El saldo negativo después del conflicto docente, fue analizado por el abogado Luis Augsburger en el programa Entre Nosotros, el conflicto en...
El saldo negativo después del conflicto docente, fue analizado por el abogado Luis Augsburger en el programa Entre Nosotros, el conflicto entre gobierno y sindicato docente y las responsabilidades de las partes que intervinieron. Señaló como principal responsable al Poder Ejecutivo por haber sido elegido para gobernar, pero hubo observaciones hacia la justicia que pudo “ordenar” al gobierno que cumpliera con su obligación constitucional. También tuvo en cuenta la actuación de oficio que pudo ejercer la Fiscalía de Estado y no lo hizo. El costo político que no se quiso pagar, y un costo mayor por los días que se perdieron formaron parte del pronunciamiento del letrado.
Con el anuncio oficial de la reanudación de las clases el conflicto docente parece haber llegado a su fin, sin embargo el saldo para todos los actores del escenario repetido desde el inicio del período fue negativo, y entre ellos, para los chicos que perdieron su derecho a recibir educación durante tanto tiempo.
Augsburger hizo su propio análisis, donde repasó el papel de la justicia, del defensor de menores, del gobierno, la Legislatura y hasta de los ausentes, como el Fiscal de Estado que pudo jugar un rol importante y se mantuvo en silencio.
Augsburger, respecto del poder judicial, remarcó que “forma parte de uno de los poderes del Estado” y que correspondía que el defensor de menores, de pobres, incapaces, ausentes, tomara cartas en el asunto para que la actividad se comenzara a materializar.
Sin embargo la carga mayor la depositó sobre el Poder Ejecutivo y señaló que Masnú, como parte de la estructura ministerial, tomó “su propia medicina” recordando “todo lo que pasó cuando formaba parte de la oposición y hablaba de todos estos temas”.
Habló de la falta de sensatez que llevó la situación al extremo y un Estado que no supo hacer “prevalecer su autoridad” para poner “las cosas en su lugar”.
“No podemos someter so pretexto del diálogo o el respeto a derechos de raigambre constitucional, hacer primar en forma absoluta unos sobre otros en perjuicio de aquellos que están en plena imposibilidad de poder ejercer sus derechos por sí mismos”, señaló respecto de los alumnos que quedaron sin clases. “Alguna respuesta merecen estos pequeños ciudadanos que en el futuro seguramente van a poner de manifiesto los reproches”, advirtió.
Para el abogado no se quisieron tomar las decisiones, y no se quiso “asumir los costos políticos sin saber que lo que se está pagando es inconmensurable, que acá nadie sale beneficiado, que la ciudadanía mira incrédula lo que está sucediendo con un sector de la comunidad, que no es un sector de variables económicas sino de variables de vida, y a veces no tiene recupero con el transcurso del tiempo. El Estado no puede permanecer ni en silencio ni que con el devenir del paso del tiempo esto pueda encontrar su cauce natural o por decantamiento”, sostuvo.
Luego el abogado eligió rectificar el término “costo político” para considerar que la situación demandó “ejercer el gobierno, ejercer el poder y la función para lo que se los eligió”.
Afirmó que en todo momento el gobierno contó con herramientas para poner un freno, decretando la emergencia educativa, produciendo “la apertura de las listas, intimando a los docentes que están en medida de paro a reincorporarse bajo apercibimiento de ponerlos en disponibilidad”, como parte del ejercicio del poder que tiene el Estado.
Aseveró que no le caben dudas de que el Estado “tiene las herramientas, y si no las tiene se tiene que ir. Si el Ejecutivo dice que no las tiene, se tiene que ir porque ignora los elementos que le da la Constitución para solucionar estos problemas”, subrayó.
Respecto de este señalamiento, pidió “que se interprete con el sentido que le doy porque nunca va a faltar algún trasnochado que diga que estoy propiciando un pedido de destitución: lo que quiero significar es que quien asume los riesgos de ejercer el poder en nombre de los ciudadanos, tiene que saber que entre esos riesgos está el de tomar decisiones que seguramente pueden contradecir algunas de las ideologías”.
Sobre el rol de la justicia, manifestó que ante una presentación de esta naturaleza “un juez se tiene que expedir porque le tiene que ordenar al Estado que cumpla con su obligación constitucional de asegurar la educación pública”.
En este punto marcó el término “ordenar” en lugar de “sugerir” e indicó que “hay jurisprudencia del resto del país donde un juez ordenó al poder Ejecutivo instrumentar los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de la manda constitucional de asegurar la educación”.
