Aprobaron Ley Emergencia Urbano Ambiental

En una sesión especial que se vio demorada en el inicio y que comenzo a las 18 horas, la Legislatura aprobó por unanimidad la nueva Ley de E...

En una sesión especial que se vio demorada en el inicio y que comenzo a las 18 horas, la Legislatura aprobó por unanimidad la nueva Ley de Emergencia Urbano Ambiental.
El punto más álgido fue la retención del 10 por ciento de los ingresos brutos a los municipios, lo que finalmente quedó librado al arbitrio de las propias comunas, que ahora tienen diez días para decidir si se adhieren o no.

Esta modificación a la pretensión original se logró luego de los encuentros que los intendentes Jorge Martín y Federico Sciurano, junto a los concejales de ambas ciudades, mantuvieron con los parlamentarios. Los secretarios Pablo Blanco y Paulino Rossi elogiaron la ley como una herramienta positiva para afrontar la crisis habitacional y manifestaron que se abocarán a trabajar con los concejales sobre las alternativas posibles.

La primera en sentar postura fue la principal impulsora del proyecto, la legisladora del MPF, Mónica Urquiza, quien reconoció que el mayor conflicto está dado por la falta de infraestructura. “Hoy no solamente no tienen servicio los espacios ocupados, sino que gran parte de la población, tiene un riesgo inminente de no tener agua potable por red”, expuso la mopofista.
En tanto, aclaró que la norma no solucionará la crisis, pero sí es un claro signo de que se harán cargo del problema “de acuerdo a las responsabilidades de las instituciones”.
Aclaró que de ningún modo el MPF avala las ocupaciones irregulares, pero sí le otorgan de este modo, las herramientas para que puedan contener a las familias que realmente se encuentran en un estado de vulnerabilidad social.
Urquiza fue precisa al señalar que espera que los municipios den prioridad a los vecinos que se anotaron como corresponde en los listados para la obtención de las tierras, “queremos que se les devuelva a los intendentes las herramientas que tienen para urbanizar en cada una de las ciudades”.
Una de las que tomó la palabra en la sesión, para explicar los motivos que los llevaron a trabajar en la norma, fue la justicialista Ana Lía Collavino quien indicó que buscaron a partir de las falencias de la Mesa Institucional, conformada en el marco de Ley de emergencia ambiental, (que caduca hoy), los impedimentos que tenían las municipalidades para paliar la problemática.
Llamó a la reflexión al manifestar que los barrios de generación espontánea se instalaron en zonas de alto riesgo para las personas que los habitan y también para quienes los rodean. Era un deber moral “no desconocer esta realidad, y esto fue lo que nos indicó el camino que debíamos seguir” con el objetivo de articular medidas más allá de los posicionamientos políticos.
Llamó a la búsqueda conjunta de los fondos en los organismos nacionales o internaciones para mejorar la calidad de vida de los fueguinos.
Otra de las parlamentarias que no quiso dejar de expresar el parecer del Ari, fue la riograndense Verónica De María, quien destacó el trabajo que llevaron adelante, especialmente el MPF y el FPV para que se alcance la norma sancionada.
Del mismo modo que otros legisladores, reconoció que la problemática viene gestándose desde hace años, pero lo importante es que se reconozca la presencia del conflicto.
En tanto, exaltó como positivo, que como responsables, estarán todos los actores involucrados, como lo son el gobierno y las comunas, respetando las autonomías de cada uno de ellos.
Reconoció que no es la forma que el ARI pretendía, no obstante ello, indicó que es la de la mayoría y lo fundamental es “que haya un ámbito que pueda resolver porque estamos a contra reloj”, manifestó la parlamentaria.
Por su parte, el legislador radical, Luis del Valle Velázquez, luego de la sesión, manifestó que estuvo en contra desde un principio a este proyecto, sumó su voto aunque no del todo convencido y aclaró que “lo hice por una cuestión política y ante un pedido expreso que formuló el intendente Jorge Martín”.
Velázquez dijo que durante la sesión recibió dos llamados telefónicos. Primero uno del secretario de Gobierno del municipio de Río Grande, Pablo Blanco y luego otro del presidente de la UCR, Ariel Pagella; los cuales no quiso atender.
Fue el tercero, del propio Martín, el que finalmente lo llevó a acompañar al resto de los legisladores en la votación, a pesar de no estar convencido, sobre todo, porque “lo que se ha aprobado es confuso y deja un precedente muy serio y preocupante, que avasalla las autonomías municipales”.
“Así como quedó redactado, entiendo que el descuento de la coparticipación se les va a hacer igual a los municipios, estén o no adheridos”, dijo Velázquez, al explicar porqué “mi voto fue no convencido”.
“Para mi este es un precedente negativo” dijo Velázquez, quien además criticó la actitud de algunos legisladores que en su momento fueron Convencionales Constituyentes de Río Grande, que dieron forma a la Carta Orgánica “y en su momento se llenaron la boca de la defensa por la autonomía de las municipalidades”, aludió en referencia a Verónica de María quien votó el proyecto tal como fue redactado.

El municipio de Río Grande celebró la decisión

El titular de la cartera política del municipio, Pablo Blanco, celebró que la decisión de los legisladores haya sido concordante con el planteo que hizo el intendente Jorge Martín y los concejales a los legisladores, el martes. “La voluntad de adherir o no, ha sido tenida en cuenta y de esta forma salió sancionada la Ley”, resumió, si bien aclaró que aún no han tenido la posibilidad de tener la norma en sus manos.
Por último agregó que una vez que el Ejecutivo provincial promulgue esta ley, “analizaremos la situación”.
Por su parte, su par de Finanzas, Paulino Rossi, confió que “estamos muy contentos porque se ha generado una herramienta sumamente valiosa para tratar de generar una herramienta para resolver rápidamente la crisis habitacional”.
“Me parece que los legisladores se han hecho eco de los pedidos de los diversos sectores que están interesados en brindar una solución real a esta problemática; la gente que está en una situación precaria y los municipios que tienen la obligación –en conjunto con el Gobierno provincial- de dar una solución integral”, evaluó.
Rossi destacó “el espíritu legislativo que tienen los bloques políticos que representan a las ciudades en el seno de la Legislatura, por eso estamos muy contentos porque en un tiempo tan corto han podido brindar una solución”.
Por último, el secretario de Finanzas adelantó que se abocarán a trabajar con los concejales sobre las alternativas posibles ante la norma, y los aportes que pueden acercar desde el municipio. “Lo que dejamos en claro en la reunión con los legisladores fue precisamente la postura de la ciudad y no de un ejecutivo municipal”, concluyó.