Cuestionan designaciones sin concurso en el Tribunal de Cuentas y denuncian presunto nepotismo en Tierra del Fuego.
Una contratación directa y posterior pase a planta transitoria en el Tribunal de Cuentas reavivan denuncias por ingresos sin concurso y presuntos vínculos familiares con integrantes del Poder Judicial. El caso vuelve a exponer el avance de la “familia judicial” en organismos de control.
Las recientes resoluciones administrativas del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego dejaron al descubierto un mecanismo de ingreso que vuelve a generar fuertes cuestionamientos políticos: contratación directa, pase a planta transitoria y ausencia de concurso público en un organismo cuya función central es controlar la legalidad del gasto estatal.
La Resolución de Presidencia N° 50/2026, firmada el 3 de febrero de 2026, formaliza actuaciones vinculadas al Dr. Maximiliano García Arpón, en donde se contrata a su hijo, Juan Cruz García Arpón.
En paralelo, la Resolución Plenaria N° 185/2025 dispuso la designación de la Sra. Paula Ocampo en Planta Transitoria del organismo, categoría B4, a partir del 26 de noviembre de 2025. Pareja del Fiscal Nicolás Arias, caso que probablemente termine en planta.
Contratación directa y pase a planta
Según surge del propio texto oficial, la designación se produjo tras la finalización de un contrato de locación de servicios y se justificó en la “imposibilidad inmediata de llamado a concurso”, en el marco de la Ley Provincial N° 50
El punto crítico es precisamente ese: el ingreso no se realizó mediante Concurso de Antecedentes y Oposición, el mecanismo que garantiza igualdad de oportunidades, transparencia y objetividad en el acceso al empleo público, especialmente en organismos de control.
En términos políticos, la explicación formal de “imposibilidad inmediata” no disipa las dudas, sino que las profundiza: ¿por qué no se convocó a concurso posteriormente? ¿Por qué se consolida el pase a planta en lugar de abrir la competencia pública?
La “familia judicial” y el avance sobre organismos de control
Las críticas se potencian ante los presuntos vínculos familiares con integrantes del Poder Judicial fueguino. El Dr. Maximiliano García Arpón, miembro del Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia, integra el Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, lo que alimenta las sospechas sobre un entramado de relaciones que favorecería ingresos sin competencia abierta.
Aunque no existe pronunciamiento judicial que declare ilegal la designación, el debate no es meramente jurídico: es político e institucional.
El Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de controlar al Estado. Cuando quienes ingresan lo hacen sin concurso y, además, mantienen lazos con sectores de poder, la señal hacia la sociedad es clara: las reglas no son iguales para todos.
Nepotismo y privilegio estructural
En la práctica, el esquema es conocido: primero contrato directo; luego planta transitoria; finalmente, consolidación en planta permanente. Un circuito administrativo que, si bien puede tener respaldo formal, erosiona el principio de igualdad ante la ley.
Mientras miles de fueguinos deben competir por cargos públicos en procesos largos y exigentes —cuando efectivamente se convocan—, otros acceden por vía directa en áreas sensibles del Estado.
El caso reabre un debate de fondo: ¿puede un organismo de control ejercer autoridad moral y técnica sobre el resto de la administración cuando sus propios ingresos son cuestionados por discrecionalidad?
Silencio institucional
Hasta el momento, ni el Tribunal de Cuentas ni el Poder Judicial emitieron aclaraciones públicas respecto de los cuestionamientos.
En un contexto provincial donde la transparencia y la credibilidad institucional están permanentemente bajo análisis, estas designaciones no pasan desapercibidas.
El debate ya no es solo legal. Es político. Y afecta directamente la confianza pública en los organismos que deberían garantizar que el Estado funcione bajo reglas claras y sin privilegios.
COMENTARIOS