Nepotismo institucional en TDF: la hijastra del presidente del Tribunal de Cuentas fue adscripta al Puerto por decretos del Gobernador

Denuncian nepotismo en TDF: la hijastra del presidente del Tribunal de Cuentas fue adscripta al Puerto por decretos del gobernador Melella y Urquiza

Desde 2020, una adscripción firmada por Gustavo Melella y Mónica Urquiza expone un grave y persistente conflicto de intereses que compromete al máximo órgano de control de la provincia y a la Dirección Provincial de Puertos, sin que hasta ahora se haya activado ningún mecanismo efectivo de transparencia o investigación.

Una denuncia de extrema gravedad sacude a la administración pública de Tierra del Fuego y vuelve a poner en tela de juicio la independencia real de los organismos de control del Estado provincial. La situación involucra directamente al Tribunal de Cuentas, institución que por mandato constitucional debe auditar y controlar los actos del propio Gobierno, pero que hoy aparece atravesada por un evidente entramado de vínculos familiares y decisiones políticas.

Según surge de documentación oficial, Ornela Torino, hijastra del presidente vitalicio del Tribunal de Cuentas Provincial, el abogado Miguel Longhitano, se encuentra adscripta desde el año 2020 a la Dirección Provincial de Puertos (DPP). La adscripción fue dispuesta mediante decretos firmados por el gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza, y renovada de manera sistemática a lo largo de los años.

Lejos de tratarse de un trámite administrativo menor, el caso configura un conflicto de intereses estructural de enorme magnitud institucional. Longhitano, en su carácter de máxima autoridad del Tribunal de Cuentas, tiene la responsabilidad de controlar, auditar y eventualmente sancionar al Poder Ejecutivo provincial y a la propia Dirección Provincial de Puertos. Sin embargo, su hijastra percibe haberes del Estado provincial y adicionales vinculados al organismo portuario que se encuentra bajo fiscalización directa del Tribunal que él preside.

La situación se vuelve aún más delicada si se tiene en cuenta que la adscripción fue renovada año tras año sin concurso público, sin procesos de selección transparentes, sin licitación y sin una fundamentación funcional clara que justifique la necesidad del cargo. Además, se registraron mejoras de categoría y condiciones laborales, siempre mediante decisiones del Ejecutivo que debería ser controlado con independencia por el Tribunal de Cuentas.

En este contexto, la actuación de la Fiscalía de Estado lejos estuvo de despejar dudas. En el Dictamen N° 16/2025, ante pedidos formales de acceso a información pública vinculados al personal adscripto, el organismo optó por una respuesta considerada liviana y evasiva, derivando la cuestión al propio Tribunal de Cuentas, sin analizar el fondo del conflicto ni la evidente incompatibilidad ética e institucional.

No se trata de un hecho aislado ni de una omisión circunstancial. Ya en 2023, el Dictamen F.E. N° 05/23 y el Informe Legal N° 178/2023 habían expuesto una práctica reiterada: los distintos organismos del Estado se remiten actuaciones entre sí, dilatando definiciones y evitando cualquier investigación real. En ningún momento Miguel Longhitano se excusó de intervenir, ni se designaron conjueces, ni actuaron secretarios o auditores independientes, consolidando un esquema que, en los hechos, funciona como un blindaje institucional.

El cuadro que emerge es alarmante. Un órgano de control sin independencia efectiva, un Poder Ejecutivo que avala y sostiene vínculos familiares mediante decretos, y un sistema administrativo diseñado para bloquear la transparencia y desalentar cualquier intento de rendición de cuentas.

La denuncia ya fue elevada ante autoridades nacionales y vuelve a encender las alarmas sobre el funcionamiento real de los organismos de control en Tierra del Fuego, donde la legalidad parece relativizarse cuando se trata de proteger intereses propios y estructuras de poder consolidadas.

Más allá del aspecto administrativo, el caso expone una crisis ética e institucional profunda. En una provincia atravesada por graves dificultades sociales, económicas y por la precariedad de servicios esenciales, el manejo del Estado aparece cada vez más asociado a lógicas de privilegio, parentesco y administración del poder como si se tratara de un patrimonio familiar.

La pregunta que queda flotando, y que ninguna autoridad respondió hasta ahora, es inquietante: ¿quién controla a los organismos que deben controlar al poder político cuando esos mismos organismos forman parte del problema?