En esos fallos el juez no sugiere sino que “ordena” al poder Ejecutivo que cumpla la Constitución, “que dé cumplimiento a la manda constitucional que pesa sobre él”, enfatizó.
Comparó la diferencia de ambos términos con lo que ocurre en el ámbito legislativo, cuando en lugar de resolver se pronuncia con un “vería con agrado”. La posición de la justicia fueguina en este conflicto la consideró asimilable a esto y dijo que “una cosa es una expresión de deseo y otra cosa es una orden. En este caso creo que el poder judicial debe dictar la sentencia y ordenar a que el Ejecutivo proceda a dar cumplimiento a la manda constitucional, porque si no la cosa no se toma en serio, seguimos en una serie de tecnicismos y se mantiene una serie de cosas que no dan respuesta a los ciudadanos que tienen derecho a exigir que se cumpla con determinada obligación de parte de quienes tienen que cumplirla”, insistió.
Sentido común
Sobre la discusión de prevalencia del derecho a la educación por sobre el derecho a huelga, priorizó el sentido común. “No hay derechos absolutos, todos los derechos son relativos y se ejercen en conjunción con el interés comunitario. Dependen de la circunstancia y acá no tengo ninguna duda de que el derecho a aprender de los niños está por encima del derecho constitucional de huelga”, se pronunció.
Añadió que no hay dilema posible sino una obviedad. “Para mí lo obvio resulta tan difícil de explicar que, cuando uno lo quiere hacer, cuesta. Esto es obvio, el poder judicial tiene que ordenar al poder ejecutivo que cumpla su obligación, la enseñanza primaria, gratuita, libre. Hoy no lo está asegurando y un poder del estado que está con la función de hacer cumplir estas cosas no puede decir ‘le aconsejo’ que la cumpla. Tienen que decir ‘le ordeno’ que la cumpla, ‘lo intimo’ a que la cumpla dentro de tanto tiempo, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en incumplimiento de deberes de funcionario público, de sus funciones, o lo que corresponda en el caso”.
Para Augsburger seguir trasladando la cuestión al defensor de menores, tal como lo haría la Dra. Yuba hacia Ariznavarreta es “seguir dando vuelta sobre el mismo círculo. Acá los datos objetivos de la realidad indican que hace varios días los niños de Tierra del Fuego en su inmensa mayoría no tienen clase”, dijo, y preguntó “quién puede poner en tela de juicio que la educación pública no es un servicio esencial”.
Bajo esta visión, es innecesario que la Legislatura lo declare como tal porque “nadie puede ponerlo en duda, está fuera de toda discusión que la educación pública es un servicio público esencial y ahí está la respuesta a qué lugar ocupa el derecho de huelga en la pirámide jurídica”.
“Si en esta circunstancia hay que determinar una primacía de derecho, en este momento el derecho de los niños está por encima del derecho de huelga, porque tampoco estamos hablando de cuestiones de vida para quienes están llevando adelante el ejercicio del derecho de huelga, pero sí para aquellas personas en las que está depositado el futuro de la sociedad”, diferenció.
Los ausentes
En otro tramo de la entrevista se lo consultó sobre el rol del Fiscal de Estado, y si pudo intervenir en el conflicto. “El fiscal de estado tiene como función, de acuerdo a la ley provincial nro. 3, investigar sobre la conducta administrativa de los funcionarios públicos entre otras cosas, y hasta podría entenderse que hubiese que investigar cuál es la conducta administrativa de todos aquellos que tuvieron la responsabilidad en el manejo de este conflicto para ver si fueron lo suficientemente idóneos, responsables y previsores para evitar que la situación llegue adonde llegó”.
No obstante agregó que la intervención del Fiscal seguiría intentando “deslindar responsabilidades como si lo que se estuviese tratando como tema esencial fuese un tema secundario, cuando en realidad es un tema primario que hace al sustento y al futuro de la provincia”.
“Todos tenemos una cuota de responsabilidad, en mayor o menor medida, pero quienes más tienen parece ser que no la ejercen. Si el Fiscal de Estado considera que su participación es oportuna me parece bien que incursione en este tema haciéndole saber al Ejecutivo que su obligación es ineludible. Y puede actuar de oficio”, señaló.
Por último y ante la posibilidad de que los padres decidan demandar al gobierno, advirtió que se trataría de un planteo del punto de vista ético y moral y fustigó al Estado por “hacer solidaridad con la plata del otro; acá es muy fácil practicar la ideología en desmedro de los derechos de los demás”, concluyó Augsburger.
