Varios concejales de Río Grande aún no publicaron sus declaraciones juradas pese al vencimiento del plazo oficial.
La transparencia pública vuelve a quedar bajo debate en Río Grande luego de que varios concejales aún no aparezcan con sus declaraciones juradas patrimoniales publicadas, pese a que el plazo extraordinario otorgado por el Tribunal de Cuentas Municipal ya venció oficialmente.
La prórroga había sido establecida hasta el 15 de mayo mediante una disposición del organismo de control, en el marco de la Ordenanza Municipal Nº 2831/2010, normativa que obliga a funcionarios y autoridades públicas a presentar información patrimonial y financiera.
Sin embargo, al verificar el sistema oficial de declaraciones juradas, todavía continúan registrándose ausencias dentro del propio Concejo Deliberante.
Entre los casos que no figuraban publicados hasta este lunes aparecen el concejal Matías Löffler del MPF, quien según los registros públicos arrastraría varios períodos sin completar la documentación correspondiente.
También figura la concejal Verónica Martínez de FORJA, quien debía presentar la declaración jurada de designación tras asumir funciones.
A la lista se suman Alejandra Arce de Provincia Grande, Federico Runin de FORJA y la presidenta del Concejo Deliberante Guadalupe Zamora del MPF, cuyos registros tampoco aparecían publicados dentro del plazo extendido.
Además, la ex concejal y actual ministra provincial Lucía Rossi tampoco tendría publicada la declaración jurada anual de cese correspondiente a su salida del cuerpo deliberativo para asumir funciones dentro del Ejecutivo provincial.
La situación genera cuestionamientos debido a que las declaraciones juradas representan una de las herramientas básicas de control ciudadano sobre el patrimonio de quienes ejercen cargos públicos.
El debate cobra todavía más relevancia porque distintos sectores políticos suelen pronunciarse rápidamente sobre causas nacionales vinculadas a bienes, patrimonio y transparencia de funcionarios, mientras a nivel local persisten incumplimientos administrativos relacionados justamente con mecanismos mínimos de publicidad y control.
Hasta este lunes 18 de mayo por la tarde, las presentaciones mencionadas no figuraban disponibles en el sistema oficial del Tribunal de Cuentas Municipal, según pudo verificarse en los registros públicos accesibles para la ciudadanía.
Si bien la ausencia de publicación no implica por sí sola la comisión de un delito ni determina responsabilidades penales, sí vuelve a abrir interrogantes sobre el nivel de cumplimiento de obligaciones elementales vinculadas a la transparencia institucional.
La rendición de cuentas también comienza por cumplir en tiempo y forma con obligaciones básicas que permiten a la ciudadanía ejercer control sobre quienes administran recursos y ocupan cargos públicos.
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