Escándalo en el Puerto: Urquiza admitió que “la plata se voló” y revelan que el Estado pagó dos veces por un control que nunca existió

Admiten que “la plata se voló” del puerto fueguino. Revelan auditoría millonaria de la UBA cuyos informes nunca se publicaron.

Mientras la vicegobernadora reconoció públicamente que los fondos del puerto desaparecieron, documentos exclusivos muestran que el Gobierno contrató una auditoría millonaria a la UBA para revisar la Ley 1149. El informe fue retirado del expediente y nunca se publicó.

Tierra del Fuego atraviesa lo que ya es considerada por sectores políticos y técnicos como la mayor crisis de transparencia en torno a la obra pública portuaria. La polémica estalló luego de que la vicegobernadora Mónica Urquiza admitiera públicamente que el dinero del puerto “se voló”.

La frase encendió alarmas. Pero detrás de esa declaración hay una trama administrativa y financiera que expone algo aún más grave: el Estado habría pagado dos veces por controles que nunca se tradujeron en resultados concretos.

La Ley 1149 y el muelle que nunca fue

La Ley Provincial 1149 habilitó el endeudamiento en dólares para financiar obras estratégicas, entre ellas la ampliación del muelle del puerto. La promesa fue infraestructura, desarrollo y modernización.

Hoy, años después, no hay muelle nuevo, pero sí deuda y cuestionamientos. Lo que no suele mencionarse es que desde 2019 el Tribunal de Cuentas de la Provincia tenía ordenado, mediante la Resolución 192/19, fiscalizar el traspaso de gestión y controlar la ejecución de esos fondos. Ese control —según la documentación revisada— no evitó el descalabro que hoy se admite públicamente.

El “Negocio del Control Cero”

En 2020, ya bajo la gestión del gobernador Gustavo Melella, el Ejecutivo contrató a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por aproximadamente $20 millones para realizar una auditoría externa sobre las obras del puerto y el endeudamiento en dólares.

A valores actualizados a febrero de 2026, esa cifra equivaldría —según estimaciones inflacionarias— a unos $2.500 millones.

La decisión dejó una señal política contundente:

• Si el Tribunal de Cuentas debía controlar, ¿por qué fue necesario contratar una auditoría externa?
• ¿Era una revisión técnica o una admisión implícita de que el órgano de control provincial no era confiable o resultaba inoperante?

Informes guardados bajo llave

La auditoría se realizó. El trabajo se entregó. Pero, según consta en el expediente, los informes vinculados al Puerto y a la obra de la Ruta del Beagle fueron retirados del cuerpo principal del expediente administrativo, impidiendo el acceso público a su contenido.

1. Sin publicación oficial.
2. Sin debate legislativo.
3. Sin difusión institucional.

Mientras tanto, las causas administrativas vinculadas al traspaso 2019 prescribieron, debido a que el Tribunal de Cuentas no concluyó su labor en tiempo y forma.

El resultado es un escenario donde: La vicegobernadora admite que el dinero desapareció; El órgano de control no evitó el daño; Se pagó una auditoría externa millonaria. Los informes no se hicieron públicos. Las responsabilidades administrativas quedaron sin sanción.

Un pacto de silencio

La secuencia configura lo que algunos sectores ya denominan “el pacto de silencio del puerto”: controles que no controlaron, auditorías que no transparentaron y expedientes que hoy permanecen incompletos.

Con las instancias administrativas prescriptas, la única vía posible para esclarecer responsabilidades sería el avance de la Justicia Federal o nacional, si existieran elementos que encuadren en delitos vinculados a deuda externa o administración fraudulenta.

Las preguntas que quedan abiertas. ¿Qué dice exactamente el informe de la UBA? ¿Por qué no fue publicado íntegramente? ¿Qué detectó sobre la ejecución de la Ley 1149? ¿Quién decidió retirar esos informes del expediente? ¿Hubo perjuicio económico concreto al Estado fueguino?

Mientras no haya respuestas oficiales, la frase “la plata se voló” deja de ser una metáfora política y se transforma en un símbolo de la opacidad institucional.