Para el Juez solo querian sustraer dinero

Para el juez Penal de Ushuaia, Javier De Gamas Soler y según su resolución el ex gobernador y candidato a intendente de Río Grande, Hugo Cóc...

Para el juez Penal de Ushuaia, Javier De Gamas Soler y según su resolución el ex gobernador y candidato a intendente de Río Grande, Hugo Cóccaro, al haber firmado el decreto de pago a la empresa Gualdesi, solo tenía por motivación la sustracción de 8 millones de pesos (ver). En un tramo de la resolución De Gamas Soler desvirtúa la justificación de Cóccaro sobre que dictó el decreto de pago porque el expediente no tenía observaciones del Tribunal de Cuentas. El juez observó tras la declaración que “el descargo exculpatorio intentado por el imputado Cóccaro es tan inconsistente como los del resto de sus consortes de causa”. El ex Gobernador fue procesado por el delito de peculado (sustracción de fondos públicos) junto al secretario contable del Tribunal de Cuentas, Emilio May. El año pasado De Gamas Había procesado a otros ex funcionarios (ver) debido a que consideró que el pago de más de 8.200.000 pesos en letras de tesorería a la empresa Gualdesi, no tenía otro objeto que sustraer fondos del erario público debido a que a su entender, la empresa nunca proveyó modulo alimentario alguno al Estado.

Además el Juez consideró que el descargo efectuado por Cóccaro “además de autocontradictorio, es tan frágil como el resto de sus excusas absolutorias. Como hemos explicado reiteradamente, ya el día en que Cóccaro emitió y suscribió el decreto N° 1903/07 (el 5 de julio de 2007), su consorte de causa a cargo de la Secretaría Contable del Tribunal de Cuentas, con fecha 29 de junio de 2007, había confirmado que debía efectuarse – en palabras de Cóccaro – “una reducción de alrededor de 500 mil pesos””.

Es así que agrega que “más allá de la conveniente poca claridad de su descargo, a la luz de tales evidencias es lógico concluir que el entonces titular del Ejecutivo Provincial, pretende justificar su accionar en cuestiones ajenas a la verdadera motivación que guiaba su proceder, que no era sino sustraer alrededor de 8 millones de pesos del tesoro público. Por lo demás, como venimos diciendo, lo que el imputado livianamente llama “decreto de pago definitivo” no es más que un desacierto jurídico legislativo sin precedentes que, en consonancia con el fin delictivo perseguido, cumplía con las necesidades y apremios temporales existentes”.

Otro de los tramos de la resolución menciona que “si atendemos los descargos de los imputados, ningún funcionario es responsable de los actos de gobierno, pues los ministros parecen obedecer ciegamente las órdenes del Gobernador y éste parece confiar plenamente en sus ministros y no verifica lo que firma”.