Intervención del Puerto de Ushuaia: El informe que avala la seguridad apareció tarde y abre más dudas que respuestas

Informe avala seguridad del puerto hasta 2029 y contradice la intervención. Crecen dudas sobre por qué no se conoció antes.

La intervención del puerto de Ushuaia sumó un elemento que lejos de cerrar el conflicto, lo profundiza. La aparición de un informe de Prefectura Naval Argentina que certifica condiciones de seguridad operativa hasta 2029 contradice de lleno los argumentos utilizados por Nación para justificar la medida.

El dato, sin embargo, abre una pregunta central que empieza a incomodar tanto a nivel nacional como provincial: si el puerto estaba en condiciones, ¿por qué ese documento no se conoció en tiempo y forma?

El jefe de Gabinete fueguino, Jorge Canals, sostuvo que el informe “ratifica lo que venimos planteando desde el inicio” y apuntó directamente contra la intervención. “No había sustento técnico ni lógico”, afirmó.

Pero el propio funcionario introdujo una clave que complejiza el escenario, el documento habría sido emitido días antes de la intervención, aunque no fue ingresado formalmente a la Dirección Provincial de Puertos, lo que impidió que fuera utilizado en la estrategia judicial inicial. De todas maneras, se generan duda sobre la ausencia en anteriores presentaciones judiciales, siendo este un documento que sería fundamental para la defensa ante la intervención. 

Ahí es donde aparecen las dudas de fondo: ¿Existió una falla de gestión por parte de las autoridades del puerto que no incorporaron el informe? ¿O el certificado fue retenido, demorado o directamente ocultado hasta después de concretada la intervención?

El interrogante no es menor. Si el informe estaba disponible cinco días antes, su ausencia en el proceso administrativo y judicial resulta, como mínimo, llamativa.

Canals fue más allá y planteó una contradicción operativa: “Si el puerto no era seguro, tampoco lo era para quienes lo intervinieron. Sin embargo, siguieron operando con normalidad”.

En esa línea, remarcó que no hubo cambios estructurales desde la intervención: ni en contratos, ni en convenios, ni en el esquema operativo. “Lo único que hicieron fue tomar el control”, sostuvo.

El foco también se trasladó al manejo de los recursos. Según el funcionario, la provincia perdió toda capacidad de seguimiento sobre los fondos generados por la actividad portuaria. “Hoy no sabemos qué se hace con esos ingresos”, advirtió, apuntando a una falta de trazabilidad.

A esto se suma otro punto crítico: la falta de claridad sobre quién ejerce efectivamente la intervención. “No hay una figura visible que dé explicaciones”, cuestionó.

Mientras tanto, el informe de Prefectura —lejos de ser un dato técnico aislado— empieza a tener peso político y judicial. Desde el Ejecutivo ya anticiparon que evaluarán ampliar las acciones legales, considerando que habría actores que conocían este documento y aun así avanzaron con la intervención.

El conflicto, lejos de resolverse, entra ahora en una nueva etapa donde la discusión ya no es solo técnica o administrativa, sino también política.

Porque la pregunta sigue sin respuesta clara: ¿Se trató de una desprolijidad grave en la gestión… o de una información clave que apareció demasiado tarde?

El informe cambia el eje del conflicto, pero deja una duda clave sobre la mesa.

¿Creés que fue un error de gestión no presentar el informe como defensa con anterioridad?