguel Ángel Arana en el domicilio de los damnificados en el año 2014.

–Horacio Héctor Wallner, y/o Nadia Soledad Batalla Wallner, (padre e hija), quienes fueran perjudicados patrimonialmente en la suma de $600.000 mediante la entrega de 12 cheques a Miguel Ángel Arana en el mes de octubre de 2017, y “luego de la intermediación de Hugo Fabián Aguirre, empleado de la Inmobiliaria “Proyectos Inmobiliarios S.R.L.”

–Clementina Zulma Arias y Nayla Joela Arias (madre e hija), quienes fueran perjudicadas patrimonialmente en la suma de $250.000, entregados a Miguel Ángel Arana, durante el año 2014.

–Gonzalo Rodrigo González Mariani, quien fuera perjudicado patrimonialmente en la suma de pesos $650.000 entregados al imputado Arana, en el mes de mayo de 2017.

–Daniela Soledad Tapponier, quien fuera perjudicada patrimonialmente en la suma de $280.000 que integró mediante la cesión de un vehículo Ford Ka en agosto de 2017, $40.000 y 15.000 dólares, todo ello entregado al imputado Miguel Ángel Arana.

–Valeria Anabel Sánchez, quien fuera perjudicada patrimonialmente en la suma de $540.000 entregados a Miguel Ángel Arana con la intermediación inicial de Leandro Santillan Mulvihill, y habiendo dialogado la damnificada con Carlos Córdoba, quien “la alentó a materializar la entrega dineraria en los términos: “si si, dale para adelante”.

–Ricardo Javier Calquín, quien resultó perjudicado patrimonialmente en la suma de $450.000 integrados mediante la entrega de una camioneta “Mercedes Benz Sprinter”, y $30.000 en el mes de octubre de 2016 a Miguel Ángel Arana.

–Sergio Darío Cornejo, quien resultara perjudicado patrimonialmente en la suma de $150.000 que fueran entregados a Miguel Ángel Arana en dos ocasiones en el transcurso del mes de enero de 2014, en su domicilio y en un estacionamiento.

–Rosa Susana Corvino, quien resultara perjudicada patrimonialmente en la suma de $70.000 y siete mil dólares que fueran entregados en el mes de noviembre de 2015 a Miguel Ángel Arana.

–Analía Viviana Coria, quien fuera perjudicada patrimonialmente en la suma de $600.000, que le fueran entregados a una persona de nombre Hugo (presuntamente Hugo Fabián Aguirre), por cuenta de su pareja Mario Sartini, durante el año 2016.

–Mariel Beatriz Calquín, quien fuera perjudicada patrimonialmente mediante la suma de $500.000 integrados mediante la entrega de un vehículo “Toyota RAV 4” que fuera entregado a Miguel Ángel Arana, y la suma de $150.000 entregados a su hermano Omar Calquín (quien ofició como intermediario entre su hermana y el imputado Arana), en el mes de abril de 2017.

–David Floridor Castro, quien resultara perjudicado patrimonialmente en la suma de $600.000 integrados mediante la entrega de un vehículo “Peugeot 408”, y la entrega de $150.000 y diez mil dólares. Dijo que le entregó “cheques y dinero en efectivo a una persona de apellido Aguirre, quien además confeccionó los papeles para transferir el vehículo a nombre de Miguel Ángel Arana”, en junio de 2017.

–Mauro Davobe, quien resultara perjudicado patrimonialmente en la suma de $530.000. Asimismo y “con la intermediación de Omar Calquín, le hizo entrega a éste de una moto “Honda Rally 300 cc”, por un valor aproximado de $80.000 y de $530.000 en diferentes formas de pago, todo en enero de 2017 y meses posteriores.

Cronograma de indagatorias: Comenzará el jueves con la presentación de Córdoba, pero continuará con Galli el 11 de septiembre y con Panozo el 13 de septiembre. A su vez, el martes 18 declarará Freire Acosta, y Aguirre el viernes 28.

Santillán Mulvihill fue citado para el martes 2 de octubre, Calquín para el viernes 5, Martín Arana para el jueves 11 y Gisela Escobar para el martes 16.

Por último, Miguel Arana, el principal sospechoso, fue convocado para el jueves 18 de octubre a las 10 de la mañana.