Continua la grave polémica judicial: Cámara de Apelaciones anuló peritar celular clave en la causa contra el juez Leonelli

Grave polémica: la Cámara de Apelaciones anuló peritar un celular clave del juez Leonelli, imputado por material de menores abusados. Sospechan encubr

La Cámara de Apelaciones de Ushuaia anuló la orden de peritar un teléfono allanado al magistrado Andrés Leonelli, imputado por tenencia de material de menores abusados. La decisión fue firmada por el juez Alejandro Fernández, señalado como socio comercial de Leonelli en un emprendimiento inmobiliario, lo que plantea serios cuestionamientos éticos y legales.

Crecen las sospechas sobre severas irregularidades en la causa que investiga al juez Andrés Leonelli, imputado por la presunta tenencia de material de menores abusados.

El pasado viernes 4 de julio, la Cámara de Apelaciones de Ushuaia resolvió anular la orden dictada por la Jueza María Cristina Barrionuevo para peritar un celular paralelo que había sido incautado en los allanamientos realizados al magistrado.

Lo que genera mayor preocupación es que la decisión fue adoptada por el juez Alejandro Fernández, quien –según trascendidos– sería socio comercial de Leonelli en diversos negocios inmobiliarios en Ushuaia, incluyendo un edificio que se estaría construyendo en calle Deloqui. La estrecha relación comercial entre el juez que tomó la decisión y el imputado debería haber motivado su apartamiento inmediato de la causa, dado que se trata de un claro conflicto de intereses. Este hecho podría derivar en un jury de enjuiciamiento contra Fernández por incumplir con su deber de imparcialidad.

Tampoco se brindaron explicaciones de fondo sobre los motivos de la anulación de la pericia del celular. En ese dispositivo podrían existir fotografías u otro material sensible relacionado con la causa, lo que convierte la decisión judicial en un hecho de extrema gravedad institucional. Para algunos sectores del Poder Judicial y referentes de organizaciones que denunciaron inicialmente este caso, la resolución apunta a impedir que se conozca el contenido del teléfono, en un contexto de crecientes sospechas de encubrimiento y maniobras dilatorias.

Este tipo de irregularidades podrían dar pie a la intervención de organismos internacionales, que fueron los primeros en alertar sobre la existencia de material de abuso infantil en poder de Leonelli. La comunidad jurídica y la sociedad fueguina observan con alarma cómo el caso se adentra en un entramado de intereses que parecen priorizar la protección de un magistrado antes que el esclarecimiento de los hechos.