Pedirán apertura declaración patrimonial de Coccaro

El bloque de legisladores de ARI realizará hoy una presentación ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia solicitando la apertura de las ...

El bloque de legisladores de ARI realizará hoy una presentación ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia solicitando la apertura de las declaraciones juradas patrimoniales de los ex funcionarios públicos sometidos a juicio de residencia, en especial la del ex gobernador provincial Hugo Cóccaro.Los parlamentarios adujeron la vigencia de la ley 758, sancionada el 25 de enero, que otorgó carácter de públicas a las rendiciones patrimoniales, y argumentaron que debe compararse la evolución del patrimonio de los ex funcionarios para verificar si existe alguna sospecha de enriquecimiento ilícito.

Si bien durante el debate de la ley de declaraciones juradas, la oposición legislativa expuso que la norma no puede aplicarse de manera retroactiva (y por lo tanto no incluiría a quienes ya dejaron el cargo) el bloque del ARI insistió en la presentación que ese criterio es erróneo, y pidió privilegiar la necesidad social de que los responsables de la crisis económica rindan cuentas de sus actos.
El escrito rubricado por los legisladores oficialistas solicita que se disponga la apertura de las declaraciones juradas, “tanto las de alta como las de baja, así como las modificaciones que se hicieran durante el mandato”.
Además, requiere que se “efectúen las comparaciones de rigor y, en su caso, se dispongan las medidas que consideren oportunas para la justificación de los eventuales incrementos patrimoniales que hubieren lugar. En especial, dicha medida la solicitamos respecto del Sr. Hugo Omar Cóccaro y los funcionarios que administraran fondos públicos en la gestión saliente, que se encuentren sometidos a proceso de juicio de residencia”.
El agravante de la situación de Cóccaro, mencionado en la demanda, es que “durante el mes pasado se ha incorporado a la causa (penal donde se investiga una supuesta licuación de deudas bancarias) documentación que podría acreditar una disminución ilegal de obligaciones que tendría o habría oportunamente contraído Cóccaro”.
Los legisladores hacen referencia aquí a documentos originales sobre la deuda de la empresa Cóccaro Hermanos con el Banco de Tierra del Fuego que no habrían sido tenidos en cuenta a la hora de determinarse el monto total adeudado.
Respecto de la oportunidad de la presentación, los integrantes de la bancada del ARI mencionan que “la propia concepción histórica y jurídica del instituto del juicio de residencia hace que resulte esencial, a los efectos de justificar su tramitación, comparar la evolución patrimonial de los funcionarios sometidos a tal proceso”, y entienden que “existe ahora un nuevo argumento que permite una nueva merituación del tema” como lo es la ley 758.
Y en cuanto al debate acerca de si la norma es aplicable a ex funcionarios, los parlamentarios reafirman que “si la ética pública conforma uno de los cimientos de la actual democracia, y ella incluye el tema de las declaraciones juradas, cualquiera va perfilando entonces la idea de que no es un derecho de los funcionarios (ocultar sus declaraciones) sino de la sociedad (conocerlas) (…) El hecho de que los funcionarios hayan cesado en su función, no obsta a que la situación jurídica a la que estaban sometidos haya perdido vigencia. Por el contrario, tanto la normativa anterior, como la actual, reafirman la vigencia incluso luego del cese”, señala el escrito.
En otro párrafo, la requisitoria agrega que “a este proceso que terminó por imponer una matriz de saqueo que literalmente impide el control para favorecer espacios de impunidad a transacciones corruptas, se lo debe desbalancear con la mayor exigencia personal a rendir cuentas. O en otras palabras. Ante semejante escándalo, se impone, como nunca, la obligación de rendir cuentas”.