Denuncia penal por tala ilegal de bosque protegido: apuntan de lleno al Municipio de Ushuaia

Denuncian penalmente al Municipio de Ushuaia por tala ilegal de bosque nativo protegido en Barrancas del Pipo sin ordenanza ni autorización ambiental.

Una nueva denuncia penal vuelve a colocar al Municipio de Ushuaia en el centro de la polémica ambiental. La Asociación Bahía Encerrada presentó una acusación formal por la presunta tala ilegal de bosque nativo protegido en el barrio Barrancas del Pipo, específicamente en los macizos 184 y 185, clasificados como Bosque Nativo Categoría II (amarillo), lo que implica un régimen de protección especial y restricciones estrictas a cualquier intervención.

Según consta en la presentación judicial, en el sector se están realizando tareas de desmonte y destrucción de cobertura boscosa, pese a que no existe ordenanza promulgada que habilite la cesión de tierras ni autorización ambiental provincial, requisito indispensable para intervenir en este tipo de áreas.

Desde la organización denunciante sostienen que el Ejecutivo municipal habría avanzado en la entrega de aproximadamente 1.600 metros cuadrados de tierras públicas a una asociación cercana al poder político local para la construcción de viviendas. Sin embargo, la norma que supuestamente autorizaría dicha cesión no fue promulgada, por lo que cualquier acción sobre el terreno carece de sustento legal.

Pero la irregularidad no termina allí. Al tratarse de bosque nativo categoría amarilla, toda intervención debe contar con evaluación, autorización y control del Gobierno provincial, autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Bosques. Según la denuncia, nunca se solicitó ni tramitó ningún permiso, lo que configuraría una violación directa a la legislación ambiental nacional y provincial.

Daño ambiental en marcha y organismos ausentes

Pese a la falta total de habilitaciones, las tareas de tala ya están en ejecución, generando un daño ambiental que desde Bahía Encerrada calificaron como grave e irreversible. La presentación judicial también cuestiona con dureza la inacción de los organismos provinciales, que deberían haber intervenido para frenar el avance sobre un área protegida.

“El accionar es ilegal desde todo punto de vista: no hay ordenanza vigente, no hay autorización provincial y se está destruyendo un bosque protegido”, señalaron desde la organización ambientalista.

El caso no ocurre en el vacío. Se da en paralelo a los discursos oficiales sobre la ampliación del ejido urbano, como si el problema estructural de Ushuaia fuera la falta de tierra y no la ausencia de planificación, controles y límites claros.

Bosques protegidos que desaparecen, chorrillos intervenidos, tierras públicas repartidas sin papeles, organismos que miran para otro lado y funcionarios que hablan de sustentabilidad mientras la topadora avanza.

La ecuación resulta cada vez más evidente: salmoneras sí, bosque no. Urbanización urgente para algunos, legalidad opcional, ambiente protegido solo en los discursos. Porque en Tierra del Fuego, una vez más, para los amigos todo; para el ambiente, nada.

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