Rios complicada en el caso Debaz

El trámite de designación del ex director del Servicio Penitenciario de la Provincia, Alberto Rojas, complicó la situación de la gobernadora...

El trámite de designación del ex director del Servicio Penitenciario de la Provincia, Alberto Rojas, complicó la situación de la gobernadora Ríos en la causa donde se investiga el presunto nombramiento ilegal del sucesor de Rojas, Carlos Debaz. Es que si bien la mandataria fue sobreseída en primera instancia por la jueza María Cristina Barrionuevo, al considerar que Ríos no había incurrido en una conducta delictiva y si fue procesado el ministro Aramburu por el delito de designación ilegal y Debaz por aceptación ilegal de cargo público. Esa resolución fue recurrida ante la Cámara de Apelaciones de la Provincia por el fiscal Mayor Guillermo Massimi (ver), y uno de los argumentos utilizados para fundamentar ese recurso fue el dispar tratamiento que tuvieron los nombramientos de Rojas y Devaz. El caso investiga si el actual jefe penitenciario fue designado a sabiendas de que no cumplía con uno de los requisitos exigidos por la ley 777, como es poseer título universitario en la materia de su función.

La denuncia la presentó Rojas, su antecesor en el cargo, en mayo de este año, luego de una salida conflictiva del puesto en medio de manifestaciones públicas sobre la falta de recursos económicos para llevar adelante el servicio bajo su responsabilidad.

Barrionuevo dictó el procesamiento de Debaz y del actual ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, el pasado 19 de agosto, al considerarlos autores “prima facie” responsables del delito previsto en el artículo 253 del Código Penal. Allí se tipifica como una actividad delictiva la designación por parte de una autoridad, de otro funcionario público “en quien no concurrieren los requisitos legales”. Y como la misma figura involucra “al que aceptare el cargo para el cual no tenga los requisitos legales”, el caso alcanzó también al actual director penitenciario. Se trató, además, de los primeros funcionarios de la administración de la gobernadora Fabiana Ríos en ser alcanzados por un procesamiento de la Justicia, en lo que va de la gestión.

En la misma resolución, la jueza resolvió el sobreseimiento de la propia mandataria, que también había sido indagada en la causa por ser una de las autoridades (la otra es Aramburu) que rubricó el decreto de designación del jefe penitenciario.
Sobre la situación de Ríos, la jueza consideró que si bien firmó el decreto, no estaba al tanto de los detalles del nombramiento. Para esta postura contribuyó la declaración indagatoria prestada por el ministro, quien se hizo personalmente responsable de lo actuado y explicó por qué según su criterio no se había cometido ninguna ilegalidad. Además, trascendió que en el expediente de la designación no consta un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno, lo que podría haberle dado a la gobernadora un conocimiento más minucioso del acto que se disponía a rubricar.

Distintas actitudes

Sin embargo, así como las defensas de Aramburu y Devaz apelaron los respectivos procesamientos, al considerar que no vulneraron la ley, la Fiscalía también lo hizo respecto del sobreseimiento de la mandataria. Y para ello se basó en los antecedentes de la designación de Rojas.

Según el criterio fiscal, cuando Ríos nombró a Rojas a cargo del Servicio Penitenciario, habría demostrado estar muy al tanto de los requisitos legales, mencionando incluso cuáles eran sus antecedentes académicos y contando con la opinión técnica de sus asesores.

En cambio, esa actitud contrastaría con la designación de Devaz, donde directamente no se hizo mención a sus estudios cursados ni tampoco se requirió dictamen de la Secretaría Legal y Técnica. Es por ello que desde el Ministerio Público sostienen que la conducta de la gobernadora es motivo de reproche penal.

Hasta el momento Ríos no declaró formalmente en la causa. Cuando la indagaron, el martes 3 de agosto, presentó un escrito y no contestó preguntas.

La actual titular del Poder Ejecutivo no es el primer jefe de Estado provincial en ser investigado por designaciones ilegales. A José Estabillo le iniciaron una causa por el nombramiento irregular de un director del Banco de Tierra del Fuego, que no cumplía con los requisitos fijados por la ley. El funcionario y el ministro que firmó el acto administrativo fueron imputados, como así también Estabillo, que fue indagado y luego sobreseído.

En tanto, durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti, se denunció la designación irregular del presidente de la Dirección Provincial de Puertos, quien era el hermano del mandatario cuando las leyes no lo permitían. Pero en ese caso, ante la sustanciación de la causa, el Gobierno reaccionó realizando un enroque entre el presidente y el vicepresidente del organismo. Manfredotti no llegó a estar imputado en el caso.