En el conflicto salarial del sector policial de la provincia, se detalla en la presente la difícil situación que se atraviesa en la policia,...
En el conflicto salarial del sector policial de la provincia, se detalla en la presente la difícil situación que se atraviesa en la policia, la cual solo parece fomentar la presentación del sindicato CIPOL, aunque fuentes confiables estimán su presentación en los próximos días.En tanto los representantes policiales de Rio Grande se han retirado de la mesa de negociaciones la semana pasada, aunque nada de esto haya trascendido.
A partir de la novedad suscitada días atrás, con motivo de la sentencia dictada por el Juzgado del Trabajo de Ushuaia el pasado día 28 de agosto, en relación al reclamo de blanqueo de haberes del personal policial, se informo que se ha procedido en consecuencia, a través de la presentación del correspondiente recurso de apelación (ver apelación), con más la necesaria reserva del caso federal para asegurar, en última instancia, el acceso del conflicto salarial en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No obstante lo anterior debe decirse que el contexto del conflicto se ha visto concomitantemente agravado por diversas novedades surgidas en las últimas semanas en torno al funcionamiento del Consejo del Salario Policial convocado por el actual Gobierno, y en cuyo ámbito se pretende someter compulsivamente al personal policial a un proceso de pseudo paritarias para “negociar”, el blanqueo de los haberes policiales (ver) ampliación de demanda Consejo del Salario.
Las dos circunstancias antes mencionadas, las cuales si bien parecen ser cuestiones independientes una de la otra, en realidad se encuentran estrechamente relacionadas, dado que no resulta casual el modo en que la sentencia judicial ha pretendido resolver el conflicto salarial del sector policial, ya que la misma viene de la mano y le es completamente funcional, a la pretensión del actual gobierno de remediar este tema en un ámbito tanto compulsivo como ilegal.
Sucede que en este arduo camino que ha emprendido el personal policial de la Provincia en reclamo y en defensa de sus más elementales derechos individuales como trabajadores, debe tenerse muy particularmente en cuenta que la crítica contra la sentencia suscripta por el Dr. Guillermo Penza, se centra en el hecho de que la misma solo se sostiene de un formalismo mal aplicado al caso, ignorando abiertamente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace apenas tres meses atrás, desestimo por completo el mismo e idéntico formalismo que se pretende actualmente en nuestra jurisdicción.
En este valioso precedente fechado el pasado día 8 de Abril de 2008 (Fallo “ROSSI”), el Máximo Tribunal por vez primera y en relación a la materia de fondo (blanqueo de los haberes policiales), ha resuelto y rechazado de manera definitiva el formalismo apuntado (el que se denomina “inhabilidad de la instancia por el no cumplimiento del requisito de agotamiento de la vía administrativo previa”), al sostener que resulta violatorio del derecho de propiedad como del de defensa en juicio y de la garantía de un debido proceso adjetivo confirmar el decisorio que declaró inhabilitada la instancia, si se reclama el cobro del suplemento creado por el decreto 2744/93 —adicionales particulares asignados a la Policía Federal—, PUES ELLO COARTA EL DERECHO DE LOS RECURRENTES A PERCIBIR EL CITADO ADICIONAL, EL QUE HA SIDO REITERADAMENTE CONCEDIDO EN CIRCUNSTANCIAS ANÁLOGAS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION.
La forma en que la Corte Suprema ha dado solución al mismo conflicto que padece en menor medida el personal policial de la Policía Federal, en el mes de abril próximo pasado, pone en evidencia que la sentencia de la justicia local ha incurrido en un completo absurdo, al exigirle al personal policial de nuestra provincia el agotamiento de la vía administrativa como requisito de admisión de la demanda contenciosa en relación al blanqueo de sus haberes, cuando en este sentido la Corte Suprema sostuvo claramente en el Fallo “ROSSI” que son inaplicables en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de los requisitos de admisión de la acción contencioso administrativa previstos en la ley 19.549, debido a que la aplicación supletoria de dicha ley a los procedimientos especiales del reglamento policial no puede ser extendida a disposiciones restrictivas de derechos.
Si bien debe aclararse que en lugar de la Ley Nacional N° 19.549 en nuestra provincia se aplica la Ley Provincial N° 141 desde el mes de junio del año 1994, también debe aclararse que el Decreto N° 729/94 se dicto en el mes de Marzo del año 1994, hecho que indica que en aquel entonces el único régimen de procedimiento aplicable en la Provincia de TDF era la mencionada Ley Nacional N° 19.549.
