Otro papelon mas en juicio a Ricciuti

Si sumamos el papelón de Rios al no aceptar la renuncia (ver) , a las criticas del vocal acusado contra la mandataria (ver) y sin cobertu...

Si sumamos el papelón de Rios al no aceptar la renuncia (ver), a las criticas del vocal acusado contra la mandataria (ver) y sin cobertura televisiva desde el comienzo, y con un abrupto descenso del perfil mediático luego de los cuestionamientos a la decisión de procesar sólo a uno de los tres vocales del Tribunal de Cuentas denunciados por el senador José Martínez, el controvertido juicio político contra el vocal del Tribunal de Cuentas, Claudio Ricciuti sumó otro silencio: el de los fiscales acusadores de la Legislatura, que optaron por no exponer su alegato. Cabe recordar que las legisladoras Deheza (ARI), Urquiza (MPF) y Wilder (FPV) eran los tres fiscales encargados de la acusación, que en el proceso contra Jorge Colazo tuvo un papel protagónico. Sin embargo esta vez no fue así y se escuchó únicamente la voz de la defensa, que ya había expuesto gruesos errores de la Sala Acusadora, presidida por Raimbault (EP). La defensa de Ricciuti, a cargo de Demetrio Martinelli, calificó de “falsas” las acusaciones porque no hubo incumplimiento de la Ley 50, como fue señalado como fundamento del procesamiento. La sentencia, esta prevista que se conocera el miércoles 17 a las 11:00.

En gran parte de su alocución se encargó de refutar los cargos que presentó el senador oficialista José Martínez en contra del contador, aunque el parlamentario había acusado a los tres vocales por igual, en una posición compartida por el oficialismo disidente de la cámara.

“El senador nacional José Carlos Martínez, empujado también por un enojo personal, ha pretendido actuar como verdugo”, sostuvo Martinelli, basándose en motivaciones políticas y personales de distintos referentes del gobierno para haber avanzado en este proceso, que a su entender no tiene sustento legal y sí un claro objetivo de “quitar del medio” los obstáculos para la ratificación del llamado convenio chino.

O bien porque la decisión ya está tomada de antemano, por simple desinterés, o por haberse encontrado con una prueba contundente de la defensa, los legisladores que acusaron en forma unánime a Ricciuti, no hicieron conocer su posición en la jornada de alegatos y el asunto pasará directamente a sentencia.

La voz de la defensa

Una larga exposición realizó Demetrio Martinelli ante la Sala Juzgadora, en una sesión en la que nuevamente estuvo presente el contador Claudio Ricciuti.

En principio recordó que no se permitió convocar a los testigos propuestos por la defensa, y sólo se hizo lugar a la prueba informativa; siendo otro aspecto que contrasta con procesos anteriores. Martinelli adelantó que “de no obtener la absolución, esta cuestión será objeto de análisis en la revisión judicial de este evento”, e hizo reserva de las acciones judiciales pertinentes.

Luego fue dando cuenta uno a uno de los resultados de los numerosos pedidos de informe solicitados a distintos organismos de los tres poderes del Estado.

1) De la contestación del Tribunal de Cuentas surge que desde el mes de julio del año 1994 -es decir desde su integración-, sin solución de continuidad, y sin haber existido advertencia, objeción o manifestación implícita o explícita los nueve miembros del Organismo de Control han percibido -y siguen percibiendo en la actualidad- los ítems ‘antigüedad’ y ‘título’; y que los vocales en funciones no han reducido sus haberes desde que fueran absueltos.

También se corrobora que en 1994 el Contador Ricciuti y los otros dos miembros fundadores consultaron al Fiscal de Estado sobre la procedencia del cobro de los ítems “antigüedad” y “título” y obtuvieron respuesta afirmativa, lo que despeja cualquier duda deslizada en la Acusación.

