La Cámara de Diputados dio esta noche media sanción, luego de trece horas de debate, al proyecto que reestatiza Aerolíneas Argentinas y Aust...
La Cámara de Diputados dio esta noche media sanción, luego de trece horas de debate, al proyecto que reestatiza Aerolíneas Argentinas y Austral. La iniciativa, impulsada por el kirchnerismo y que sufrió importantes modificaciones a último momento, será ahora tratada por el Senado.La norma, que cosechó 167 votos a favor y 79 en contra, establece que el Congreso será el encargado de definir el precio final de la operación. Además, se eliminó el artículo que ratificaba el acta-acuerdo sellada entre el Gobierno y Marsans. De esta forma, el kirchnerismo logró encolumnar detrás del proyecto a varios de los legisladores propios que habían votado contra las retenciones.
La iniciativa, además, sumó el respaldo de bloques como el Espacio SI de los ex aristas, que conduce Eduardo Macaluse, entre los que se encuentran Leonardo Gorbacz y Nelida Belous.
Entre el proyecto original que el Ejecutivo envió al Congreso para reestatizar por ley Aerolíneas Argentinas y Austral y el que finalmente salio del Legislativo hay una distancia significativa, generada por la necesidad del Gobierno de garantizarse la suma de votos propios y de aliados y así evitar un cachetazo como el que significó el rechazo a las retenciones móviles.
De hecho, el texto que recibió dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Transportes y Presupuesto ni siquiera menciona el acta acuerdo que suscribieron el Gobierno y Marsans el 17 de julio, aquella que dio inicio al proceso de vuelta de las aerolíneas al Estado. La ratificación del acta ocupaba el segundo punto del proyecto original y era el centro de los considerandos y antecedentes con los que el Ejecutivo envió su propuesta al Parlamento.
La flexibilización -que recibió la venia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que fue pedida por el titular de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, ante reclamos del propio bloque- redujo en tres la cantidad de artículos del proyecto. En total, hubo tres artículos eliminados, otros dos que fueron reemplazados por uno muy distinto, uno nuevo que se añadió y otro más modificado; hubo siete artículos que quedaron prácticamente iguales, de los cuales uno es introductorio y dos son de forma.
Las diferencias entre ambos textos son notables.
El acta firmada entre el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y los directivos de Marsans establece que la empresa española y el Estado harán sus propias evaluaciones sobre los activos y pasivos de las aerolíneas y que si, como es de esperar, hay diferencias, se recurrirá a una tercera valuación independiente que "será definitiva". Además de obviar toda referencia al acta, el proyecto modificado establece que "el precio que se establezca (para la compra de las acciones) deberá someterse a la aprobación del Congreso".
La iniciativa original establecía los procedimientos que se deberían seguir para que vuelvan a entrar capitales privados en Aerolíneas; el texto cambiado ni siquiera menciona esa posibilidad.
El proyecto del Ejecutivo autorizaba a "las jurisdicciones, entidades, fondos fiduciarios y empresas públicas" nacionales y "al sistema financiero público y privado" a financiar tanto gastos operativos de las compañías como otros derivados de la compra de acciones; el nuevo habilita al Gobierno a instrumentar "los mecanismos necesarios" para cubrir déficits operativos pero lo obliga a informarlos al Congreso.
Las modificaciones también incluyeron explícitamente la posibilidad de requerir "la intervención de la Auditoría General de la Nación y solicitar informer a cualquier otro organismo" del Estado nacional para controlar la transparencia de la instrumentación de la ley.
Finalmente, aunque esto en realidad no implica un cambio, ya no figuran los antecedentes que envió el Gobierno ni el anexo con el acta acuerdo firmada con Marsans.
En los extensos considerandos, Jaime repasaba la historia de Aerolíneas Argentinas y cargaba las tintas por la actual crisis de la compañía en Marsans. Y admitía que pese a que los balances de 2002, 2003 y 2004 eran irregulares, se renovó la concesión de rutas a los españoles; y que, para facilitar un acuerdo por el que el Estado amplió su participación en la empresa, esos ejercicios terminaron siendo aprobados, al igual que los de los dos años siguientes.
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