Por esta última razón mencionada, la sentencia además de absurda resulta arbitraria y por completo prescindente de la ley aplicable al caso concreto, dado que resulta un disparate sostener que el personal policial debió reclamar administrativamente contra el Decreto PEP N° 729/94 en el año 1994, so pena de perder para siempre el derecho a reclamar por el blanqueo de sus haberes, cuando en ese entonces todavía era de aplicación en la Provincia la Ley Nacional N° 19.549 la cual no prevé el mencionado requisito de admisibilidad de la instancia, por cuanto su artículo 1° excluye expresamente al personal policial del requisito de agotamiento de la vía administrativa previa para acceder a la instancia judicial.
Entonces debe destacarse que en nuestra Jurisdicción, la justicia Provincial pretende ir a contrapelo de lo que manda la jurisprudencia obligatoria del máximo Tribunal de la Nación, siendo que esta solución ilógica desde el punto de vista jurídico, viene sospechosa y llamativamente emparentada con la convocatoria al consejo del salario policial, consejo que no constituye otra cosa sino un invento de la actual administración de Gobierno con la única finalidad de escapar hacia adelante eludiendo el conflicto, y por lo visto, sin importar en lo más mínimo que el artículo 2°, inciso a) de la Ley Provincial N° 113 prohíba cualquier consejo del salario que se imagine o intente en el ámbito policial.
Resulta entonces ilógico que en la sede judicial local se sostenga que el personal policial ha perdido definitivamente todo derecho al blanqueo de sus haberes, cuando al mismo tiempo resulta de público y notorio que a través de la Resolucion MG N° 242/08, el poder ejecutivo pretende obligar al personal a “negociar”, justamente, el blanqueo del 74% de los haberes que se pagan en negro, debiendo mencionarse de paso que la artificiosa “negociación” que pretende el gobierno se contradice con su propia conducta, dado que dicha conducta se contradice a la vez con la interpretación que al respecto de este tema han establecido los precedentes “Torres”, “Mallo” y “Rossi” de la CSJN.
De este modo grotesco, por una parte se le niega al personal policial que les asista derecho alguno al blanqueo de sus haberes, valiéndose el gobierno para ello de una alternativa procesal que resulta una defensa no solo renunciable sino además inaplicable al caso, como lo es la excepción de inhabilidad de la instancia judicial, y otra parte se fuerza y obliga al personal policial a sentarse a una mesa de negociaciones con la finalidad de “negociar” algo tan absurdo como lo es, si el Gobierno va a cumplir, o no va a cumplir, lo que establece imperativamente en materia de haberes, la Ley Provincial N° 735.
Pero dado que el cumplimiento de las leyes resulta una obligación para el gobierno, y no una cuestión negociable como pretenden las actuales autoridades, y dado que la solución judicial de días atrás pretende e intenta dejar sin amparo legal alguno al personal policial ante la grave problemática que existe en el sector por causa de que el 74% de sus haberes no sufren aportes ni contribuciones, frente a esta coyuntura se informa que en la fecha el personal policial ha presentado ante la justicia, su formal oposición y rechazo respecto de cualquier acuerdo adulterado a que eventualmente se arribe en el ámbito compulsivo e irregular del Consejo del Salario Policial, esto en la medida que se pretenda abordar la misma materia que se encuentra en litigio judicial en la pluralidad de causas en trámite.
Vale aclarar que la oposición formulada en sede judicial por el personal policial, resulta a la vez ineludible para resguardar los derechos en juego, toda vez que si bien el personal ha impugnado oportunamente la convocatoria al consejo del salario ante la Sra. Gobernadora Fabiana Ríos, tal como ha trascendido públicamente en el mes de junio del corriente, la misma ha rehuido sus responsabilidades como Gobernadora, ignorando abiertamente tales presentaciones legales, lo cual ya no llama la atención dado que ésta parece ser la metodología que el actual gobierno ha impuesto, cada vez más próxima al autismo, por cuanto que desde que asumiera el cargo como Gobernadora de la Provincia ha venido ignorando irrespetuosamente las centenares de impugnaciones formalizadas contra el nuevo aumento en negro con que la mencionada castigó al personal policial en el mes de enero pasado, violando lo establecido por el artículo 72 de la Ley N° 735.
A todo evento se recuerda que en el mes de enero del año en curso el gobierno ha otorgado unilateralmente un nuevo aumento en negro, que ha llevado al personal policial de percibir de un 60% en negro que venían percibiendo, a un impresentable 74% en negro que perciben actualmente, con el consiguiente dispendio presupuestario que ello involucra, poniéndose de este modo en evidencia la artimaña que significa el consejo del salario policial, ya que luego de aplicar un tercer aumento en negro, actualmente la gobernadora Fabiana Ríos convoca compulsivamente a negociar el blanqueo de las sumas que hace apenas seis meses atrás aplico vulnerando las leyes vigentes.
