Solo los perejiles van en cana y deben pagar

El Superior Tribunal ordenó al Tribunal de Juicio de Ushuaia que dicte una nueva sentencia respecto a la acción civil promovida por el Tribu...

El Superior Tribunal ordenó al Tribunal de Juicio de Ushuaia que dicte una nueva sentencia respecto a la acción civil promovida por el Tribunal de Cuentas, donde se busca un resarcimiento económico al Estado que supera los 651 mil pesos, más intereses. Este es un nuevo capítulo que se abre en la causa sobre presuntas irregularidades cometidas en el otorgamiento de créditos en el Banco de Tierra del Fuego, durante la gestión del ex gobernador José Estabillo.
El Tribunal de Juicio, deberá dictar una nueva sentencia para determinar si los ex funcionarios del Banco Tierra del Fuego: Osvaldo Manuel Rodríguez, Ramón Segundo Gallardo, Servando Diéguez, Carlos Alberto Pastoriza y Horacio Emilio Muñoz; deben pagar un resarcimiento económico al Estado de 651.027 pesos, una causa que quedo en el olvido y en la cual solo, quedo involucrado un perejil, por una causa por Bonos y de la cual se desprendio esta y la que tenia los mismos procesados, mas abajo toda la historia de la causa y los otros nombres involucrados, que pasaron al olvido.
Así lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia –con la integración de los Jueces Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Muchnick y Walter Tabarez Guerrero-, en un nuevo capítulo que se abre en la causa sobre presuntas irregularidades cometidas en el otorgamiento de créditos en el Banco de Tierra del Fuego, durante la gestión del ex gobernador José Estabillo.

En la sentencia el Tribunal de Juicio concluyó con el sobreseimiento penal de todos los imputados, por extinción de la acción penal a raíz del largo tiempo transcurrido, pero nada se dijo respecto a la suerte de la demanda civil que promovió el Tribunal de Cuentas, persiguiendo que se repare el daño causado.
“Respetuosamente debemos sostener, que nos encontramos ante un supuesto de arbitrariedad de sentencia, toda vez que el Tribunal ha omitido hacer una valoración fáctica y jurídica de la pretensión de este actor civil y de los elementos y fundamentos invocados por el mismo a lo largo de toda su actuación”, indica en su presentación el representante legal del organismo de control.
La causa se inicio en el año 1997 y fue un desprendimiento de aquella donde se investigó presunto fraude a la administración pública en la venta de bonos denominados BIC III.
La citación a juicio fue en 1999, pero luego de varios recursos, el Tribunal de Juicio recién debatió y dicto sentencia el pasado 11 de junio de 2007.

LA HISTORIA DE LA CAUSA

Uno de los casos más complejos de la historia

En junio de 1995 Gustavo García era el titular de la firma “Gustavo García S.A. Sociedad de Bolsa” y tenía como fin principal su participación en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Para entonces el Banco de Tierra del Fuego sacaba al mercado la 3ra. serie de los Bonos de Inversión y Crecimiento conocidos como BIC III. Dichos bonos estaban destinados a equilibrar el fuerte déficit provincial que ahogaba la gestión del gobernador Estabillo y su ministro de Economía Ruggero Preto. El Banco confió el manejo en bolsa de los bonos a la sociedad de Gustavo García, al mismo tiempo que se nombraba como asesor de la entidad a su hermano Federico, quien a su vez tenía participación societaria en los negocios privados de Preto.
Las operaciones efectuadas por García despertaron enseguida sospechas, que movieron a una completa investigación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), entidad que controla la transparencia de todo el giro de la Bolsa. Fue a través de esta investigación que se descubrieron las maniobras presuntamente fraudulentas, que motivaron la expulsión de Gustavo García de la Bolsa de Buenos Aires y la sustanciación del proceso que culminará el juicio oral que se inicia el próximo 8 de mayo.
Las operaciones cuestionadas, ocurridas en apenas dos días -entre el 6 y 7 de julio de 1995- consistieron en vender y recomprar repetidamente partidas de los bonos, a valores tales que el Banco siempre vendía a precio más bajo del que luego (a veces con diferencia de minutos) volvía a adquirir.
Para esos manejos se montó una compleja ingeniería financiera que involucró a por lo menos ocho firmas (se sospecha que varias de ellas pertenecientes al mismo grupo que comandaban los hermanos García) entre las cuales se cuentan la AFJP Siembra, Banco Mildesa, Invest Capital, Sur, Seguros de Retiro y Río Valores S.B., además del BTF y un financista conocido como Leoncio Raíz Coelho, a quien la CNV le reprocha no contar con capacidad financiera para actuar en la bolsa.