Otro aspecto resaltado es que las copias parciales de las actuaciones referidas al denominado “Convenio chino” remitidas por el Tribunal de Cuentas, demuestran la clara y enérgica participación de Ricciuti “en un tema tan sensible a los intereses del Poder Ejecutivo y motor -estamos seguros- del ataque emprendido particularmente contra él, a través del senador nacional José Carlos Martínez que, empujado también por un enojo personal, ha pretendido actuar como verdugo”.

“La documental agregada es concluyente en orden a la acreditación de la participación de Ricciuti en el planteo de las diversas observaciones al negocio aludido”, indica Martinelli citando varias de ellas.

“De la copia del Proyecto de Presupuesto del corriente año (para el Tribunal) surge claramente que ha sido suscripto sólo por los otros dos miembros hoy absueltos, en tanto que mi conferente no intervino en la aprobación del mismo por encontrarse fuera de la Provincia. Todo ello acredita la falsedad de las afirmaciones de la Sala Acusadora, que sindican a mi defendido como el autor intelectual y material de una violación inexistente a la Ley 50”, se lee en otro tramo.

2) De la respuesta de la Legislatura provincial, surge que “nunca, en los dieciséis años de vida del Tribunal de Cuentas, la Legislatura ha observado sus cuentas (al momento de la aprobación del presupuesto ni del tratamiento de las cuentas generales), en las que obviamente estaban reflejados, como se sostuvo en la defensa, los emolumentos de los vocales”.

También se menciona la modificación del artículo 12 de la Ley Provincial Nº 50, posterior a la infracción que se le imputó a Ricciuti, por lo cual no hubo tal infracción sino “el insoslayable cumplimiento de una disposición legal vigente a aquel momento”.

Para la defensa y en atención a la fuente de quien proviene, “resulta de difícil comprensión que se haya tratado de un error, abonando la hipótesis que esta parte ha planteado oportunamente, en relación a la intencionalidad manifiesta de la Sala Acusadora”.

Por otra parte plantea que el salario de los legisladores, sobre el cual se debe referencial el de un vocal del Tribunal, no es sólo la dieta, sino que incluye viáticos sin cargo a rendir, más los gastos de Traslado y Estadía que perciben como ítem aparte, “y que a la fecha asciende a la suma de $7.125,28. No formulamos una crítica de tal circunstancia, pero ello nos permite ver que la remuneración de los legisladores por todo concepto no se reduce al ‘básico’ denominado ‘dieta’”.

3) De la respuesta del Superior Tribunal de Justicia, se desprende la nulidad del acto por el cual la gobernadora rechazó la renuncia del contador Claudio Ricciuti, antes de que se decidiera su procesamiento político.

También se observa un ítem o “monto corrector” establecido para magistrados y funcionarios, que se relaciona con la pérdida del poder adquisitivo del salario que se ha experimentado a partir de la salida de la convertibilidad.

“El objetivo consiste en mantener las remuneraciones de los integrantes del poder Judicial al nivel que tenían antes de la derogación de la Ley de Convertibilidad, tal como ha acontecido en otros ámbitos del sector público en el orden nacional y provincial…”, señala Martinelli.

Este mismo índice fue incorporado por los vocales del Tribunal de Cuentas que no fueron cuestionados por la Sala Acusadora.

4) Del informe del Poder Ejecutivo, surge que desde el día 19 de octubre de 2010, cuando se declaró nulo el rechazo de la renuncia del acusado, a la fecha de respuesta -5 de noviembre de 2010- y transcurridos más de 16 días, “el Poder Ejecutivo no dio tratamiento a la renuncia presentada el 2 de septiembre del año en curso, circunstancia que patentiza la inquina y la mala fe de que fue víctima mi mandante; ¿Acaso es una baraja que se guarda el Poder Ejecutivo para usarla en caso de que mi pupilo resultara absuelto, para así asegurarse en un ciento por ciento su cometido?”, se pregunta el defensor.

Además indica que el escalafón actual para el personal profesional (EPU) “arroja remuneraciones muy superiores a los que la Sala Acusadora pretende atribuir a mi mandante y demás vocales del Tribunal de Cuentas”.

