El conflicto institucional por la administración del Puerto de Ushuaia escaló definitivamente a la máxima instancia judicial del país. Luego...
La causa quedó así bajo la órbita de la competencia exclusiva del máximo tribunal, al tratarse de un litigio entre un Estado provincial y el Estado nacional.
Ante la licencia del juez Federico Calvete, intervino la jueza federal subrogante Mariel Borruto, quien tuvo por contestados los requerimientos procesales y ordenó la remisión digital del expediente. Con ese movimiento, la disputa superó la instancia local y quedó en manos de los ministros de la Corte.
El origen del conflicto
La controversia se inició el 20 de enero con la Resolución 4/2026 dictada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
La medida, firmada por su director ejecutivo Iñaki Arreseygor, dispuso la suspensión preventiva de la habilitación del muelle y ordenó una intervención administrativa, técnica y operativa de la terminal portuaria más austral del país.
El Gobierno nacional fundamentó la intervención en una auditoría realizada en octubre de 2025, que habría detectado presuntas deficiencias estructurales y falta de inversiones. Además, sostuvo que la Provincia incumplió el convenio de transferencia del puerto suscripto el 25 de septiembre de 1992.
El punto más sensible gira en torno a la Ley provincial 1.596, sancionada en julio de 2025, que autorizó el uso de fondos portuarios para cubrir el déficit de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y habilitó préstamos por 4.200 millones de pesos al Ejecutivo fueguino para proyectos sanitarios.
Para la Nación, esos movimientos financieros vulneraron el compromiso de mantener la contabilidad portuaria separada de las rentas generales. Desde la Provincia rechazan esa interpretación.
El amparo provincial
El gobernador Gustavo Melella promovió un amparo ante la Justicia Federal con el patrocinio de los abogados Juan Carlos Cassagne y Emiliano Víctor Fossatto, solicitando una medida cautelar que suspenda los efectos de la resolución nacional y declare su inconstitucionalidad.
El planteo sostiene que la intervención vulnera la autonomía provincial y el sistema federal de gobierno, al avasallar competencias no delegadas al Estado nacional.
El ex titular de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, negó desfinanciamiento o desvío de recursos y aseguró que los fondos autorizados por ley no fueron transferidos a la obra social. En cuanto a los 4.200 millones de pesos, sostuvo que se trató de una inversión financiera respaldada por garantías bancarias e intereses, sin afectar la operatoria del muelle.
Al declararse incompetente la Justicia Federal, la medida cautelar no fue tratada y la intervención nacional continúa vigente.
Control operativo y temporada alta
Actualmente, la operatividad del puerto se encuentra bajo un esquema de empleados designados por la ANPyN. Entre las figuras vinculadas al proceso aparece Juan Avellaneda, dirigente de la Unión del Personal Superior Ferroviario en Tierra del Fuego, quien impulsó la denuncia administrativa que derivó en la intervención.
La disputa judicial se desarrolla en pleno pico de la temporada de cruceros, momento de mayor actividad para la terminal.
El puerto administra un presupuesto anual cercano a los 22.000 millones de pesos y recibe en promedio unas 700 embarcaciones por año. En 2024 transitaron por sus muelles más de 232.000 personas. Durante 2025, amarraron 511 buques de pasaje, 34 pesqueros y 30 naves de carga.
Este último segmento resulta estratégico para la economía fueguina, ya que moviliza más de 19.300 contenedores anuales que abastecen a la industria electrónica radicada en la provincia bajo el subrégimen de promoción.
La decisión que adopte la Corte Suprema no solo definirá una disputa de competencias institucionales. También determinará quién administra una de las principales cajas económicas y logísticas de Tierra del Fuego.
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