Senadora denuncia a Sciurano por okupas

La senadora María Rosa Díaz denunció al Municipio de Ushuaia ante el INADI por el cargo que pretende implementar para los ocupantes de espac...

La senadora María Rosa Díaz denunció al Municipio de Ushuaia ante el INADI por el cargo que pretende implementar para los ocupantes de espacios intrusados. Para la parlamentaria el canon que pretende implementar la administración del intendente Federico Sciurano constituye una práctica que va en contra de la ley N°23.592 de discriminación.

Recordemos que Díaz se enfrento en el 2008 con funcionarios del municipio a quienes trato de forros y pelotudos de Sciurano, cuando estos realizaban un desarme en sectores intrusados (ver)
La presentación de Díaz ante la presidenta del INADI María José Lubertino se realizó el pasado 29 de octubre. Con la creación del cargo para los ocupantes ilegales, “se estaría claramente en presencia de una actuación desde el poder estatal que afecta la condición social y la posición económica de quienes deberían ser protegidos y sujetos de los beneficios del Estado municipal”, advirtió la senadora en su denuncia.
El polémico canon que impulsa el Municipio de Ushuaia fue puesto en consideración en la pasada II Consulta Popular lanzada el 8 y 8 de octubre pasado. Díaz afirmó que “preocupa sobremanera un eje de consulta promovida por el Municipio de Ushuaia en el que se pregunte sí o no a la creación de un cargo para ocupantes ilegales”.

Para la senadora, “la primera irregularidad surge entonces de la pregunta misma a la ciudadanía”. En ese sentido recordó que las ocupaciones ilegales “constituyen una problemática reconocida por el Estado Provincial” desde la declaración misma de Emergencia Habitacional, ley Nº 746, sancionada en el año 2007 y que encuentra su continuidad en las leyes de Emergencia Urbano Ambiental de los años 2008 y 2009, leyes Nº 766 y 789 respectivamente.

De acuerdo a Díaz, las ocupaciones informales, “responden a la falta de construcción de viviendas, cierre de registro de demandas de tierras fiscales desde 1999, restricción del uso del suelo con barreras ambientales, déficit de infraestructura, mercado inmobiliario inaccesible o de dudoso acceso a todos los habitantes, falta de planificación sobre las proyecciones de crecimiento migratorio y vegetativo en las ciudades de nuestra provincia realizadas por el área de Estadísticas y Censos del gobierno de Tierra del Fuego. Para ser más clara aún, en los asentamientos de Ushuaia se estima que habitan alrededor de 28.000 personas, más del 35 % de la población total”.

La segunda preocupación de la senadora se funda en las consecuencias de la consulta popular, la legitimidad que pretende tener la decisión de la ciudad formal de sancionar con multas a la ciudad informal, pero como una propuesta del mismo Estado.

“Las cartas orgánicas de las ciudades de nuestra provincia reconocen la supremacía normativa de sus propias ordenanzas, pero sujetas a la Constitución de la Nación y de la Provincia (Carta Orgánica de Ushuaia, artículo 3º). Por ese motivo, la parlamentaria recordó el artículo 75° inciso 22 de la Constitución Nacional en la cual se reconoce la declaración de los derechos económicos, sociales y culturales con jerarquía constitucionalLa Constitución Nacional, en su artículo 75º inc. 22 reconoce la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales con jerarquía constitucional.“Se entiende que lejos de tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad del derecho a la vivienda se consulta a la población sobre la posibilidad de sanción a los integrantes más vulnerables de su ciudadanía”, criticó Díaz.

Para la legisladora nacional “existe un Estado Municipal que promueve una consulta contraria a lo establecido en Pactos Internacionales con jerarquía constitucional a los que adhirió nuestro país, convirtiéndonos en Estado parte y comprometiéndonos a su cumplimiento o realización de políticas activas tendientes a la operatividad de los derechos. Nada más alejado para lograr el acceso a la vivienda que la sanción, multa o castigo a quienes viven aún en la informalidad. Sobre todo cuando no se promovió durante años la regularización y el acceso a la vivienda desde el propio estado”.

Por ese motivo, la senadora solicitó a Lubertino que intervenga activamente “ante esta situación” y resaltó que su solicitud obedece a aquello que “fue claramente explicado en la Sesión Extraordinaria de la Comisión Interamericana de DDHH realizada en Buenos Aires en septiembre pasado sobre la responsabilidad de los Estados partes no sólo en la cesación de violaciones de derechos, sino en la reparación y no repetición de casos”.

Por último la ex arista sostuvo que su presentación es “un ejemplo de una política activa contra personas que debieran ser objeto de políticas públicas, actitud que abre la puerta a múltiples repeticiones de violaciones de derechos y a la disgregación social enemistando a los propios habitantes de una misma ciudad”.