Debe quedar claro entonces que la irregular convocatoria al consejo del salario no lava ni purga el mal desempeño en el cargo que estas conductas involucran, y respecto de las cuales la Sra. Gobernadora no podrá victimizarse una vez más echándole la culpa a los gobiernos anteriores, ya que ha sido la misma Gobernadora Ríos quien viene violando, por mano propia, las leyes que resguardan y garantizan los salarios del personal policial y agraviando de éste modo el erario público a través de actos que no se condicen con los parámetros que indica la ética pública.
Esta circunstancia apuntada, es decir, la del mal desempeño del cargo que se viene evidenciando con el transcurso de los primeros meses de gestión, queda de manifiesto en la medida que ha sido ni más ni menos que el organismo especializado en la materia previsional (IPAUSS), quien ha determinado fehacientemente la evasión de aportes y contribuciones que viene realizando a destajo la actual administración de gobierno en perjuicio del personal policial, circunstancia que no resulta oponible a la sentencia recaída en la causa ABALOS, por cuanto la solución dada a la misma involucra justamente eludir, a través de formalismos inaplicables al caso, el análisis del fondo del conflicto suscitado y la consiguiente realidad que endémicamente viene perjudicando los salarios del personal policial de nuestra Provincia.
En efecto, con lo anterior quiere significarse que la justicia provincial en modo alguno ha avalado la conducta del gobierno provincial, sino que se ha limitado a sostener que supuestamente el tema ya no es judiciable, por no haberse impugnado la conducta ilegal del estado en el año 1994, circunstancia que semeja un razonamiento feudalista que supone asumir que el personal policial nace prisionero de antemano ante tamaña ilegalidad.
Por ello, en este punto me detengo ya que no puedo dejar de mencionar que las expresiones que ha vertido la Sra. Gobernadora en las causas judiciales por el blanqueo de los haberes policiales, no hacen otra cosa sino poner en evidencia su intención de evadir a toda costa los reclamos judiciales en trámite, con cualquier excusa o argumento que se imagine, al haber sostenido que el tercer aumento en negro que la misma aplicó se trata de “una cuestión diferente” a los Decretos 3159/06 y 4286/06 (correspondientes al primero y segundo incremento en negro), ya que “se trata de la implementación de una nueva escala salarial, que debe ser discutida en otro proceso, a diferencia de lo que sucede con los Decretos 729/94, 3159/06 y 4286/06, cuya vía está cerrada…” (¿?).
De esta manera, y como anteriormente se mencionara, la intención de la Sra. Gobernadora no supone otra cosa que huir hacia adelante, e intentar hacer caducar los derechos reclamados a través del expediente de aplicar “nuevas escalas salariales”, para de este modo poder sostener a posteriori que la instancia judicial no se encuentra habilitada por no haberse interpuesto los reclamos en tiempo contra dichas nuevas escalas.
Queda claro entonces que ante la realidad de las 900 demandas judiciales iniciadas por este tema por el personal policial de la Provincia entre 2006 y 2007, y dado que, ya bajo la vigencia de la Ley Provincial N° 141 los mismos reclamaron en sede administrativa contra los Decretos 3159/06 y N° 4286/06, reclamos los cuales fueron resueltos y rechazados el mes de Noviembre de 2007 próximo pasado resultando así agotada la vía administrativa, queda como saldo que la única estrategia del poder ejecutivo provincial no ha sido otra que la mencionada, es decir, la de escaparse hacia adelante apenas un mes después de asumir el Gobierno de la Provincia, aplicando el Decreto PEP N° 3503/07, el cual al decir de la Sra. Gobernadora, resulta ser “una cuestión diferente”.
Que de este modo aberrante y manifiestamente antijurídico la Sra. Gobernadora de la Provincia pretende que la vía administrativa nunca quede agotada para el personal policial, debiéndose dejar expresado que de este modo el poder ejecutivo provincial se encuentra abusando de su situación de preponderancia y ventaja que le confiere la facultad de dictar nuevos actos administrativos en la materia, tan aberrantes como los anteriores, y mediante los cuales se van estableciendo nuevas escalas salariales sobre la marcha de los procesos judiciales en trámite, para hacer precluir maliciosamente los derechos que reclama el personal policial, especulando seguramente con que el decreto PEP N° 3503/07 probablemente no sería impugnado en la confusión generada por el cambio de gobierno ocurrido en el mismo mes de Diciembre de 2007.
Pero evidentemente esta estrategia del actual gobierno ha quedado abortada, por cuanto que, tal como lo ha reconocido en la causa ABALOS el mismo Fiscal de Estado, los 900 policías reclamantes han impugnado el último Decreto en este desaguisado en legal tiempo y forma, por lo cual mal podría sostenerse que la vía judicial no se encuentra habilitada en el caso cuando, debe asumirse, la Sra. Ríos ha denegado por silencio los aludidos reclamos administrativos impugnatorios.
