Denunciaron penalmente a Sciurano

En la mañana de ayer, Héctor Lavia presentó en la Justicia provincial una denuncia penal contra el concejal y candidato a intendente de Ushu...

En la mañana de ayer, Héctor Lavia presentó en la Justicia provincial una denuncia penal contra el concejal y candidato a intendente de Ushuaia por la UCR, Federico Sciurano, por la comisión de los presuntos delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública municipal y enriquecimiento ilícito de funcionario público. La denuncia por presunta defraudación se basa en la denuncia que efectuó Lavia y que le valió un pedido de juicio político en el Concejo Deliberante al edil fupista, por la omisión del pago del impuesto automotor de un rodado de su propiedad desde el año 1998. En lo referido al presunto enriquecimiento ilícito, la denuncia está fundada en una deuda que el edil mantenía con el Fondo Residual en 2002 por $268.267,80, la cual fue saldada cuatro años después pagando la suma de $ 122.882,26.

Falta de pago de patente El texto de la denuncia contra el edil, plantea que Con fecha 1 de abril de 1998, Federico Sciurano realizó la compra y transferencia del vehículo marca Ford, Modelo Orión GLX, dominio AAG-531 en el Registro Nº 1 del Registro Nacional de la Propiedad Automotor de Río Grande, denunciando domicilio real en San Martín 638 de la ciudad de Ushuaia. En el mes de junio de 1998, Sciurano dio de baja del impuesto al automotor en la Municipalidad de Río Grande, debiendo dar de inmediato alta en el mencionado impuesto en la Municipalidad de Ushuaia, lugar de su domicilio real, no haciéndolo sino hasta el mes de septiembre de 2007, es decir, nueve años después, produciendo una defraudación a la administración pública municipal que se vio privada durante todos esos años de recibir los pagos que por ley le corresponden, con el agravado que el que comete el delito es Concejal del Municipio de Ushuaia.
En tal sentido el texto sostiene que:
La acción con dolo cometida por Sciurano, es que evadió el pago de los tributos municipales por nueve años, es decir evitó, eludió o escapó a la oblación de las obligaciones tributarias pertinentes. El presupuesto está dado porque no se dio de alta en el impuesto en la Municipalidad de Ushuaia, ocultando intencionalmente el hecho imponible y de la consiguiente capacidad contributiva, lo cual estuvo acompañado también por la omisión deliberada del pago del tributo exigible adecuado. La denuncia plantea que:
Los estados provinciales y municipales únicamente pueden tipificar contravenciones o infracciones; pero nunca delitos, ya que carecen de las facultades constitucionales para hacerlo. Así resulta entonces que,los impuestos provinciales y/o municipales evadidos, evitados o eludidos a través de medios comisivos fraudulentos se enmarcan legalmente en el delito de fraude en perjuicio de una Administración pública (art. 174 inc. 5°, Cód. Penal).
Deuda con el Fondo Residual:
En lo referido al presunto enriquecimiento ilícito, el texto de la denuncia presentada por Lavia sostiene que Con fecha 10 de octubre de 2006 Federico Sciurano abonó al Fondo Residual (Ley Provincial 478) la suma de $ 122.882,26 en un solo pago en concepto de cancelación de los créditos originados en la línea 9410 Operación Nº 613601 y Línea 9888 Operación Nº 16502947, del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.El monto de la cancelación de los créditos mencionados no se ajusta a la realidad en virtud que con fecha 30 de agosto de 2002 el fondo residual intimó a Sciurano mediante carta documento OCA CAB0395470-4 que a esa fecha su deuda era de $ 268.267,80, por lo que cuatro años después nunca la cancelación puede ser por el monto pagado, incluyendo el descuento del 30% establecido por la ley provincial 692, por lo que se debe investigar la supuesta comisión de delitos de acción pública al Dr. Leandro Ariel Plasenzotti administrador del Fondo Residual ley 478, como así también a los integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia Dres. Claudio Ricciuti, Víctor Hugo Martínez y Rubén Oscar Herrera, quienes mediante acuerdo plenario Nº 1405 de fecha 16 de mayo de 2007 aprobaron la cancelación de los créditos concedidos a Sciurano.
En tal sentido el texto plantea que con relación al delito establecido en el art. 268 (2) del Código Penal, es claro sostener que si Sciurano, que es un funcionario público llegó al cargo con un determinado patrimonio, y durante cierto tiempo percibió una remuneración por sus tareas de Concejal que no alcanza para justificar un incremento patrimonial partiendo del que tenía cuando asumió el cargo, parece inevitable que la sociedad fueguina debe saltar a la conclusión de que seguramente se habrá enriquecido de modo ilícito, y esto es lo que hay que investigar, el origen del pago al Fondo Residual y todo lo relacionado con su patrimonio, declaraciones juradas y todo el incremento patrimonial que tuvo durante su gestión como concejal. Si tenemos en cuenta que Sciurano tenía a octubre de 2006, fecha en que canceló la deuda con el Fondo Residual, 81 meses (asumió el 16 de diciembre de 1999) en su cargo y si se considera que ha tenido una alta capacidad de ahorro que le hubiera permitido ahorrar durante los 81 meses de su gestión los $ 122 mil pesos pagados, aún así no le alcanzarían los recursos porque debería haber ahorrado unos $ 1.500 mensuales con un sueldo promedio por todo concepto de $ 5.000, y teniendo en su sueldo dos descuentos por deudas con Rentas de la Provincia y de una empresa particular, por lo que resulta sospecho el pago efectuado, y que tiene que servir para investigar el delito tipificado en el art. 268 (2) del Código Penal por último plantea que la jurisprudencia a sostenido con relación al delito denunciado lo siguiente:
La asunción de un cargo público, implica entre otros deberes, la aceptación de la obligación de justificación prevista en el art. 268 (2). (Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal, Sala I, 14 de octubre 1994, causa Nº 25.566, REG. 789). ?El tipo penal del art. 268 (2) del C. P. guarda coherencia con el artículo 36 de la Constitución Nacional que en su parte pertinente establece que: Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.Segun publica hoy el diario Prensa.