¿Quien paga multas judiciales Del Corro?

La ministra de Educación Amanda Del Corro fue multada con 4000 pesos por el incumplimiento de la orden judicial que le obliga a garantizar l...

La ministra de Educación Amanda Del Corro fue multada con 4000 pesos por el incumplimiento de la orden judicial que le obliga a garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos del profesorado en la UTN. Y según trascendió de fuentes judiciales la Ministro ya pagó. Pero sorprendentemente luego de pagar la multa, lejos de acatar la orden judicial, la siguió incumpliendo, mofándose así no solo de lo instruido por el juez López Tilli sino también por los miembros de la cámara de apelaciones. Aunque el incumplimiento le genere el pago de multas (a razón de 500 pesos diarios) Del Corro parece estar dispuesta a continuar en su rebeldía. Pero esta actitud, celebrada en algunos estamentos del gobierno, genera dudas y certezas que van más allá del problema de los profesorados. Porque que una ministra del gobierno desobedezca a la justicia y haga efectivo el pago de multas sin inmutarse en su desobediencia lleva al común de la gente a preguntarse de dónde sale el dinero para el pago de esas multas.

¿Lo paga de su sueldo? ¿Qué ingresos tiene esta ministra que no se inmuta al pagar 4000 pesos? Evidentemente no tiene los ingresos ni trata sus ingresos como cualquier persona normal.

Estas dudas, estas actitudes de los funcionarios no hacen más que corroborar que la clase política es muy diferente al resto de los mortales ¿Qué ciudadano normal pagaría una multa de 4000 pesos y seguiría como si nada? ¿Qué ciudadano normal seguiría indiferente a las órdenes judiciales aunque le corran 500 pesos diarios de multa por el incumplimiento? Se alimentan así las sospechas de la existencia de cajas políticas que financian este tipo de operaciones del gobierno. Las mismas que quedaron a la luz con la denuncia del periodista Daniel Puebla con el convenio chino.

Lo cierto es que Amanda Del Corro alentada por la certeza de que la Gobernadora no tiene con quien reemplazarla al frente del Ministerio de Educación, parece dispuesta a persistir y a redoblar su desafío contra la justicia. Con una estrategia tan obvia como ineficaz, la Ministra de Educación declara en los medios o a través de gacetillas su voluntad de cumplir la orden judicial, pero por debajo hace todo lo contrario.

Los alumnos perdieron ya el año, en esto y tal vez solo en esto, Del Corro ha tenido éxito y trata por todos los medios de mantener el IPES, un instituto cuestionado desde su origen, con la validez de los títulos a entregar puestos seriamente en duda. La educación ha sido seriamente afectada y desvergonzadamente politizada ya que pareciera ser que hay una voluntad de parte de los funcionarios de educación de usar a las instituciones educativas como plataforma para las elecciones.

Sucede que el IPES tiene tantas horas cátedras y cargos como sospechas de ilegalidades. Y lo que le sobra de cargos y horas le falta de alumnos. Pero en eso ya pensó también la Ministra que no ignora las denuncias que en este medio hicieron los docentes y alumnos respecto de amenazas y aprietes para no abandonar la institución creada por el gobierno del ARI.

No las ignora y pareciera incentivarlas el propio gobierno porque a estas descalificadoras acciones se le sumó en los últimos días la aparición de punteros del ARI en el IPES. Este es el caso de Esteban Makin, conocido en el medio por ser el esposo de la legisladora Verónica de María y activista político del gobierno. Este personaje, a los cincuenta años se ha vuelto un inverosímil dirigente estudiantil del IPES que anda por los cursos apretando alumnos y llamándolos por teléfono para que firmen una planilla donde se manifiesta la voluntad de los mismos de permanecer allí por las innumerables ventajas que presenta esta institución.

Ya aparecerá la Ministra con estas planillas generadas por los militantes del ARI puestos a trabajar en el IPES. Porque ya nada sorprende de la Ministro Del Corro, a quien la dirigencia del SUTEF le recomendó la semana pasada conseguir una brújula, por haber perdido todo tipo de orientación política. Sin embargo, los gremialistas parecen ser generosos con Del Corro ya que para haber perdido la orientación alguna vez tendría que haberla tenido.

Inútil intento de seducción

En una insólita jugada dentro del Comité Coordinador previsto en el Convenio de creación del ISPRG, integrado por el licenciado Fabio Seleme por la UTN y María Elena Ventura y Daniel Muñoz por el Ministerio de Educación, la ministro del Corro en vez de instruir a sus representantes para acordar el regreso de los docentes y de los alumnos de 2º al 4º al ISPRG hasta marzo de 2.014, tal cual lo mandan los amparos judiciales de la Cámara de Apelaciones y del Juzgado a cargo del Dr. Aníbal López Tilli, propone que primero la UTN reconozca que los títulos que emitirá el IPES serán iguales a los que emite el ISPRG, cuestión que no tiene ninguna fundamentación lógica ni sustento legal, ya que los títulos que emiten las universidades son reconocidos por los ministerios de Educación. Desde el ISPRG creen que esto es “otra maniobra dilatoria del gobierno a través de la comisaria política instalada en el IPES; es decir, la subsecretaria de Educación María Elena Ventura”.

Desde la Universidad califican a esta intromisión de un funcionario político instalado permanentemente en un instituto educativo como un “absoluto avasallamiento de la autonomía institucional del propio IPES que vulnera todos los principios de la gestión democrática del conocimiento”. “El gobierno solo intenta imponer su voluntad y no conciliar, pero en un comunicado trata de hacer ver que todo va bien y no es así”, agregaron.

En otra actitud que calificaron de “ilegal e injusta” las autoridades del ISPRG observaron que el Ministerio de Educación, argumentando “un déficit informático en el INFOD” (Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación que no tiene injerencia administrativa con la jurisdicción provincial fueguina), no entregan los títulos ya confeccionados y cuyas firmas solamente deben ser certificadas por el Director de la Oficina de Títulos y Certificaciones de la cartera educativa provincial, por lo que los profesores recibidos son absolutamente perjudicados para ejercer su profesión con la plenitud de la certificación que otorga un título.