Antes Rios se opuso como Legisladora, ahora lo aplica

No hubo una autorización del Tribunal de Cuentas para la utilización de fondos específicos, como lo señala la versión oficial, sino más bien...

No hubo una autorización del Tribunal de Cuentas para la utilización de fondos específicos, como lo señala la versión oficial, sino más bien fue una consulta sobre la vigencia de la norma de parte del Ejecutivo. Que decidió recurrir a una ley impulsada por la gestión gubernamental de Carlos Manfredotti para poder hacerse de los recursos necesarios para cancelar los remanentes salariales del mes de marzo. Como legisladora Rios se opuso a esta ley, como Gobernadora le saca provecho

Se trata del artículo 21 de la ley 568 de 2003, que permitió obtener recursos de libre disponibilidad a fin de ser afectados al pago del saldo de los salarios de marzo y además cumplir con las obligaciones legales correspondientes a la expropiación de las plantas de producción de la ex Aurora
Para poder afrontar de manera anticipada la cancelación de los remanentes salariales del mes de marzo, el Gobierno resolvió hacer uso del artículo 21 de la ley de presupuesto 2003, que fue impulsada por la gestión del ex gobernador justicialista Carlos Manfredotti.
Mediante esa herramienta legal, el Poder Ejecutivo pudo acreditar en Rentas Generales "los resultados financieros positivos de los organismos del Sector Público provincial (...) y los provenientes de programas, cuentas o fondos especiales o específicos" que no se encontraban comprometidos al cierre del ejercicio presupuestario de 2007, obteniendo así recursos de libre disponibilidad que pudo afectar al pago del saldo de los salarios de marzo y a cumplir con las obligaciones legales correspondientes a la expropiación de las plantas de producción de la Ex Aurora.
Una autorización que no es tal Para poder disponer de los mencionados recursos, el Ministerio de Economía emitió el 1 de abril la Resolución 199/08, mediante la que ordenó a todos los organismos del Sector Público -excluidos los de la Seguridad Social- cumplir "a la brevedad" con lo dispuesto en "la disposición accesoria de carácter permanente" contenida en el artículo 21 de la ley 568.
Esa resolución fue remitida en consulta al cuerpo de abogados del Tribunal de Cuentas. Uno de los profesionales de esa dependencia del órgano de control respondió, el pasado 7 de abril, que no encontraba "observaciones que formularle a la Resolución M.E. Nº 199/08 en cuanto manda cumplir lo establecido en le artículo 21 de la ley provincial 568".
En el escrito se indica que "si bien existe cierta discusión en doctrina presupuestaria sobre la conveniencia o no la inclusión dentro de la ley de presupuesto de normas de carácter permanente con vigencia más allá del ejercicio fiscal correspondiente, en nuestro sistema provincial ello queda resuelto a partir de lo dispuesto en le segundo párrafo del artículo 12" de la ley de Administración Financiera.
Es decir, lo que dijo el abogado del Tribunal de Cuentas es que la Resolución en cuestión no podía ser objeto de reproche alguno ya que remitía al cumplimiento de una manda legal en vigencia. Lo que resulta erróneo es sostener que el Tribunal de Cuentas autorizó "la transferencia de los saldos al 31/12/07 de fondos específicos y de las cuentas de los Entes al Tesoro provincial", como lo aseveró el Gobierno a través de una gacetilla oficial y lo sostuvo públicamente el Tesorero General de la Provincia.
Es más, el plenario del Tribunal de Cuentas -que integran los vocales del órgano de control Rodolfo Fehrmann y Claudio Ricciuti- no tomó intervención en el tema, por lo que no emitió opinión al respecto. En todo caso resultaría más acertado decir que al no haber recibido observación alguna sobre la resolución 199/08, el Gobierno dispuso hacer uso de una facultad legal conferida por ley, para lo cual no precisaba de autorización de ningún tipo, sino solamente contar con la decisión política de hacerlo.

Como legisladora se opuso, como Gobernadora le saca provecho

El 17 de diciembre de 2002 el Parlamento aprobó por mayoría la ley de presupuesto para el ejercicio 2008, en la que el Gobierno de ese entones había incluido una serie de disposiciones de carácter permanente.
En aquel momento, la actual gobernadora Fabiana Ríos ocupaba una banca en el Parlamento fueguino, y junto al mopofista Horacio Miranda fueron los únicos dos legisladores que se opusieron a la aprobación de esa ley. Hace 8 años,
Ríos fundaba su desacuerdo con la norma impulsada por el manfredottismo por "la delegación de facultades legislativas a favor del Gobierno" que contenía la ley.
Hoy, y con la obligación a cuestas de gestionar la Provincia, Ríos recurre a esa ley que como legisladora de la oposición consideró totalmente inadecuada.