Arosteguichar fue jubilado por el STJ tras la denuncia penal por nepotismo presentada por la Fiscalía de Estado.
El nombre de Armando Antonio Arosteguichar volvió a quedar en el centro de la escena judicial y política de Tierra del Fuego. El ahora ex funcionario fue jubilado por el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego mediante una acordada interna, en medio de la denuncia penal por nepotismo presentada por la Fiscalía de Estado.
Arosteguichar había sido desplazado previamente de la presidencia del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) por decisión del gobernador Gustavo Melella, luego de que se hicieran públicas acusaciones por presuntas designaciones irregulares de familiares directos dentro del organismo encargado de la recaudación de apuestas.
Denuncia penal por nepotismo
A fines de febrero de 2026, la Fiscalía de Estado formalizó una denuncia penal en su contra por presuntas maniobras de nepotismo durante su gestión al frente del IPRA. Según trascendió, se lo acusa de haber favorecido a su cónyuge e hijos con ascensos y mejoras salariales dentro del ente autárquico. (VER)
La gravedad de las acusaciones generó cuestionamientos sobre su posterior designación dentro de la estructura del Superior Tribunal de Justicia a fines de 2025. Algunas versiones periodísticas incluso lo mencionaron erróneamente como “vocal” del tribunal, aunque en rigor ocupaba un cargo administrativo dentro del Poder Judicial. (VER)
Jubilación para cerrar el capítulo
Con la denuncia ya presentada y el tema instalado en la agenda pública, el Superior Tribunal resolvió su jubilación mediante una acordada. La decisión, interpretada por distintos sectores como una salida institucional para descomprimir la situación, evita que continúe vinculado al máximo órgano judicial de la provincia mientras pesa sobre él una investigación penal.
Hasta el momento no trascendió cuál será el monto de la remuneración jubilatoria que percibirá, un dato sensible teniendo en cuenta el régimen especial que rige para determinados cargos del Poder Judicial.
Transparencia en debate
La denuncia también puso sobre la mesa la discusión sobre incompatibilidades y estándares de transparencia en el acceso a cargos públicos, particularmente cuando se trata de funcionarios señalados por presuntas irregularidades en el manejo de recursos estatales.
Mientras la causa judicial deberá avanzar en sede penal para determinar responsabilidades, el episodio vuelve a instalar interrogantes sobre los mecanismos de control interno y las salidas administrativas que encuentran algunos protagonistas del poder político e institucional.
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