Graves denuncias del Sindicato a la DPE

El Sindicato Austral de Luz y Fuerza, tiene la obligación moral de dar a conocer a la comunidad toda, el lamentable estado en que se encuent...

El Sindicato Austral de Luz y Fuerza, tiene la obligación moral de dar a conocer a la comunidad toda, el lamentable estado en que se encuentra la Dirección Provincial de Energía y las consecuencias que esto tendrá para nuestro futuro. La desastrosa gestión del Gobierno de RIOS (ex ARI) en que se intenta constituir una alianza con los trabajadores para sostener y defender la fuente de trabajo y fortalecer a la empresa pública de energía. Se estuvo a punto de incorporar al “Contrato Chino” la compra de energía –lo que a todas luces constituía una vulgar privatización- a un valor 30% superior al propio de generación de la DPE, hecho que fue impedido por la rápida y contundente acción del Sindicato Austral y la C.G.T. Ushuaia. Se posee una planta política superlativa de funcionarios y se ha llegado a la desfachatez de solicitar a la legislatura la incorporación de otros más para el presupuesto 2011, mientras que no se cubren los cargos vacantes de planta tan necesarios, permitiendo que otros argentinos accedan a un puesto de trabajo digno.

A partir de la desintegración vertical y de la transformación del sistema eléctrico nacional (privatizaciones de Menem), las provincias desconectadas del sistema nacional, quedaron libradas a sus propios esfuerzos y capacidades.A partir de 1992, los sistemas de generación aislada son los que llevan la peor parte y las sucesivas autoridades políticas provinciales de Tierra del Fuego no lograron encontrar una fórmula que les permitiera mantener sus sistemas en funcionamiento de manera eficiente, produciéndose una paulatina e inexorable descapitalización.

A partir de la salida de la convertibilidad -en el año 2001- y de la estampida mundial del precio de los hidrocarburos, la empresa pública de energía (D.P.E.) y la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, sufren un profundo e irreversible proceso de desfinanciamiento, que se hace sentir en forma amortiguada en el resto del sistema eléctrico nacional, que posee mecanismos para su propia regulación y también para mantener la sustentabilidad del sistema. Tierra del Fuego queda afuera del sistema.

Eso les llevó a realizar un tremendo ajuste en dos niveles bien diferenciados. Por un lado elevaron las tarifas de los consumidores, penalizando a los sectores de menos recursos, en un desesperado esfuerzo por favorecer la industria y al comercio.

Por otra parte, abandonaron en forma encubierta el Convenio Colectivo de Trabajo, precarizaron el empleo, al tener a la mitad de la planta de personal con contratos basura, produjeron descuentos salariales que llegaron al 30%, abandonaron el mantenimiento del equipamiento propio y se vieron imposibilitados de renovarlo.

De esta manera se llega a la desastrosa gestión del Gobierno de RIOS (ex ARI) en que se intenta constituir una alianza con los trabajadores para sostener y defender la fuente de trabajo y fortalecer a la empresa pública de energía.

Lejos de ello, haciendo gala de la más absoluta falta de imaginación y creatividad, las sucesivas autoridades designadas por el ejecutivo provincial, se encargaron de perseguir a sus trabajadores, de reducir el poder adquisitivo del salario, llegando a ser el más bajo en la historia de la DPE y con una diferencia de casi el 40% menos que lo que cobran normalmente los trabajadores que están bajo el mismo Convenio Colectivo de Trabajo.

Las gestiones políticas se caracterizaron por su inoperancia, falta de gestión, incompetencia y por estar más preocupados por incentivar la desunión de los trabajadores, que en reconstruir una empresa que venía destruyéndose poco a poco.

Tal es así que se estuvo a punto de incorporar al “Contrato Chino” la compra de energía –lo que a todas luces constituía una vulgar privatización- a un valor 30% superior al propio de generación de la DPE, hecho que fue impedido por la rápida y contundente acción del Sindicato Austral y la C.G.T. Ushuaia.

Se posee una planta política superlativa de cuatro funcionarios y se ha llegado a la desfachatez de solicitar a la legislatura la incorporación de otros dos más para el presupuesto 2011, mientras que no se cubren los cargos vacantes de planta tan necesarios, permitiendo que otros argentinos accedan a un puesto de trabajo digno.

