Causa Gualdesi el Juez dio detalles del delito

El juez Javier De Gamas Soler consideró probado tras el procesamiento dictado contra ex funcionarios de la gestión cocarista y dos represen...

El juez Javier De Gamas Soler consideró probado tras el procesamiento dictado contra ex funcionarios de la gestión cocarista y dos representantes de la firma Gualdesi que “nunca hubo contraprestación de servicio” para reclamar el pago de una inexistente deuda de $8.202.325. Además el magistrado entendió que los funcionarios “engañaron al órgano de contralor” dado que luego de que éste levantó las observaciones, le agregaron documentación falsa para consumar la maniobra. Para De Gamas Soler, el objetivo de la maniobra era “sustraer más de ocho millones de pesos de la órbita estatal”.
El magistrado procesó la semana pasada al ex subtesorero Alfredo Raúl Iglesias, al ex ministro de Economía, Raúl Berrone, la ex ministra de Desarrollo Social, Ana Delfina Esparza. También procesó a los agentes de planta Horacio Fernando Medone, a María Lorenza Moreno, a Juan Carlos Pacheco; y a los representantes de la firma, Elsa Bugnest de Gualdesi y su hijo Germán Gualdesi. A todos les imputó el presunto delito de peculado y trabó embargos que van desde los 2 a los 4 millones de pesos.

El juez Javier De Gamas Soler consideró probado “prima facie” que los tres ex funcionarios de la gestión cocarista; tres agentes de planta y dos integrantes de la empresa Gualdesi, llevaron adelante una maniobra delictiva que tuvo como intencion “sutraer” del Estado Provincial más de 8 millones de pesos sin haber efectuado ninguna contraprestación al respecto.
Así se desprende de la resolución emitida por el magistrado en el marco de la causa iniciada tras una denuncia de la gobernadora Fabiana Ríos y el secretario Legal y Técnico, Eduardo Olivero, contra ex funcionarios de Cóccaro y el proveedor Gualdesi.
En la sentencia de casi 200 paginas, De Gamas Soler sostuvo que hubo engaño a los auditores del Tribunal de Cuentas dado que luego de levantar observaciones mediante el cual tramitaba el pago de $8.202.325 se cambió la documentación y facturas, por otras que eran falsas.
“Debe quedar claro aquí que la sustitución a la que no estamos refiriendo se llevó delante de manera organizada y sitemática, luego de la última intervención del Tribunal de Cuentas. Pues el único objeto de iniciar el expediente con las facturas originales era engañar al organismo contralor de modo que, una vez levantadas todas las observaciones, la documentación falsa no fuera revisada y el espurio reclamo apareciera como legítimo.
El objetivo fue siempre el mismo, sustraer más de ocho millones de pesos de la órbita estatal, aunque – enfatizo – el dolo con el que actuaron está enquistado en el mismísimo inicio del expediente”, enfatizó De Gamas Soler.
Durante el 2006 la empresa proveedora intimó al Gobierno por supuestas deudas generadas entre 2004 y 2005 por la gestión de Jorge Colazo. Desde el Ministerio de Economía realizaron un convenio de pago con la empresa para saldar lo reclamado con letras de tesorería. De los $8.202.325 la empresa sólo llegó a cobrar poco más de dos millones debido a que después los pagos fueron detenidos.
En la resolución el juez sostiene que “evidentemente cuando se decidió cambiar las facturas originales del año 2006 por las groseras imitaciones de factura de fecha 2004 y 2005 que hoy están agregadas al expediente, se estaba tratando de hacer aparecer con más fuerza a la deuda reclamada como originada y facturada durante la gestión del gobierno inmediatamente anterior, eliminando toda prueba sobre la conformidad de las primeras facturas y de modo que el proveedor no tuviera que tributar ingresos brutos por el monto sustraido”.
Es así que el magistrado hace notar que “los imputados Esparza y Berrone en sus descargos, pretenden atribuir el origen de la deuda a presuntas prestaciones acaecidas durante la gestión de gobierno inmediatamente anterior, aduciendo que se arrastraban deudas desde aquella época, que los estados contables eran caóticos y que la presión de los proveedores esra muy grande. Los descargos ensayados resultan absurdos si tenemos presente que las facturas con las que se inició el expediente datan de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006, tal como se desprende de los registros IVA aportados por los imputados Gualdesi con posterioridad a los procedimientos llevados a cabo en las instalaciones de la firma, en concordancia con la nota encontrada en la computadora de Medone.
Por lo demás resulta hasta ridiculo discurtir si se concretó o no la prestación de servicio, pues más allá de que se intenta justificar con documentos totalmente apócrifos y explicaciones absurdas, la deuda nunca fue registrada en los estados contables de la firma Gualdesi, tal como se desprende del peritaje contable realizado en autos”.
Agrega el magistrado que “a esta altura podemos afirmar entones que no solo se han falsificado las facturas y remitos que hoy está glosados al expediente de pago, sino que además los documentos se fueron alterando, suprimiendo, modificando y agregando según resultaba comnveniente a los oscuros intereses perseguidos por los imputados”. Para el juez no hubo prestación
Haciendo un análisis hipotetico y en el supuesto caso que se dejaran del lado las formalidades administrativas que se requieren para contratar con el Estado, “existen pruebas de que el proveedor no entregó al Estado provincial la mercadería cuyo pago reclama. A estos efectos basta con remitirnos a los registros de los estados contables de la firma Gualdesi Hnos. S.R.L lo que oportunamente fueran examinados por el perito contador interviniente en autos.
En esa oportunidad el perito explicó que el total de la deuda reclamada por Gualdesi (según Expte. N° 20351) al 21/12/2005 ascendía a $8.202.325, en tanto que de la compulsa del “libro inventarios y balances” deriva que el saldo del rubro Cuentas a cobrar del Estado de situación patrimonial al 31/12/2005 por la totalidad de los dedudores de la ciudad de Ushuaia es de $1.471.993”.
En ese punto el magistrado agrega que “como se explicara, jamás se registró semejante deuda en la contabilidad no existen otras constancias que hagan presumir su preexistencia, lo cual no hace más que confirmar que el espurio trámite del expediente N° 20351 no obedeció a una mera desprolijidad, sino que nos encontramos ante una conducta a todas luces delictiva, que evidentemente perseguía la injustificada sustracción de fondos públicos”.