Para caracterizar aún más precisamente la actual gestión de gobierno, se hace saber a la comunidad que la Jefatura de la Policía ha dado tramite e inicio al proceso eleccionario vinculado al Consejo del Salario, proceso que en rigor no ha existido ya que han sido “autoproclamados” algunos representantes por los trabajadores policiales, siendo preocupante que el Consejo mencionado haya comenzado a reunirse a puertas cerradas, sin que siquiera se haya integrado al mismo el Ministro de Trabajo, ni tampoco haya podido conocerse pormenor alguno a pesar de la supuesta publicidad que tendrían tales negociaciones, amén que como ya se aludiera, ha sido ignorada la impugnación presentada contra dicha convocatoria.
Para concluir, y aunque tanto el gobierno como el Tribunal de Primera Instancia del Trabajo de Ushuaia hagan sumamente difícil la tarea emprendida por el personal policial, se deja mencionado que además de la oposición formulada en sede judicial respecto de cualquier acuerdo a que se arribe entre gallos y medianoche en el consejo del salario policial, se mantiene inalterable la vocación de continuar avanzando en reclamo de los derechos más elementales del personal policial, indicando la coyuntura actual una situación que hace oportuna, propicia y fomenta la inminente presentación del CIPOL ante las autoridades del Trabajo de la Nación, de modo que el personal policial pueda contar con una organización sindical que vele eficazmente por sus derechos laborales y previsionales que pretenden ser birlados a la vista de toda la sociedad.
No obstante lo anterior debe decirse que el contexto del conflicto se ha visto concomitantemente agravado por diversas novedades surgidas en las últimas semanas en torno al funcionamiento del Consejo del Salario Policial convocado por el actual Gobierno, y en cuyo ámbito se pretende someter compulsivamente al personal policial a un proceso de pseudo paritarias para “negociar”, el blanqueo de los haberes policiales (ver) ampliación de demanda Consejo del Salario.
Las dos circunstancias antes mencionadas, las cuales si bien parecen ser cuestiones independientes una de la otra, en realidad se encuentran estrechamente relacionadas, dado que no resulta casual el modo en que la sentencia judicial ha pretendido resolver el conflicto salarial del sector policial, ya que la misma viene de la mano y le es completamente funcional, a la pretensión del actual gobierno de remediar este tema en un ámbito tanto compulsivo como ilegal.
Sucede que en este arduo camino que ha emprendido el personal policial de la Provincia en reclamo y en defensa de sus más elementales derechos individuales como trabajadores, debe tenerse muy particularmente en cuenta que la crítica contra la sentencia suscripta por el Dr. Guillermo Penza, se centra en el hecho de que la misma solo se sostiene de un formalismo mal aplicado al caso, ignorando abiertamente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace apenas tres meses atrás, desestimo por completo el mismo e idéntico formalismo que se pretende actualmente en nuestra jurisdicción.
En este valioso precedente fechado el pasado día 8 de Abril de 2008 (Fallo “ROSSI”), el Máximo Tribunal por vez primera y en relación a la materia de fondo (blanqueo de los haberes policiales), ha resuelto y rechazado de manera definitiva el formalismo apuntado (el que se denomina “inhabilidad de la instancia por el no cumplimiento del requisito de agotamiento de la vía administrativo previa”), al sostener que resulta violatorio del derecho de propiedad como del de defensa en juicio y de la garantía de un debido proceso adjetivo confirmar el decisorio que declaró inhabilitada la instancia, si se reclama el cobro del suplemento creado por el decreto 2744/93 —adicionales particulares asignados a la Policía Federal—, PUES ELLO COARTA EL DERECHO DE LOS RECURRENTES A PERCIBIR EL CITADO ADICIONAL, EL QUE HA SIDO REITERADAMENTE CONCEDIDO EN CIRCUNSTANCIAS ANÁLOGAS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION.
La forma en que la Corte Suprema ha dado solución al mismo conflicto que padece en menor medida el personal policial de la Policía Federal, en el mes de abril próximo pasado, pone en evidencia que la sentencia de la justicia local ha incurrido en un completo absurdo, al exigirle al personal policial de nuestra provincia el agotamiento de la vía administrativa como requisito de admisión de la demanda contenciosa en relación al blanqueo de sus haberes, cuando en este sentido la Corte Suprema sostuvo claramente en el Fallo “ROSSI” que son inaplicables en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de los requisitos de admisión de la acción contencioso administrativa previstos en la ley 19.549, debido a que la aplicación supletoria de dicha ley a los procedimientos especiales del reglamento policial no puede ser extendida a disposiciones restrictivas de derechos.