No se le ocurrió

El expediente elaborado por la CNV, que lleva el Nro. 600/95, consta de más de 4.800 fojas y reza entre sus conclusiones que en una sola de las numerosas operaciones el Banco pagó 714037,80 pesos en carácter de intermediación (diferencia entre el valor pagado por el adquirente último y el recibido por el Banco). Dicha suma representa un 11% del valor de los bonos, alícuota que la investigación considera “exagerada”. Pero cita como agravante que el Banco pudo vender directamente al adquirente final (en este caso Siembra AFJP) sin recurrir a intermediarios, aunque el gerente general Rochón adujo que “no se le había ocurrido”.
Los resultados de la investigación fueron girados bajo forma de denuncia al Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, dando lugar a la causa 2063 (“Comisión Nacional de Valores/denuncia presunta defraudación) que impulsan los fiscales Guillermo Massimi y Carlos Bassanetti.
El resultado conocido es el procesamiento de Gustavo García y Rochón, además de todo el directorio del Banco, integrado por Osvaldo Rodríguez (presidente) Ramón Gallardo, Servando Dieguez, Carlos Pastoriza y Horacio Muñoz.
Apelaciones injustificadas, pedidos de pase al fuero federal, la fuga de Rochón y una serie de chicanas judiciales (además de presiones y amenazas sobre los fiscales) fueron parte de las argucias interpuestas para entorpecer la causa, por parte del poderoso grupo de poder que manejaba por entonces la economía de Tierra del Fuego, conocido por entonces como el “establishment”.
Merece recordarse que el entonces ministro de Economía Ruggero Preto descalificó en cuanta oportunidad tuvo las denuncias, al que acusó de encabezar “operativos políticos” en contra del gobierno. Defendió a brazo partido a los imputados y llegó a decir que ponía “las manos en el fuego” por Gustavo García.
En ese marco, y de no surgir nuevas interrupciones, el 8 de mayo estará expuesto en juicio oral este caso, considerado uno de los más difíciles, complejos e importantes en la historia de la justicia fueguina.

Delcio Daniel Rochón, el prófugo de la Justicia argentina que fuera detenido días atrás en Islas Canarias, se movía con una tarjeta de crédito internacional emitida por el Banco de Tierra del Fuego, cuyo resumen alguien pagaba por él en Ushuaia.
El increíble dato, que revela la pesada trama de encubrimientos que rodean a la causa por la que será juzgado Rochón, fue obtenido de fuentes de la investigación que tratan de averiguar quién protegía desde la provincia al hombre más buscado por la justicia de Tierra del Fuego.
Rochón será llevado a juicio en mayo próximo junto a otros ocho imputados, en la causa por la cual se investiga una cuantiosa estafa contra el Banco de los fueguinos. La defraudación se consumó a través del manejo fraudulento en la Bolsa de Valores de Buenos Aires de Bonos de Consolidación de Deuda, conocidos como BIC III.
Mientras el resto de los procesados se encuentran a disposición de la Justicia Provincial, Rochón se hallaba en calidad de prófugo desde 1999, cuando fracasaron todos los intentos por hacerlo comparecer ante los estrados. Desde entonces, y ante la firme presunción de que el sujeto había dejado el país, se cursó pedido de captura a todas las policías del mundo. Finalmente, y de un modo que podría calificarse de fortuito, el ex banquero fue hallado por Interpol en España, en jurisdicción de las Islas Canarias, donde pasaba con cierta holgura económica sus días como fugitivo.
Según pudo saberse, la captura de Rochón, se vio facilitada a través del rastro que dejaron sus compras con tarjeta de crédito, el modo como aparentemente cubría su falta de efectivo en aquel país. Ahora pudo saberse que la mencionada tarjeta de crédito reconocía, insólitamente, como entidad emisora al Banco de Tierra del Fuego (la misma institución a la que habría defraudado con su accionar) y que alguien abonaba puntualmente el monto de sus consumos en cajeros de la ciudad de Ushuaia.