Con el anuncio oficial de la reanudación de las clases el conflicto docente parece haber llegado a su fin, sin embargo el saldo para todos los actores del escenario repetido desde el inicio del período fue negativo, y entre ellos, para los chicos que perdieron su derecho a recibir educación durante tanto tiempo.
Augsburger hizo su propio análisis, donde repasó el papel de la justicia, del defensor de menores, del gobierno, la Legislatura y hasta de los ausentes, como el Fiscal de Estado que pudo jugar un rol importante y se mantuvo en silencio.
Augsburger, respecto del poder judicial, remarcó que “forma parte de uno de los poderes del Estado” y que correspondía que el defensor de menores, de pobres, incapaces, ausentes, tomara cartas en el asunto para que la actividad se comenzara a materializar.
Sin embargo la carga mayor la depositó sobre el Poder Ejecutivo y señaló que Masnú, como parte de la estructura ministerial, tomó “su propia medicina” recordando “todo lo que pasó cuando formaba parte de la oposición y hablaba de todos estos temas”.
Habló de la falta de sensatez que llevó la situación al extremo y un Estado que no supo hacer “prevalecer su autoridad” para poner “las cosas en su lugar”.
“No podemos someter so pretexto del diálogo o el respeto a derechos de raigambre constitucional, hacer primar en forma absoluta unos sobre otros en perjuicio de aquellos que están en plena imposibilidad de poder ejercer sus derechos por sí mismos”, señaló respecto de los alumnos que quedaron sin clases. “Alguna respuesta merecen estos pequeños ciudadanos que en el futuro seguramente van a poner de manifiesto los reproches”, advirtió.
Para el abogado no se quisieron tomar las decisiones, y no se quiso “asumir los costos políticos sin saber que lo que se está pagando es inconmensurable, que acá nadie sale beneficiado, que la ciudadanía mira incrédula lo que está sucediendo con un sector de la comunidad, que no es un sector de variables económicas sino de variables de vida, y a veces no tiene recupero con el transcurso del tiempo. El Estado no puede permanecer ni en silencio ni que con el devenir del paso del tiempo esto pueda encontrar su cauce natural o por decantamiento”, sostuvo.
Luego el abogado eligió rectificar el término “costo político” para considerar que la situación demandó “ejercer el gobierno, ejercer el poder y la función para lo que se los eligió”.
Afirmó que en todo momento el gobierno contó con herramientas para poner un freno, decretando la emergencia educativa, produciendo “la apertura de las listas, intimando a los docentes que están en medida de paro a reincorporarse bajo apercibimiento de ponerlos en disponibilidad”, como parte del ejercicio del poder que tiene el Estado.
Aseveró que no le caben dudas de que el Estado “tiene las herramientas, y si no las tiene se tiene que ir. Si el Ejecutivo dice que no las tiene, se tiene que ir porque ignora los elementos que le da la Constitución para solucionar estos problemas”, subrayó.
Respecto de este señalamiento, pidió “que se interprete con el sentido que le doy porque nunca va a faltar algún trasnochado que diga que estoy propiciando un pedido de destitución: lo que quiero significar es que quien asume los riesgos de ejercer el poder en nombre de los ciudadanos, tiene que saber que entre esos riesgos está el de tomar decisiones que seguramente pueden contradecir algunas de las ideologías”.
Sobre el rol de la justicia, manifestó que ante una presentación de esta naturaleza “un juez se tiene que expedir porque le tiene que ordenar al Estado que cumpla con su obligación constitucional de asegurar la educación pública”.
En este punto marcó el término “ordenar” en lugar de “sugerir” e indicó que “hay jurisprudencia del resto del país donde un juez ordenó al poder Ejecutivo instrumentar los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de la manda constitucional de asegurar la educación”.
En esos fallos el juez no sugiere sino que “ordena” al poder Ejecutivo que cumpla la Constitución, “que dé cumplimiento a la manda constitucional que pesa sobre él”, enfatizó.
Comparó la diferencia de ambos términos con lo que ocurre en el ámbito legislativo, cuando en lugar de resolver se pronuncia con un “vería con agrado”. La posición de la justicia fueguina en este conflicto la consideró asimilable a esto y dijo que “una cosa es una expresión de deseo y otra cosa es una orden. En este caso creo que el poder judicial debe dictar la sentencia y ordenar a que el Ejecutivo proceda a dar cumplimiento a la manda constitucional, porque si no la cosa no se toma en serio, seguimos en una serie de tecnicismos y se mantiene una serie de cosas que no dan respuesta a los ciudadanos que tienen derecho a exigir que se cumpla con determinada obligación de parte de quienes tienen que cumplirla”, insistió.
