Desde el IPV indicaron que estan reclamando a funcionarios de la gestion Bertone que aun no devolvieron las viviendas de servicios que estaban ocupando y ademas piden mas tiempo para poder desocuparlas a pesar de tener sueldos millonarios.
Desde el IPV se esta reclamando viviendas a funcionarios de la gestion Bertone que aún no las devolvieron y ademas de cobrar sueldos millonarios, piden mas tiempo para poder seguir ocupandolas.
La Presidente Leticia Hernandez, indico que dentro de las irregularidades que encontró la nueva gestión del Instituto Provincial de la Vivienda, se encuentra el caso de 3 funcionarios de la administración anterior, a los que se les otorgaron casas de servicio, pero que a más de un mes de finalizado el Gobierno, no las devuelven.
“Hay funcionarios que han tenido viviendas de servicio y las tienen que devolver”, advirtió la presidenta, indicanco que el IPV cuenta con viviendas que tiene la institución bajo un marco de arraigo, que se destinan a médicos, y funcionarios, durante el periodo que lleve en su mandato. Luego, deberán devolverla siguiendo todas las instancias administrativas.
En este caso se trataría de tres viviendas que no corresponden a un barrio de servicios ni son casas de funcionarios.
Quienes actualmente viven en esas casas son dos directivos del Canal local y otro funcionario dentro del ámbito del ministerio de Obras Públicas.
“Hay algunos que pidieron más tiempo para dejar los lugares”, explicó Hernández. Y agregó: “Yo no tengo una casa de servicio en Ushuaia, pivoteo en las tres ciudades porque no las devolvieron”.
Según Hernández, “tenemos médicos y otras personas que vienen de paso y necesitamos los lugares”.
Hernández lleva adelante una auditoría en el IPV, luego de las numerosas denuncias recibidas por los vecinos, que tienen que ver con el supuesto incumplimiento del reglamento del Instituto en cuanto a la adjudicación de viviendas sin respetar la antigüedad en la isla.
“Esto le pone un marco legal y hacer una auditoria hacia atrás de cómo fueron entregadas estas viviendas. Para ponerle un marco a esta cuestión se pidió una auditoria. En caso de que se compruebe que no se cumplió con la normativa de entrega, tiene que ver con el mal desempeño de los funcionarios de la gestión anterior”, dijo la presidenta del Instituto.
Gustavo Vázquez fue el presidente del IPV durante la gestión de la gobernadora Rosana Bertone, y estuvo secundado por el vicepresidente, Fabio Escobar.
La auditoría no sólo está enfocada a Río Grande, sino a las tres ciudades, ya que existen denuncias por irregularidades en la entrega de viviendas en el sector 2 del Barrio Río Pipo, de Ushuaia.
También hay denuncias de morosidad, de beneficiarios que dejaron de pagar, o de viviendas subalquiladas, lo que está terminantemente prohibido.
“En casi todas las situaciones hay niños de por medio. Si la familia no cumple con los 4 años reglamentarios, vamos al lugar y hay un matrimonio con criaturas, eso no se pude hacer, son viviendas otorgadas hace bastante, no es la idea apuntar a una desadjudicación, apuntamos al mal desempeño de los funcionarios”, dijo la presidenta.
Y agregó que “hubo una manipulación con la necesidad de la gente, y ciertos funcionarios no pueden estar caminando por la calle”.
Algo que destacó Hernández es “la transparencia” y “la antigüedad”, como la base de la adjudicación. En estos momentos, hay 4700 personas anotadas en la lista de espera, sólo en Río Grande.
La Presidente Leticia Hernandez, indico que dentro de las irregularidades que encontró la nueva gestión del Instituto Provincial de la Vivienda, se encuentra el caso de 3 funcionarios de la administración anterior, a los que se les otorgaron casas de servicio, pero que a más de un mes de finalizado el Gobierno, no las devuelven.
“Hay funcionarios que han tenido viviendas de servicio y las tienen que devolver”, advirtió la presidenta, indicanco que el IPV cuenta con viviendas que tiene la institución bajo un marco de arraigo, que se destinan a médicos, y funcionarios, durante el periodo que lleve en su mandato. Luego, deberán devolverla siguiendo todas las instancias administrativas.
En este caso se trataría de tres viviendas que no corresponden a un barrio de servicios ni son casas de funcionarios.
Quienes actualmente viven en esas casas son dos directivos del Canal local y otro funcionario dentro del ámbito del ministerio de Obras Públicas.
“Hay algunos que pidieron más tiempo para dejar los lugares”, explicó Hernández. Y agregó: “Yo no tengo una casa de servicio en Ushuaia, pivoteo en las tres ciudades porque no las devolvieron”.
Según Hernández, “tenemos médicos y otras personas que vienen de paso y necesitamos los lugares”.
Hernández lleva adelante una auditoría en el IPV, luego de las numerosas denuncias recibidas por los vecinos, que tienen que ver con el supuesto incumplimiento del reglamento del Instituto en cuanto a la adjudicación de viviendas sin respetar la antigüedad en la isla.
“Esto le pone un marco legal y hacer una auditoria hacia atrás de cómo fueron entregadas estas viviendas. Para ponerle un marco a esta cuestión se pidió una auditoria. En caso de que se compruebe que no se cumplió con la normativa de entrega, tiene que ver con el mal desempeño de los funcionarios de la gestión anterior”, dijo la presidenta del Instituto.
