Mientras niegan el tarifazo, el costo real del colectivo en Ushuaia ya llegó a los $3.150

Aunque UISE niega un boleto de $3.120, el costo real del colectivo en Ushuaia ya supera esa cifra mediante subsidios pagados con impuestos municipales

Mientras desde UISE intentan instalar que el boleto de colectivo en Ushuaia costará entre $1.500 y $1.550, el costo real del sistema ya supera los $3.100 por pasajero. La diferencia se cubre con subsidios municipales financiados con impuestos de todos los vecinos, incluso de quienes no usan el servicio. Todo esto ocurre en medio de crecientes reclamos por unidades en mal estado, demoras y problemas de frecuencia.

La discusión por el aumento del boleto de colectivo en Ushuaia dejó al descubierto una realidad que desde la Municipalidad y UISE intentan suavizar: aunque públicamente desmienten que el valor del boleto vaya a llegar a los $3.120, la realidad es que ese costo ya existe y lo terminan pagando todos los contribuyentes de Ushuaia.

Lo que cambia es quién pone el dinero.

Según expuso el presidente de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), José Labroca, el usuario pasaría a pagar entre $1.500 y $1.550 por viaje. Sin embargo, el resto del costo operativo del sistema seguiría siendo cubierto mediante subsidios municipales financiados con recursos públicos. 

Es decir: una parte la abona quien utiliza la SUBE y la otra sale directamente de los impuestos municipales que pagan todos los vecinos de Ushuaia, usen o no el transporte público.

En términos concretos, el costo total real del boleto ronda actualmente los $3.100 por pasajero.

La situación genera cada vez más cuestionamientos porque el fuerte nivel de subsidios convive con constantes reclamos vecinales por el funcionamiento del servicio.

Usuarios denuncian frecuencias insuficientes, largas esperas, colectivos saturados, unidades deterioradas y problemas recurrentes en distintos recorridos, especialmente en horarios pico y sectores alejados del centro.

A pesar de ese escenario, el Municipio continúa destinando millones de pesos para sostener económicamente a UISE y evitar que el costo total impacte de lleno sobre la tarifa visible.

Durante la Asamblea Tarifaria, Labroca justificó la necesidad de actualizar el boleto argumentando inflación, aumento de combustibles, salarios, mantenimiento, seguros y costos operativos. 

También aseguró que el sistema necesita mantener “equilibrio económico y financiero” para garantizar la continuidad del servicio.

Sin embargo, la discusión ya no gira únicamente sobre el valor técnico de la tarifa, sino sobre el enorme peso económico que el transporte urbano representa para las cuentas municipales en medio de una ciudad que acumula problemas estructurales y reclamos permanentes por servicios deficientes.

Mientras miles de vecinos reclaman por calles destruidas, falta de mantenimiento urbano, problemas de limpieza y deterioro de distintos sectores de Ushuaia, gran parte de los recursos municipales continúa destinándose al sostenimiento del sistema de colectivos.

La propia UISE reconoció además que más del 50% de los boletos poseen subsidios municipales destinados a estudiantes, jubilados, personas con discapacidad, beneficiarios del boleto social y bomberos voluntarios.

A esto se suma el reclamo de la empresa municipal por la deuda que mantiene Nación respecto de los atributos sociales SUBE, situación que —según sostienen— profundiza todavía más el desfinanciamiento del sistema.

Pero mientras desde el Municipio intentan instalar que Ushuaia mantiene uno de los boletos “más bajos de la Patagonia”, muchos vecinos empiezan a preguntarse cuánto cuesta realmente sostener ese esquema y cuánto impacta finalmente sobre el bolsillo de toda la comunidad.

La discusión del transporte en Ushuaia dejó de ser solamente una cuestión tarifaria. Aunque oficialmente intenten negar un boleto de $3.120, el costo real del sistema ya alcanza esa cifra. La diferencia no desaparece: la pagan todos los contribuyentes mediante subsidios municipales mientras continúan los reclamos por frecuencias, estado de las unidades y servicios urbanos cada vez más deteriorados. En una ciudad golpeada por la crisis, la pregunta de fondo es cuánto tiempo más podrá sostenerse un sistema deficitario financiado con recursos públicos mientras crecen las demandas básicas de los vecinos.

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