Por otra parte, menciona el dictamen legal y técnico en que se ha basado la Gobernadora para rechazar la renuncia, que dice textualmente: “corresponde determinar que si bien pudiera no existir impedimento alguno para aceptar la renuncia presentada con motivos de índole personal, el hecho de que la misma haya sido interpuesta cuando la Sala Acusadora ya convocó a sus miembros para adoptar una decisión respecto de los informes elevados por la Comisión Investigadora no puede resultar un elemento ajeno al análisis jurídico de la misma”.

“Recién ahora esta parte advierte con estupor que el dictamen de la Secretaría Legal y Técnica ha entendido que si bien no había impedimento alguno para aceptar la renuncia a mi mandante, el simple hecho de que la Sala Acusadora haya convocado a sus miembros para resolver resultó ser un ‘elemento’ con consecuencias sobre el análisis jurídico que al parecer, se dejó en manos de la Primera Mandataria… quien hizo lo que hizo y luego declaró ante los medios que la decisión había sido adoptada habiendo evaluado razones políticas y personales”, plantea la defensa marcando una clara dependencia del poder legislativo.

La autoría intelectual

“En síntesis, el artífice de este proceso político ha sido el Poder Ejecutivo Provincial, eligiendo al denunciante y dando luego todos los pasos necesarios para que mi mandante sea destituido, ya que al parecer, la simple renuncia no le alcanzaba… Y claro está, sin importar la motivación ni la forma. Está probado”, sentencia Martinelli sobre el final de su alegato.

La defensa lamentó “profundamente haber perdido la oportunidad de escuchar sentada en el banquillo de quienes deben decir la verdad bajo juramento a la Señora Gobernadora, mirándonos de frente, escuchándola repetir las alabanzas efectuadas hacia la persona del acusado tratando de impedir la renuncia, o reconociendo la promesa de aceptación inmediata de la renuncia para evitarle daños, riesgos o incertidumbre, o para saber si se animaría a repetir comentarios efectuados en relación a esta Cámara en oportunidad de la entrevista personal que mantuvieran”, dijo.

También lamentó “que los vocales Longhitano y Caballero no hubieran podido decir su verdad y defender su honor frente a la ciudadanía, ni siquiera como testigos, circunstancia que no sólo hubiera permitido aventar dudas sobre su actuación como Miembros del Tribunal de Cuentas, sino también la oportunidad de ofrecer a la ciudadanía garantías de su imparcialidad”.

Martinelli cerró su participación con un testimonio personal de las impresiones que recibe a diario, vinculadas con este proceso: “El pensamiento de mis colegas es unánime, no sólo en el sentido de la inocencia de mi defendido, sino en cuanto al bochornoso castigo al que ha sido sometido en procura de escarmentar a quienes se opongan a determinadas decisiones.

Como habitante de la Provincia, tengo también oportunidad de compulsar la calle. Allí también el pensamiento que expresa el ciudadano, aún lego en temas de Derecho, es el mismo. Es impactante verificar la claridad con que la comunidad vincula estrechamente este maltrato -cuasi vandálico- al que ha sido sometido mi pupilo, con su correcto proceder como funcionario.

No recuerdo caso similar en que los medios hayan dispensado tan buen trato al acusado como se le ha procurado al Contador Ricciuti.

Sin embargo, aunque en minoría, los pasillos ‘políticos’ dicen, por los antecedentes que arrastra este proceso, que existe ya una decisión tomada en dirección de la destitución”.

“Esperamos confiados una decisión justa que nos permita saber que contamos con legisladores dispuestos a juzgar con independencia, honestidad y respeto, la responsabilidad de Claudio Alberto Ricciuti en este proceso. Señor Presidente, señores Legisladores: Confiamos, queremos confiar, necesitamos confiar para seguir creyendo en el Estado de Derecho”, concluye el alegato.