Gustavo Vázquez fue el presidente del IPV durante la gestión de la gobernadora Rosana Bertone, y estuvo secundado por el vicepresidente, Fabio Escobar.
La auditoría no sólo está enfocada a Río Grande, sino a las tres ciudades, ya que existen denuncias por irregularidades en la entrega de viviendas en el sector 2 del Barrio Río Pipo, de Ushuaia.
También hay denuncias de morosidad, de beneficiarios que dejaron de pagar, o de viviendas subalquiladas, lo que está terminantemente prohibido.
“En casi todas las situaciones hay niños de por medio. Si la familia no cumple con los 4 años reglamentarios, vamos al lugar y hay un matrimonio con criaturas, eso no se pude hacer, son viviendas otorgadas hace bastante, no es la idea apuntar a una desadjudicación, apuntamos al mal desempeño de los funcionarios”, dijo la presidenta.
Y agregó que “hubo una manipulación con la necesidad de la gente, y ciertos funcionarios no pueden estar caminando por la calle”.
Algo que destacó Hernández es “la transparencia” y “la antigüedad”, como la base de la adjudicación. En estos momentos, hay 4700 personas anotadas en la lista de espera, sólo en Río Grande.
Si son empleados Públicos Nacional. Municipal o Provincial deberian ser EXONERADOS. Melella hacete valer Yaaaaaa
ResponderBorrarSueldos millonarios cobra Melella y sus funcionarios, mientras a los estatales le ofrecen un bono de 4.000. HDMP
BorrarDónde se denuncia?
ResponderBorrarHace la en el Ipv que los empleados te la tomarán con mucho gusto..todo sea para que paguen lo que hicieron los delincuentes que se fueron
BorrarAumento yaaaaaa, no podemos esperar masssss 90% como se dieron los funcionarios!!!!
BorrarEn el Tribunal de cuentas de la provincia, NOOOO!!!
BorrarComo dio Arcando será
BorrarArcando derogo el decreto que hizo la deigor. El aumento lo dió tu Papi
BorrarEn la página del ipv o por nota en mesa de entradas igual puro humo basta con dar una vuelta y ver las casas vacías y las que se alquilan en las 128 de ate hay más de 50 alquiladas
ResponderBorrarEN LAS TIRA DE PINGUINO EMPERADOR HAY DESOCUPADAS Y GENTE QUE VIVE EN EL EXTERIOR
BorrarPeronista que no esté preso es un peligro para la humanidad.
ResponderBorrarSiempre la sinvergüenzada. Los punteros polìticos tienen casas, supuestamente, dictan talleres ahì. Hmmm, siempre lo mismo.
ResponderBorrarLos nombres de esos cara duras!!
ResponderBorrarSeguro está el hdp de esposto metido.
ResponderBorrarQUE HDP ESTOS KERNERISTAS MAL NACIDOS
ResponderBorrarClara lopez rios
ResponderBorrarDevolve la casa de servicio que te dieron!!!!
Se denuncia en la página oficial del IPv
ResponderBorrarLa vivienda de sercicio del cura Aldo Masciotra se la adjudicaron. Una vivienda de dos dormitorios para un tipo solo. El muy samaritano exigió a la Bertone la vivienda con un cuarto mas para poder usarlo de oficina. Esa es la caridad que pregona!!
ResponderBorrarSerá Aldo Moschetta....jajaja
BorrarJajajajaja. Masciotra le mandó el muy pelo.......
BorrarA unas 3 monjas les dieron una vivienda de servicio de 4 dormitorios porque necesitaban un cuarto para cada una. Vivienda que debio ser destinada a alguna familia numerosa de la demanda... Vergüenza!!
ResponderBorrarQue cada uno se construya su casa. Dejen de vivir del estado
BorrarLas viviendas de servicio que Bertine le dio a los médicos que trajo del norte se las terminaron adjudicando gracias al acuerdo con la que fue directora del area social la gorda Benitez
ResponderBorrarSi murcia no le hace el sumario a Vazquez que es empleado del puerto antes del 19/6/2020 no van a poder sancionarlo. Lo dice el convenio colectivo de nuestra entidad y no solo va a ser cómplice sino que le va a garantizar impunidad a este ladron de poca monta. Roberto estamos viendo qué haces al respecto
ResponderBorrarno esperen demasiado dos meses y nada han hecho, solo traer personal en condicion de adscriptos pero sin que este el decreto firmado, es mas ni seguro tienen para estar trabajando en el puerto. las adscripciones fueron pedidas por la Directora de Recursos Humanos
Borrarinvestiguen a todos y listo se acaba el puterio ,igual sabemos como termina ...tranzan y el de turno hace su jugada y asi ...preso nadie va preso
BorrarTodos debemos denunciar, no quedarnos solo en la queja y exigir transparencia de los resultados de la investigación. Basta de corrupción
ResponderBorraruna vez que una vivienda del ipv ha sido totalmente pagado por su adjudicatario puede hacer con esa casa lo que se le cante.ya no es mas vivienda del ipv.
ResponderBorrarPor que no va y lo denuncia todo donde corresponde, que es en la Justicia. Congreso Nacional 502. O solo es para tapar que no puden ni gestionar un superpancho?
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