Por que Colazo si y Coccaro no

El abogado Alejandro de la Riva advirtió sobre posible encubrimiento de los legisladores, en caso de que no prospere el pedido de juicio pol...

El abogado Alejandro de la Riva advirtió sobre posible encubrimiento de los legisladores, en caso de que no prospere el pedido de juicio político al gobernador Cóccaro. Ratificó que las mismas causales que llevaron a la destitución de Colazo son la base de su denuncia y se mostró decidido a avanzar con acciones penales contra los parlamentarios.

No hubo declaraciones públicas de los integrantes de la comisión investigadora del juicio político, a pesar de que, tras los reclamos de definiciones del denunciante Alejandro de la Riva durante la semana pasada, el legislador Luis Velázquez había fijado como plazo para expedirse el viernes.
Sin embargo, y cuando llegado el fin de semana la legisladora Virginia López daba a conocer que su postura había sido tomada, los dos miembros restantes decidieron aplazar la decisión primero al lunes, y luego hasta ayer por la mañana, cuando se habría girado a la sala acusadora el resultado de la investigación preliminar.
A diferencia de procesos de juicio político anteriores, tanto al ex gobernador José Estabillo como a Jorge Colazo, ninguno de los integrantes de la comisión investigadora confirmó públicamente el rechazo a la denuncia que trascendió a los medios, dejando librada la cuestión a todo tipo de rumores y versiones sobre el tema.
Miguel Portela, además de integrar la comisión investigadora, es quien preside la sala acusadora, que cuenta con un plazo de veinte días para confirmar la negativa, o avanzar con el enjuiciamiento.
Mientras crecen las especulaciones sin voces oficiales, ayer algunos medios de prensa plantearon la existencia de dos dictámenes, ambos de rechazo a la denuncia, pero para el caso de Virginia López con un pedido de inicio de juicio de residencia a Cóccaro, a fin de determinar si hubo enriquecimiento ilícito del mandatario, si bien este proceso puede ponerse en marcha cuando ya no esté en funciones.
La sala acusadora se integra además con los legisladores Roberto Frate, Norma Martínez, Carlos Saladino y Manuel Raimbault, quienes esperan la convocatoria del presidente para analizar el trabajo de la comisión investigadora.
De sostener tres de los siete miembros su postura –con posibilidades de que otros integrantes de la sala la compartan-, no alcanzarían los dos tercios que establece la Constitución para proseguir con el siguiente paso: la suspensión de Cóccaro y la sustanciación del juicio.

¿Momento de negociaciones?

Para el denunciante Alejandro de la Riva, las razones de la postergación y el silencio se deben a las negociaciones que estaría llevando adelante parte de la Legislatura con el Poder Ejecutivo, entre las que no se descarta la aprobación de endeudamiento, que además ya concedió la Cámara sin fijar destino, casi contemporáneamente a un aumento del diez por ciento del presupuesto legislativo, según recordó el abogado.
“Hay rumores que por supuesto no puedo confirmar, porque no sea cosa que salga 3 a 0 a favor del juicio político –dijo en declaraciones radiales-. Las versiones que había en la época de Colazo de pedido de dinero al Ejecutivo están corriendo ahora, así que nada me extraña de esta Legislatura. Cuando se le dio la asistencia financiera de treinta millones al Ejecutivo, ellos mismos se aumentaron tres millones del presupuesto. De esa plata, que era para el IPAUSS, el diez por ciento fue para ellos mismos”, remarcó.
Ahora se trata de un endeudamiento de 70 millones en letras y la sospecha, para De la Riva, se ve reafirmada por el propio hermetismo. “De la única manera que podría yo estar tranquilo sería en el momento que el Dr. Manuel Raimbault diga que el juicio político es improcedente. Es al único que le puedo creer de esa comisión, porque cuando hay tanto misterio, tanto secreto, cuando no están mostrando la carta, es que todavía hay negociaciones”, opinó.
Por lo pronto, la sesión de hoy, sin posibilidad de acceso de público, poco margen de transparencia deja. “Yo reconozco que son valientes y son temerarios estos legisladores, los echaron del CADIC y no tienen lugar para sesionar, no tienen ámbito para poder debatir. Estos son los que tienen que analizar la conducta de Cóccaro. Es una paradoja”, calificó el abogado.

Hacia una investigación penal

Al margen de la decisión que tome la Legislatura, el denunciante anticipó que si no prospera el juicio, pueden darse dos figuras penales, que darían origen a nuevas presentaciones de su parte, pero ante la Justicia.
Ratificó que la situación es la misma que llevó a la destitución de Colazo, para lo cual “había voluntad política” de la Legislatura, y advirtió que “si por el mismo tema por el que se echó a Colazo, Cóccaro se tiene que quedar, entonces se lo van a tener que explicar a los jueces”.
“Yo voy a hacer una denuncia penal”, aseveró, puntualizando que las causales serían el incumplimiento de los deberes de funcionario público para los legisladores que desoyeron “su obligación constitucional de aceptar o rechazar la cuenta de ejercicio”; y además un “claro delito de encubrimiento”, calificó.
“No nos olvidemos que el Tribunal de Cuentas, a partir de la secretaría legal, detectó ilícitos que ameritaron la denuncia penal contra el ministro de Economía, y los que van a tener que explicar a la justicia son los legisladores”, añadió el abogado.
Finalmente lamentó la postura de Virginia López tras su labor en la comisión investigadora, si bien no pudo conocerse oficialmente. “Ya sabemos quiénes son Portela y Velázquez. Sería una pena que Virginia López, que recién asume, se vaya con el estigma del encubrimiento. Si ella quiere justificar una conducta impropia, que la justifique con gente que no tiene conocimiento”, concluyó, por cuanto el juicio de residencia sería la alternativa propuesta por la parlamentaria en su dictamen de minoría.