El juicio oral que se desarrolla en Ushuaia contra dirigentes vinculados a la operatoria de viviendas sociales del Instituto Provincial de l...
En el banquillo de los acusados se encuentran Carlos Córdoba, Miguel Aranda y Eric Moscoso Panozo, investigados por presuntas estafas vinculadas a viviendas sociales cuya operatoria había sido delegada al gremio ATE durante gestiones anteriores del IPV.
Uno de los testimonios más relevantes de la jornada fue el del ex presidente del IPV, Gustavo Vázquez, quien recordó que al asumir en 2018 ya existían rumores sobre irregularidades relacionadas con adjudicaciones de viviendas.
Según declaró ante el Tribunal, varias personas se acercaron al organismo manifestando haber entregado dinero a cambio de acceder a departamentos. En uno de los casos mencionados durante la audiencia, una mujer aseguró haber entregado alrededor de 7 mil dólares.
Vázquez sostuvo que, al advertir la situación, acompañaron a la damnificada a radicar la correspondiente denuncia judicial.
El ex titular del IPV también señaló que Miguel Aranda era quien realizaba habitualmente las gestiones ante el organismo, aunque indicó que también intervenía Carlos Córdoba.
Durante su declaración, además, aseguró haber sufrido presiones luego de que el escándalo tomara estado público a través de medios de comunicación.
Otra de las personas que prestó testimonio fue Marta Benítez, exdirectora del área Social del IPV durante la operatoria de las 128 Viviendas de Barrancas del Pipo. La exfuncionaria explicó que algunos postulantes enviados por ATE fueron rechazados debido a que no cumplían con los requisitos establecidos por el Instituto.
En la audiencia también declaró uno de los damnificados, quien aseguró haber entregado 300 mil pesos bajo la promesa de acceder a un departamento.
Según relató ante el Tribunal, el dinero fue entregado a Daniel Belbey, a quien identificó como integrante de la dirigencia sindical de ATE. Además, vinculó a Miguel Aranda con la operatoria investigada.
El denunciante indicó que decidió acudir a la Justicia luego de comprobar que nunca apareció en los listados oficiales de adjudicatarios.
El juicio expone nuevamente una de las causas más sensibles vinculadas al acceso a viviendas sociales en Tierra del Fuego, especialmente en ushuaia. Más allá de las responsabilidades que deberá determinar la Justicia, el proceso vuelve a poner bajo debate el sistema de intermediación utilizado durante años para la asignación de soluciones habitacionales y el impacto que este tipo de maniobras genera sobre familias que buscaban acceder a una vivienda.
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