Si bien debe aclararse que en lugar de la Ley Nacional N° 19.549 en nuestra provincia se aplica la Ley Provincial N° 141 desde el mes de junio del año 1994, también debe aclararse que el Decreto N° 729/94 se dicto en el mes de Marzo del año 1994, hecho que indica que en aquel entonces el único régimen de procedimiento aplicable en la Provincia de TDF era la mencionada Ley Nacional N° 19.549.
Por esta última razón mencionada, la sentencia además de absurda resulta arbitraria y por completo prescindente de la ley aplicable al caso concreto, dado que resulta un disparate sostener que el personal policial debió reclamar administrativamente contra el Decreto PEP N° 729/94 en el año 1994, so pena de perder para siempre el derecho a reclamar por el blanqueo de sus haberes, cuando en ese entonces todavía era de aplicación en la Provincia la Ley Nacional N° 19.549 la cual no prevé el mencionado requisito de admisibilidad de la instancia, por cuanto su artículo 1° excluye expresamente al personal policial del requisito de agotamiento de la vía administrativa previa para acceder a la instancia judicial.
Entonces debe destacarse que en nuestra Jurisdicción, la justicia Provincial pretende ir a contrapelo de lo que manda la jurisprudencia obligatoria del máximo Tribunal de la Nación, siendo que esta solución ilógica desde el punto de vista jurídico, viene sospechosa y llamativamente emparentada con la convocatoria al consejo del salario policial, consejo que no constituye otra cosa sino un invento de la actual administración de Gobierno con la única finalidad de escapar hacia adelante eludiendo el conflicto, y por lo visto, sin importar en lo más mínimo que el artículo 2°, inciso a) de la Ley Provincial N° 113 prohíba cualquier consejo del salario que se imagine o intente en el ámbito policial.
Resulta entonces ilógico que en la sede judicial local se sostenga que el personal policial ha perdido definitivamente todo derecho al blanqueo de sus haberes, cuando al mismo tiempo resulta de público y notorio que a través de la Resolucion MG N° 242/08, el poder ejecutivo pretende obligar al personal a “negociar”, justamente, el blanqueo del 74% de los haberes que se pagan en negro, debiendo mencionarse de paso que la artificiosa “negociación” que pretende el gobierno se contradice con su propia conducta, dado que dicha conducta se contradice a la vez con la interpretación que al respecto de este tema han establecido los precedentes “Torres”, “Mallo” y “Rossi” de la CSJN.
De este modo grotesco, por una parte se le niega al personal policial que les asista derecho alguno al blanqueo de sus haberes, valiéndose el gobierno para ello de una alternativa procesal que resulta una defensa no solo renunciable sino además inaplicable al caso, como lo es la excepción de inhabilidad de la instancia judicial, y otra parte se fuerza y obliga al personal policial a sentarse a una mesa de negociaciones con la finalidad de “negociar” algo tan absurdo como lo es, si el Gobierno va a cumplir, o no va a cumplir, lo que establece imperativamente en materia de haberes, la Ley Provincial N° 735.
Pero dado que el cumplimiento de las leyes resulta una obligación para el gobierno, y no una cuestión negociable como pretenden las actuales autoridades, y dado que la solución judicial de días atrás pretende e intenta dejar sin amparo legal alguno al personal policial ante la grave problemática que existe en el sector por causa de que el 74% de sus haberes no sufren aportes ni contribuciones, frente a esta coyuntura se informa que en la fecha el personal policial ha presentado ante la justicia, su formal oposición y rechazo respecto de cualquier acuerdo adulterado a que eventualmente se arribe en el ámbito compulsivo e irregular del Consejo del Salario Policial, esto en la medida que se pretenda abordar la misma materia que se encuentra en litigio judicial en la pluralidad de causas en trámite.
Vale aclarar que la oposición formulada en sede judicial por el personal policial, resulta a la vez ineludible para resguardar los derechos en juego, toda vez que si bien el personal ha impugnado oportunamente la convocatoria al consejo del salario ante la Sra. Gobernadora Fabiana Ríos, tal como ha trascendido públicamente en el mes de junio del corriente, la misma ha rehuido sus responsabilidades como Gobernadora, ignorando abiertamente tales presentaciones legales, lo cual ya no llama la atención dado que ésta parece ser la metodología que el actual gobierno ha impuesto, cada vez más próxima al autismo, por cuanto que desde que asumiera el cargo como Gobernadora de la Provincia ha venido ignorando irrespetuosamente las centenares de impugnaciones formalizadas contra el nuevo aumento en negro con que la mencionada castigó al personal policial en el mes de enero pasado, violando lo establecido por el artículo 72 de la Ley N° 735.