La única razón es impedir el ingreso de los trabajadores anotados en la Bolsa de Trabajo del Sindicato Austral, tal como lo marca el CCT vigente.

No se ha realizado ninguna adquisición en el equipamiento, no se ha realizado mantenimiento preventivo ni correctivo de los móviles, ni se le ha proporcionado indumentaria adecuada al personal que trabaja a la intemperie. Por el contrario, se persigue a los trabajadores con medidas estúpidas e inconducentes, que lejos de aumentar la productividad, generan mayor descontento.

El Parque Automotor esta paralizado desde hace 30 días por la falta de certificación del ente nacional que regula los hidroelevadores e hidrogruas. Esto afecta la seguridad de los trabajadores del Sector Distribución y Guardia de Reclamos (que atienden las emergencias en la calle), situación que viene denunciando este Sindicato desde el año 2007, ante la autoridades del Ministerio de Trabajo Provincial y últimamente ante la ART y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación. En el año 2009 la Consultora del Sur –contratada por la misma DPE- les impuso fehacientemente de esta situación lamentable, pero no hubo acción correctiva.

Al no obtener ninguna repuesta por parte del Ing. Fernando ARAS, Director a cargo, este Sindicato inició las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores del Sector, así como resguardar la vida y bienes de terceras personas, en un todo de acuerdo a las leyes vigentes, en lo relacionado a Higiene y Seguridad y a la urgente necesidad de inversión en la compra de nuevos móviles.

Ante su incapacidad en la gestión, ahora amenazan con “privatizar” el mantenimiento del alumbrado público, ya que su grado de inoperancia hace que haya pedidos que tienen más de tres meses sin realizar, por falta de materiales.

Si hoy ocurriera una emergencia eléctrica no habría posibilidad de concurrir con algún móvil a resolverla. Esta situación lejos de favorecer la paz social, ha incrementado el nivel de conflictividad.

El Sindicato Austral se ha caracterizado siempre por decir la verdad y por defender a la empresa provincial de energía. Esta situación la hemos venido advirtiendo y se ha llegado a una situación que es absolutamente extrema.

Por lo expuesto invitamos a los usuarios a canalizar -a través del Sindicato Austral- toda denuncia sobre incumplimiento de las responsabilidades asumidas por la DPE, para tomar intervención al respecto y mediar por una solución.

Sepa la comunidad toda:

- La DPE está paralizada y no es por culpa de sus trabajadores. - La fuente de trabajo laboral –nuestra fuente de trabajo- está absolutamente destruida.

- Los servicios públicos no desaparecen de la noche a la mañana, se van destruyendo paulatinamente y las posibilidades de reconstruirlos cada vez son más onerosas. Todo peso que no se invierte hoy, se duplicará en un futuro próximo.

Pensar conducir la DPE al margen de sus trabajadores, de su experiencia, de sus capacidades, es no entender nada y es desperdiciar un recurso capacitado que a la provincia le ha costado años lograrlo.

Por otra parte, debemos recordar que se está incumpliendo normas provinciales y nacionales, tanto en materia laboral como así también en materia de seguridad industrial. Poniendo en grave riesgo las vidas humanas y el equipamiento de la Dirección.

Entre otras graves irregularidades, se ha designado un vicepresidente que no cumple con los requisitos que establece la Ley, violándola expresamente. Todos sus actos administrativos son nulos, de nulidad absoluta.

El vicepresidente Rodrigo GUIDO es el principal responsable de la persecución gremial y es quien generará el mayor perjuicio económico a la DPE cuando se sustancien todos los juicios y denuncias que se están llevando adelante por parte de los trabajadores. Es un verdadero mercenario al servicio del gobierno, con la oscura misión de destruir definitivamente a la Dirección Provincial de Energía, para su posterior privatización.

Esta situación pone a todo el sistema al borde del colapso y tiene sus únicos responsables:

Los funcionarios políticos que el Gobierno de Fabiana RIOS ha designado en el ente, el Ing. Fernando ARAS, el Dr. Rodrigo GUIDO y el Arq. Daniel LEPEZ.