Los nombres del doble discurso: quiénes habilitaron la salmonicultura y traicionaron la Ley 1355

La votación que modificó la Ley 1355 no fue un error técnico ni una confusión legislativa. Fue una decisión política consciente, con respons...

La votación que modificó la Ley 1355 no fue un error técnico ni una confusión legislativa. Fue una decisión política consciente, con responsables concretos y nombres propios que deben quedar claramente identificados ante la sociedad fueguina.

Porque cuando se habla de habilitar la salmonicultura industrial —una actividad ampliamente cuestionada por su impacto ambiental probado— no alcanza con hablar de “la Legislatura” en abstracto. Hubo legisladores que levantaron la mano para desandar una conquista ambiental y esos legisladores tienen nombre, apellido y bloque político.

El proyecto fue aprobado gracias al voto afirmativo de Federico Greve (FORJA), Matías Lapadula (Provincia Grande), Juan Carlos Pino (PJ), Tomás García (PJ), Myriam Martínez (FORJA), Natalia Gracianía (La Libertad Avanza), Luciano Selzer (La Libertad Avanza) y Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin).

Son ellos quienes deberán explicar por qué ayer defendían la prohibición y hoy habilitan el negocio. Son ellos quienes tendrán que responder por qué el discurso ambiental duró exactamente lo que duró la conveniencia política.

El caso de Federico Greve resulta particularmente ilustrativo del cinismo institucional. Dijo que “no hay cambio de postura”, que ahora “hay trabajo” y que el proyecto “no busca dañar el ambiente”. Es una afirmación insultante para cualquier ciudadano mínimamente informado. El impacto de la salmonicultura no es una hipótesis: es una realidad documentada. Negarlo no es ignorancia; es negacionismo ambiental.

Juan Carlos Pino y Tomás García, que se presentan como representantes de un peronismo con sensibilidad social, avalaron una iniciativa que compromete recursos comunes en favor de intereses privados. El peronismo que hablaba de justicia social hoy vota un modelo extractivo que deja pasivos ambientales y ganancias concentradas.

El voto de Matías Lapadula, alineado con el sector del intendente Martín Pérez, confirma que el doble discurso no se limita al Ejecutivo provincial. Mientras en los discursos se habla de sustentabilidad y planificación, en los hechos se acompaña una decisión que pone en riesgo ecosistemas costeros y actividades productivas preexistentes como la pesca artesanal.

Los libertarios Natalia Gracianía y Luciano Selzer votaron en coherencia con su ideología de mercado: donde hay negocio, no hay límites. Lo preocupante no es su voto, sino que el resto haya terminado votando como ellos.

El caso de Myriam Martínez y Gisela Dos Santos completa un cuadro donde la supuesta defensa del ambiente se disuelve frente a la promesa de inversiones y empleo, una promesa repetida hasta el cansancio en Tierra del Fuego y que rara vez se cumple en los términos anunciados.

Lo que ocurrió en la Legislatura no fue un debate honesto sobre desarrollo. Fue una operación política para desactivar una ley incómoda que había sido útil en campaña y que ahora estorba en la gestión. La Ley 1355 sirvió para pedir votos; la salmonicultura sirve para cerrar acuerdos.

La sesión dejó algo claro: cuando se trata de negocios, las banderas ideológicas se guardan en el cajón. Ambientalistas de discurso, desarrollistas repentinos y liberales de manual votaron en el mismo sentido.

La sociedad fueguina tiene derecho a saber quiénes son los responsables de este giro. Y también tiene derecho a recordar estos nombres cuando vuelvan a hablar de ambiente, de cuidado del mar o de futuro sustentable.

Porque el daño ambiental, cuando llega, no se puede vetar, no se puede modificar por ley y no se puede explicar con discursos.

Y esta vez, los responsables ya están identificados. La sociedad fueguina se olvidara?