A todo evento se recuerda que en el mes de enero del año en curso el gobierno ha otorgado unilateralmente un nuevo aumento en negro, que ha llevado al personal policial de percibir de un 60% en negro que venían percibiendo, a un impresentable 74% en negro que perciben actualmente, con el consiguiente dispendio presupuestario que ello involucra, poniéndose de este modo en evidencia la artimaña que significa el consejo del salario policial, ya que luego de aplicar un tercer aumento en negro, actualmente la gobernadora Fabiana Ríos convoca compulsivamente a negociar el blanqueo de las sumas que hace apenas seis meses atrás aplico vulnerando las leyes vigentes.
Debe quedar claro entonces que la irregular convocatoria al consejo del salario no lava ni purga el mal desempeño en el cargo que estas conductas involucran, y respecto de las cuales la Sra. Gobernadora no podrá victimizarse una vez más echándole la culpa a los gobiernos anteriores, ya que ha sido la misma Gobernadora Ríos quien viene violando, por mano propia, las leyes que resguardan y garantizan los salarios del personal policial y agraviando de éste modo el erario público a través de actos que no se condicen con los parámetros que indica la ética pública.
Esta circunstancia apuntada, es decir, la del mal desempeño del cargo que se viene evidenciando con el transcurso de los primeros meses de gestión, queda de manifiesto en la medida que ha sido ni más ni menos que el organismo especializado en la materia previsional (IPAUSS), quien ha determinado fehacientemente la evasión de aportes y contribuciones que viene realizando a destajo la actual administración de gobierno en perjuicio del personal policial, circunstancia que no resulta oponible a la sentencia recaída en la causa ABALOS, por cuanto la solución dada a la misma involucra justamente eludir, a través de formalismos inaplicables al caso, el análisis del fondo del conflicto suscitado y la consiguiente realidad que endémicamente viene perjudicando los salarios del personal policial de nuestra Provincia.
En efecto, con lo anterior quiere significarse que la justicia provincial en modo alguno ha avalado la conducta del gobierno provincial, sino que se ha limitado a sostener que supuestamente el tema ya no es judiciable, por no haberse impugnado la conducta ilegal del estado en el año 1994, circunstancia que semeja un razonamiento feudalista que supone asumir que el personal policial nace prisionero de antemano ante tamaña ilegalidad.
Por ello, en este punto me detengo ya que no puedo dejar de mencionar que las expresiones que ha vertido la Sra. Gobernadora en las causas judiciales por el blanqueo de los haberes policiales, no hacen otra cosa sino poner en evidencia su intención de evadir a toda costa los reclamos judiciales en trámite, con cualquier excusa o argumento que se imagine, al haber sostenido que el tercer aumento en negro que la misma aplicó se trata de “una cuestión diferente” a los Decretos 3159/06 y 4286/06 (correspondientes al primero y segundo incremento en negro), ya que “se trata de la implementación de una nueva escala salarial, que debe ser discutida en otro proceso, a diferencia de lo que sucede con los Decretos 729/94, 3159/06 y 4286/06, cuya vía está cerrada…” (¿?).
De esta manera, y como anteriormente se mencionara, la intención de la Sra. Gobernadora no supone otra cosa que huir hacia adelante, e intentar hacer caducar los derechos reclamados a través del expediente de aplicar “nuevas escalas salariales”, para de este modo poder sostener a posteriori que la instancia judicial no se encuentra habilitada por no haberse interpuesto los reclamos en tiempo contra dichas nuevas escalas.
Queda claro entonces que ante la realidad de las 900 demandas judiciales iniciadas por este tema por el personal policial de la Provincia entre 2006 y 2007, y dado que, ya bajo la vigencia de la Ley Provincial N° 141 los mismos reclamaron en sede administrativa contra los Decretos 3159/06 y N° 4286/06, reclamos los cuales fueron resueltos y rechazados el mes de Noviembre de 2007 próximo pasado resultando así agotada la vía administrativa, queda como saldo que la única estrategia del poder ejecutivo provincial no ha sido otra que la mencionada, es decir, la de escaparse hacia adelante apenas un mes después de asumir el Gobierno de la Provincia, aplicando el Decreto PEP N° 3503/07, el cual al decir de la Sra. Gobernadora, resulta ser “una cuestión diferente”.
