Millonaria iluminacion de Casa de Gobierno, Justicia rechazo la denuncia

Millonaria iluminacion de Casa de Gobierno, para la Justicia no hubo delito en licitacion privada por 33 millones a empleado del Tribunal de Cuentas

El Juez de Instrucción Javier de Gamas Soler rechazó la denuncia del diputado nacional Héctor “Tito” Stefani y de Paulino Rossi por la presunta ajdudicación irregular de la millonaria obra de iluminación de Casa de Gobierno a la empresa Factor Q S.A.A. La presentación había sido realizada por los dirigentes en el mes de mayo. En el escrito, el Juez resolvió “rechazar sin más trámite el requerimiento fiscal porque el hecho no constituye delito” en la adjudicacion por licitacion privada por 33 millones de pesos a la firma Factor Q SAS, donde uno de los socios es un integrante del Tribunal de Cuentas (VER). 

En los fundamentos, manifiesta que González Nieto, socio de la firma, “no intervino en la contratación de la empresa que integra en razón de su cargo, pues por un lado como empleado del Tribunal de Cuentas no existe relación funcional entre las tareas a él asignadas y el proceso de licitación cuestionado por el denunciante, y por otro lado, no tuvo participación alguna en los controles preventivos realizados por el Tribunal de Cuentas antes de la adjudicación de la obra, lo que posibilita sostener que no pudo influir de ninguna manera en la contratación de la firma FACTOR Q SAS en los hechos investigados. No existe ninguna constancia que haga siquiera sospechar que pudo vulnerar la imparcialidad del órgano administrativo encargado de tramitar el expediente en cuestión, por lo que debe ser desvinculado de este hecho que se le imputa”. 

“De la compulsa del Expediente MOSP-E73477/2022, no se observan irregularidades que permitan inferir algún direccionamiento en la adjudicación de la obra y/o algún incumplimiento doloso en su tramitación, lo que resulta coincidente con el informe glosado a fs. 32/40”, establece en uno de sus párrafos. 

Finalmente, el Magistrado determina que “de lo analizado, podemos concluir que no se vislumbra en el accionar de González Nieto, como así tampoco de ninguno de los indicados restantes, una acción deliberada tendiente a generar un perjuicio concreto a un tercero o a la administración pública, pues lo realizado no reviste relevancia penal”.