Sentido común
Sobre la discusión de prevalencia del derecho a la educación por sobre el derecho a huelga, priorizó el sentido común. “No hay derechos absolutos, todos los derechos son relativos y se ejercen en conjunción con el interés comunitario. Dependen de la circunstancia y acá no tengo ninguna duda de que el derecho a aprender de los niños está por encima del derecho constitucional de huelga”, se pronunció.
Añadió que no hay dilema posible sino una obviedad. “Para mí lo obvio resulta tan difícil de explicar que, cuando uno lo quiere hacer, cuesta. Esto es obvio, el poder judicial tiene que ordenar al poder ejecutivo que cumpla su obligación, la enseñanza primaria, gratuita, libre. Hoy no lo está asegurando y un poder del estado que está con la función de hacer cumplir estas cosas no puede decir ‘le aconsejo’ que la cumpla. Tienen que decir ‘le ordeno’ que la cumpla, ‘lo intimo’ a que la cumpla dentro de tanto tiempo, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en incumplimiento de deberes de funcionario público, de sus funciones, o lo que corresponda en el caso”.
Para Augsburger seguir trasladando la cuestión al defensor de menores, tal como lo haría la Dra. Yuba hacia Ariznavarreta es “seguir dando vuelta sobre el mismo círculo. Acá los datos objetivos de la realidad indican que hace varios días los niños de Tierra del Fuego en su inmensa mayoría no tienen clase”, dijo, y preguntó “quién puede poner en tela de juicio que la educación pública no es un servicio esencial”.
Bajo esta visión, es innecesario que la Legislatura lo declare como tal porque “nadie puede ponerlo en duda, está fuera de toda discusión que la educación pública es un servicio público esencial y ahí está la respuesta a qué lugar ocupa el derecho de huelga en la pirámide jurídica”.
“Si en esta circunstancia hay que determinar una primacía de derecho, en este momento el derecho de los niños está por encima del derecho de huelga, porque tampoco estamos hablando de cuestiones de vida para quienes están llevando adelante el ejercicio del derecho de huelga, pero sí para aquellas personas en las que está depositado el futuro de la sociedad”, diferenció.
Los ausentes
En otro tramo de la entrevista se lo consultó sobre el rol del Fiscal de Estado, y si pudo intervenir en el conflicto. “El fiscal de estado tiene como función, de acuerdo a la ley provincial nro. 3, investigar sobre la conducta administrativa de los funcionarios públicos entre otras cosas, y hasta podría entenderse que hubiese que investigar cuál es la conducta administrativa de todos aquellos que tuvieron la responsabilidad en el manejo de este conflicto para ver si fueron lo suficientemente idóneos, responsables y previsores para evitar que la situación llegue adonde llegó”.
No obstante agregó que la intervención del Fiscal seguiría intentando “deslindar responsabilidades como si lo que se estuviese tratando como tema esencial fuese un tema secundario, cuando en realidad es un tema primario que hace al sustento y al futuro de la provincia”.
“Todos tenemos una cuota de responsabilidad, en mayor o menor medida, pero quienes más tienen parece ser que no la ejercen. Si el Fiscal de Estado considera que su participación es oportuna me parece bien que incursione en este tema haciéndole saber al Ejecutivo que su obligación es ineludible. Y puede actuar de oficio”, señaló.
Por último y ante la posibilidad de que los padres decidan demandar al gobierno, advirtió que se trataría de un planteo del punto de vista ético y moral y fustigó al Estado por “hacer solidaridad con la plata del otro; acá es muy fácil practicar la ideología en desmedro de los derechos de los demás”, concluyó Augsburger.
Como siempre Dr. Augsburger lo suyo es brillante.
ResponderBorrarPero, ¿Que se puede hacer cuando todos los Poderes del Estado están degradados?... Cuando los que deberían actuar de oficio no lo hacen por temor a ser expulsados del sistema judicial... Ni siquiera los padres de los alumnos quieren ir mas allá de la queja anónima o personal por temor a que se tomen represalias contra sus hijos...
Todo es un enchastro, como diría un dirigente del agro, pero el costo político ya lo están pagando aunque ellos no se den cuenta...