Que de este modo aberrante y manifiestamente antijurídico la Sra. Gobernadora de la Provincia pretende que la vía administrativa nunca quede agotada para el personal policial, debiéndose dejar expresado que de este modo el poder ejecutivo provincial se encuentra abusando de su situación de preponderancia y ventaja que le confiere la facultad de dictar nuevos actos administrativos en la materia, tan aberrantes como los anteriores, y mediante los cuales se van estableciendo nuevas escalas salariales sobre la marcha de los procesos judiciales en trámite, para hacer precluir maliciosamente los derechos que reclama el personal policial, especulando seguramente con que el decreto PEP N° 3503/07 probablemente no sería impugnado en la confusión generada por el cambio de gobierno ocurrido en el mismo mes de Diciembre de 2007.
Pero evidentemente esta estrategia del actual gobierno ha quedado abortada, por cuanto que, tal como lo ha reconocido en la causa ABALOS el mismo Fiscal de Estado, los 900 policías reclamantes han impugnado el último Decreto en este desaguisado en legal tiempo y forma, por lo cual mal podría sostenerse que la vía judicial no se encuentra habilitada en el caso cuando, debe asumirse, la Sra. Ríos ha denegado por silencio los aludidos reclamos administrativos impugnatorios.
Para caracterizar aún más precisamente la actual gestión de gobierno, se hace saber a la comunidad que la Jefatura de la Policía ha dado tramite e inicio al proceso eleccionario vinculado al Consejo del Salario, proceso que en rigor no ha existido ya que han sido “autoproclamados” algunos representantes por los trabajadores policiales, siendo preocupante que el Consejo mencionado haya comenzado a reunirse a puertas cerradas, sin que siquiera se haya integrado al mismo el Ministro de Trabajo, ni tampoco haya podido conocerse pormenor alguno a pesar de la supuesta publicidad que tendrían tales negociaciones, amén que como ya se aludiera, ha sido ignorada la impugnación presentada contra dicha convocatoria.
Para concluir, y aunque tanto el gobierno como el Tribunal de Primera Instancia del Trabajo de Ushuaia hagan sumamente difícil la tarea emprendida por el personal policial, se deja mencionado que además de la oposición formulada en sede judicial respecto de cualquier acuerdo a que se arribe entre gallos y medianoche en el consejo del salario policial, se mantiene inalterable la vocación de continuar avanzando en reclamo de los derechos más elementales del personal policial, indicando la coyuntura actual una situación que hace oportuna, propicia y fomenta la inminente presentación del CIPOL ante las autoridades del Trabajo de la Nación, de modo que el personal policial pueda contar con una organización sindical que vele eficazmente por sus derechos laborales y previsionales que pretenden ser birlados a la vista de toda la sociedad.
Más claro: echar agua. Confirmado que el abogado patrocinante de os policías ante el revés judicial, quiere ganar la causa en los medios. No toma en cuenta que habiendo sido o cobrado platita de la legisladora mona chita, ahora calienta políticamente el tema, será moral y justo todo eso, hablamos de la misma moral y justicia de la que reclama en su escrito, o: ¿Solo es moral y justo lo que a mi me conviene?. Del otro lado, la situación no tiene salida, lamentablemente el error estratégico de un gobierno que peor qu ejugndo al gallito ciego, no acierta ni cuando compra el diario por adelantado de la última carrera de Palermo. A qué mente se le ocurre sentar a policías en un Consejo del Salario, cuando la solución debe ser resorte exclusivo del sector político gobernante. ¿Acaso estos políticos no fueron los mismos que fogonearon cuanto conflicto policial hubo? y ¿Ahora qué?. Falta de estrategia y conducción caracteriza a la actual gestión de gobierno y por consecuencia esto se agrava hacia abajo en los cuaros policiales. Se juega con un virtual jefe de policía que mejor sería que atendiera los casos vía cámara Web desde Bs. As. o un subjefe trasnochado, vaya a saberse por qué, y falto de perfil profesional, como lo fue toda su carrera, nada resuelve, solo hace lo que mejor sabe: adular a los políticos de turno. en este tragicómico conflicto,tampoco deben quedar afuera aquellos que lo alientan hoy desde la puerta trasera, los mismos que auspiciados y excitados tal vez por alguna sustancia que exacerba la soberbia y l "pelotudez humana" de servir a los intereses de algún político, aportan su grano de materia fecal al problema, sean éstos el orador radial Torales, yerba mala me quedo con el crédito para la FM con el negro Molina Samuel Gómez, Pleczack (pobre tipo no tiene una neurona ni siquier de menos, no tiene neurona), entre tantos otros que no tienen una pisca de verguenza pero que ni siquieran toman conciencia del mal que han generado a la institución policial. él problema tiene que resolverse, pero a favor de todos y no de unos pocos que aseguran su porvenir con ascensos extraodianrios (Pedro Escobar, Alejandra soria de Barnero, Carlos Roberto Barbero, Eliseo Gonzlez, Saul Cruz y otros moges negros de las jerarquías...). por favor a resolverlo, pero que el boga no juegue en los medios, que lo haga jugando en los tribunales.
