El Gobierno anunció restricciones en cárceles y eliminación de planes sociales para condenados

Nación prohibió celulares en cárceles y quitará planes sociales a condenados. En Tierra del Fuego preocupa cómo se aplicarán las medidas.

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó ayer una serie de modificaciones en los protocolos penitenciarios y en el acceso a programas sociales, orientadas a personas con condenas judiciales firmes. Entre los anuncios más destacados, se incluye la prohibición del uso de celulares en los penales y la eliminación de planes sociales para quienes se encuentren condenados por la justicia.

“Los delincuentes no van a tener más celulares y no van a poder seguir cobrando planes”, declaró Adorni durante su habitual conferencia en Casa Rosada. El Gobierno justificó la medida como parte de una estrategia para endurecer el cumplimiento de penas y evitar que personas condenadas accedan a beneficios estatales.

Sin embargo, la implementación de estos cambios genera dudas en las provincias, y particularmente en Tierra del Fuego. En el distrito austral, el sistema penitenciario es compartido entre la justicia federal y la justicia provincial, por lo que los internos condenados por causas federales y provinciales conviven en los mismos espacios. Esta situación plantea interrogantes sobre cómo se aplicarán las nuevas restricciones.

En diálogo con Crónicas Fueguinas, fuentes vinculadas al sistema penitenciario advirtieron que aún no hay lineamientos oficiales sobre cómo se instrumentará la medida en la provincia. “Es una disposición nacional que puede requerir adaptaciones locales. Todavía no sabemos si habrá un protocolo unificado o diferenciado según la jurisdicción de los internos”, señalaron.

La posibilidad de prohibir el uso de celulares también enfrenta obstáculos operativos. En Tierra del Fuego, como en otras provincias, el acceso limitado a dispositivos de comunicación se autorizaba en algunos casos controlados, por razones familiares o judiciales. La nueva normativa implicaría un cambio rotundo en esas prácticas.

Otro punto de tensión es la quita de planes sociales. Aunque la medida busca terminar con la percepción de beneficios por parte de condenados, no está claro cómo se realizará el entrecruzamiento de datos entre el Servicio Penitenciario, la ANSES y otras agencias estatales para su aplicación efectiva.

Mientras tanto, se espera que el Gobierno provincial defina su postura ante estas medidas nacionales. El tiempo dirá si habrá una aplicación uniforme en todo el país o si las particularidades locales —como el sistema penitenciario mixto fueguino— exigirán criterios diferenciados.