Una larga historia

“... III Ordenar el procesamiento de Delcio Daniel Rochón... de 36 años de edad... nacido en Bahía Blanca... el 6 de noviembre de 1960... con domicilio en calle Belgrano 570 de esa localidad... por el hecho por el que fuera indagado oportunamente, por considerarlo probable autor penalmente responsable del delito de MALVERSACION CULPOSA, art. 262 del Código Penal, hecho ocurrido el 06/07/95 y del que resultara damnificado el Banco Provincia de Tierra del Fuego”.
El dictamen, firmado el 16 de abril de 1997 por la juez Cristina Barrionuevo, marcaba la suerte de Rochón en el marco de la causa por supuesta malversación de fondos con los tristemente célebres bonos BIC III.
Con él resultaron procesados Gustavo García, Osvaldo Manuel Rodríguez, Ramón Segundo Gallardo, Servando Dieguez, Carlos Alberto Pastoriza y Horacio Emilio Muñoz.
El primero, agente de bolsa señalado como autor material de la defraudación, y el resto funcionarios del Banco a quienes se les reprochó no haber cumplido con su deber de vigilancia de los intereses de la institución.
Por el mismo acto procesal fueron sobreseídos definitivamente el síndico José Luis Paños y Federico García, hermano de Gustavo, asesor del Banco y socio comercial del por entonces ministro de Economía Ruggero Preto.
A mediados de abril del ‘98 la juez revirtió su decisión –atendiendo a una apelación de la defensa de los imputados– y dispuso el desprocesamiento de todos ellos. La medida fue apelada esta vez por los fiscales intervinientes, encabezados por Guillermo Massimi, ante la Cámara de Apelaciones de la Provincia. El alto tribunal anuló el nuevo fallo de la dra. Barrionuevo y dispuso el enjuiciamiento de los involucrados, que, tras repetidas postergaciones, deberán ser llevados a juicio ante el Tribunal Oral a partir del 7 de mayo próximo.
En el interín, la causa se vio varias veces demorada en razón de diversos ardides que formaron parte de la estrategia defensiva. Un fallido pedido de pasar la causa al fuero federal y una larga serie de pedidos de nuevas pericias, entre ellos.
En razón de que la Justicia argentina impide el enjuiciamiento de personas ausentes, la inasistencia de Rochón complicaba significativamente el esclarecimiento de los hechos, por cuanto se considera vital su testimonio.
Su captura siembra optimismo en los fiscales, que sin embargo están interesados por saber quién facilitó la permanencia del ex banquero en la clandestinidad. Sospechan que podría haber personajes ligados al más alto poder de aquella época, que podrían verse afectados por el testimonio del recién capturado.
Como se sabe, el fiscal Massimi ha iniciado a través de la Cancillería los trámites de extradición del procesado y se confía en que Rochón podría ser trasladado a Tierra del Fuego antes del 7 de mayo, cuando está previsto el inicio del juicio oral en contra de él y el resto de los imputados.

El precio del poder

Cuando se denunció el manejo doloso de los Bonos BIC III, el por entonces ministro de Economía Ruggero Preto insistió en desmentir las acusaciones, descalificó repetidas veces al diario y manifestó que ponía “las manos en el fuego” por el agente de Bolsa Gustavo García, hermano de un socio suyo.
Poco después, una investigación del propio Mercado de Valores de Buenos Aires halló culpable a García y lo expulsó de la Bolsa, al tiempo que la justicia fueguina disponía su procesamiento.
Ahora Gustavo García deberá afrontar el pertinente juicio oral junto a Delcio Rochón y varios más, y la expectativa es creciente por cuanto muchos creen que se podrán conocer en esa ocasión secretos del enorme poder económico que se escondía detrás de la política de aquellos tiempos.
El peso de los personajes involucrados lo marca el hecho de que uno de sus defensores (junto a Luis Darrichon, el del caso María Soledad) es Oscar Salvi, el ex Juez Federal, considerado uno de los mejores abogados del país.
Entre las estrategias dilatorias se contó por años la repetición de solicitudes de nuevas pericias, que incluyen a la fecha más de 400 preguntas técnicas. El peritaje recayó en el contador Rafael Pereyra Ramos, quien habría entregado ya el trabajo –que insumió más de dos años– y se cree que no existen más motivos para postergar el esperado juicio.

Casi por casualidad

El hallazgo por Interpol de Delcio Rochón en su plácido escondite se produjo casi por casualidad, según refieren fuentes de la policía. Relatan que en ocasión de la visita de un alto jefe policial español a Ushuaia, tras una serie de entrevistas protocolares con sus pares fueguinos, se llevó una lista de los sujetos buscados por la justicia local. Poco tiempo después, y a través de una corta investigación de la policía española, en colaboración con Interpol, llegó la inesperada noticia. Había datos sobre un individuo que residía en ese país cuyos datos coincidían en un todo con los de Delcio Daniel Rochón, el ex banquero. Sus largas vacaciones en las Canarias habían terminado.