ResponderBorrarque blanque los sueldos ai se jubilan bien
ResponderBorrarhay que acuatelarse para que se rajen esta manga de inutiles?que pretenden que nos jubilemos con sueldos de mierda mientras esta inutil se va de joda a brasil y el sequito de chorros que tiene como funcionarios se afana lo poco que queda,hasta donde nos quieren llevar?no tienen verguenza?hagan algo para que se vallan,a la sociedad les da asco que gente como rios y los pelotudos que estan con ella nos representen y nos sigan arrastrando a la miseria, vallanse por los vamos a sacar nosotros manga de inutiles...
ResponderBorrarFidelin:
ResponderBorrarquieren mas plata estos Policias? son nos vagos, atorrantes, no sirven para nada, inútiles, inservibles, les roban en sus narices, ineptos, incompetentes, la ciudad esta en manos de los delincuentes. saben cuanto cobra un suboficial mayor? 12.000, saben cuanto cobra un principal? 10.000, se la pasan chateando con sus celulares de última generación, se los ve a los oficiales chateando sus 8 hs y cobran mas que un docente, sin verguenzas!! miren las camionetas que estan estacionadas frente a esas dependencias policiales, el policía mas croto tiene una Toyota Hilux ajjaja esos bolivianos de piel oscura que visten uniformes (salteños, jujeños) andan en 4 x 4 y en sus aldeas andaban en carreta jajaja, ahora un chaqueño acostumbrado a manejar un caballo usa hoy una Ford 4 x 4 ajjaja.-
al delcomentario n°4 lo que estamos pidiendo es que se nos blanquee el sueldo; el lugar de donde vinimos no tiene nada que ver,o vos nacistes en alemania idiota,seguro que te metieron en cana alguna vez,o a alguno de tus hijos por que con esa mentalidad discriminadora no me explico como podes opinar asi,pero bueno por gente resentida e ignorante como vos estamos asi,ojala nunca tengas que recurrir a la policia,pero si asi fuese ahi vamos a estar cumpliendo nuestro deber mas alla que no se nos pague un sueldo digno al momento de retirarnos .
ResponderBorrarAl comentario nro 1 le quisiera contestar que el abogado no hace mas que tomar la direccion que se leindica, mal se puede decir que hace lo que le parece, y sobre elcomentario nro 4 tranquilamente le puedo contestar que elignorante es el,por que LA POLICIA, NO Vilasanti, aclaro todos los POLICIAS queremos el blanqueo, no aumento, blanqueo de mas del 70% del sueldo, se lucha con las pocas armas con las que se cuenta, igual situacion vive hoy DIPOS,aunque con un porcentaje muy inferior, por blanque y que hacen, PARO.La Policia nopuede, esta sometida a la voluntad de un magistardode turno, concecuente delgobierno,pero recuerden,hay que tener paciencia y fe, que a lalarga se lograran los objetivos. Y si. . .. tenes razon, quienes se encuentran con eltiempo cumplido no quieren retirarse, y es entendible, ademas te felicito, por que aldecir sobre los vehiculos que peden comprarse, lo hacen con sacrificio, en cambio vos seguramente sos de raza aria, de varias generaciones, y nacido y criado en una 4x4. gracias----
ResponderBorrarparo total de policias
ResponderBorrarnos mintieron y tomaron el pelo
Mmm yo no entiendo nada sobre este tema... sólo decir que el policia Sergio Aguirre coge muy bien... si quieren prueben... Mmm que delicia,me parece que lo llamaré nuevamente
ResponderBorrarQue pasaría si los señores jueces que están cobrando unos treinta mil pesitos ($ 30.000) x mes y están nada más que cinco años, en la justicia (para quienes), y después se jubilan con el mismo sueldito, si ellos tendrían más del 70% en negro cobrarían menos de ocho mil pesos ($ 8.000) x mes ¡estarían conforme con eso! "Las autoridades Judiciales de la Provincia están instituidas para proteger a todas las personas residentes de esta bendita isla, creencias, derechos y libertades..." Pero parece que no se aplica esto ni ningún precepto para el PERSONAL POLICIAL.
ResponderBorrarQue equivocadamente se propone en la decisión por el BLANQUEO DE ITEMS AL PERSONAL POLICIAL el Juzgado interviniente de la que respetuosamente nos apartamos. A nuestro juicio, las normas acusadas y el fallo que las declara exequibles conducen a la desoladora y alarmante conclusión de que el Estado se reconoce incapaz de cumplir con una de sus principales justificaciones, elevada por la Constitución al carácter de fin esencial de su estructura.
Vaya que recuerdos me trae esta noticia...
ResponderBorrarSaludos a todos.