No me acuerdo el haberte visto Augsburger en la decada de los noventa cùando comenzo la degradacìòn del sistema educativo en su conjunto. de la mano del menemismo, con la desastrosa "Ley Fedral de Educaciòn" que hoy fùe modificada por una ley que es igual de infame.que ademas favorecio el vaciamiento de contenidos en las Escuelas, y la posibilidad de que los estados inviertan lo menos posible en Educaciòn (sin que nadie los castigue)esto es asì le guste o no, menos inversiòn en Infraestructura y en Salarios. Roberto
ResponderBorrarLa verdad coincido con el comentario 1 lo de DR. Ausgburger brillante ,como siempre, pero en una sociedad dirigida por una OLIGARQUIA SINDICAL siempre los pérjudicados son los chicos, por que en todo orden primero estan los intereses de los sindicalistas y luego se piensa en el pueblo , pero bueno ojala la sociedad les haga pagar a estos delicuentes con titulito de maestritos todos los perjuicios que han ocacionado yo por lo pronto ya me he encargado de hacerselos sentir en cuanto lugar publico me los he encontrado repudiemoslos entre todos empezando por la cupula Catena,la impresentable de la GONZALES que jamas deberia de haber dejado se ser domestica , con el perdon de la empleadas que tampoco se merecen esa colega y ni hablar de ARCE , se tendria que ir de la isla si tuviera verguenza , pero es pedirles peras al olmo, pero no todo esta perdido quedan personas como el Dr. AUSGBURGER que nos hace pensar en una dirigencia seria para esta provincia
ResponderBorrarme encanta el comentario 3. je je "que pedazo de carnero seras en tu laburo no?? como si los dirigentes del Sutef (que tampoco sòn de mi agrado) tuviera la culpa de los que pasa en la educaciòn.chau
ResponderBorrarY que se puede esperar CATENA el que atiende a la atorranta de la MONICA ACOSTA que mas que ACOSTA SE tendria que llamar te ACUESTA años viviendo sin trabajar gracias a los subcidios para RENACER y CATENA viviendo años sin trabajar gracias al gremialismo son tal para cual y como si fuera poco tienen hijos se reproducen los lacras pichones de hijos de puta tienen
ResponderBorrarCoincido plenamente con el art. publicado por el prestigioso Dr. Ausburguer pero entiendo que si bien manifestó quienes no hicieron nada para resolver el conflicto omitió destacar la honrosa labor cumplida por el Defensor del Niños Dr. Gowland, quien constantemente tuvo repercusión pública por las demandas que interpuso para hacer prevalecer el derecho a la educación de los niños por sobre el derecho a huelga, en sintonía con el pensamiento jurídico del Dr. Ausburguer. Por esto creo que dicho profesional que defiende los intereses de los niños merece un reconocimiento por ello y no el severo llamado de atención que le impusiera la jueza Yuba. El mundo del revés.
ResponderBorrarMe fascinan los "iluminados" que luego de la tormenta aparecen con "la receta" de la solución. A ver, pensemos un poquito, si el Dr Augsburger se queja hoy que no intervino la Fiscalía de Estado, la Justicia, pregunto: por qué el Dr Augsburger no demandó/instó por sus medios y coadyuvó a la solución del conflicto?
ResponderBorrarComo siempre: una vez solucionado, escúchanse las "voces salvadoras". Dejémonos de embromar!!! Vergüenza ajena siento al leer esto
Respeto al DR. Luis Augsburger, porque lo conoci como persona, no como politico, pero es cierto lo que dicen en un comentario, es fail opinar cuando todo esta terminado, pero me hago esta pregunta, DESDE CUANDO TODO EL MUNDO TIENE DERECHO A JUZGAR lo que es justo o no en materia salarial de los maestros?
ResponderBorrarSI mal no recuerdo los maestros nunca se metieron con los sueldos de nadie, ni con los subsidios que se dan a la faz privada que nada tiene que ver con el gobierno, ni nada por el estilo.
Lamentablemente estamos en una sociedad HIPÓCRITA hasta los huesos.
Para la nota del abogado Luis Augsburger.. Para los pequeños ciudadanos de los cuales habla, tienen padres, madres, Justicia, Poder Legislativo y Ejecutivo. y Fiscal de Estado!!! (no se si acuerda!!)..para hacer valer sus derechos y los docentes también los tienen. Hay derechos para reclamar por días de clases perdidos, pero no hay derechos para quejarse de padres que abandonan sus hijos..X usan la escuela de guardería, y X jamas se acercan a la escuela para hablar de sus hijos ni aunque los citen 100 veces!! La Patria y la Provincia se hace con el COMPROMISO de cada 1 de sus habitantes sabiendo que es lo debe hacer! YO se que es lo DEBO hacer!! y VOS??
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