El oficialismo cruzó a la Justicia y denunció una maniobra política para frenar la reforma constitucional

El oficialismo fueguino cuestionó duramente el fallo contra la reforma constitucional y denunció una maniobra política para frenar el proceso.

Tras el fallo que anuló la convocatoria a elecciones constituyentes, referentes de FORJA salieron con dureza contra la Justicia Electoral. Federico Greve aseguró que la resolución “parece más política que judicial”, mientras que Myriam Martínez sostuvo que existen sectores que buscan mantener “privilegios” y frenar los cambios en la Constitución fueguina.

La crisis institucional en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo de máxima tensión luego de que el oficialismo provincial saliera públicamente a cuestionar con dureza la resolución de la Justicia Electoral que declaró la nulidad del decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes impulsado por el Gobierno de Gustavo Melella.

Desde FORJA no solo confirmaron que apelarán el fallo en instancias superiores, sino que además dejaron entrever fuertes sospechas sobre el trasfondo político de la resolución judicial, vinculándola directamente con sectores opositores que vienen intentando bloquear la reforma constitucional.

Uno de los primeros en expresarse fue el legislador Federico Greve, quien aseguró que el fallo “parece más una decisión política que un fallo judicial” y cuestionó los fundamentos utilizados por la jueza electoral.

“Estamos analizando la resolución y, a medida que avanzamos en su lectura, vemos que muchas cuestiones no cierran desde el punto de vista jurídico y coinciden más con posicionamientos políticos”, afirmó.

El parlamentario oficialista sostuvo además que existen “muchas coincidencias” entre los argumentos del fallo y los planteos que desde hace meses viene impulsando la oposición legislativa y política contra la reforma constitucional.

“Hay muchas coincidencias entre los fundamentos del fallo y las posiciones que viene sosteniendo la oposición. Por eso creemos que existe un alto contenido político en esta resolución”, disparó.

Greve apuntó especialmente contra el argumento central utilizado por la Justicia Electoral respecto a la supuesta falta de firmeza de la sentencia vinculada al proceso de reforma, y remarcó que el recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema “no tiene efectos suspensivos”.

“Entendemos que eso no es así, porque la presentación de un recurso extraordinario federal no genera efectos jurídicos suspensivos sobre una sentencia”, explicó.

En ese contexto, confirmó que el Ejecutivo provincial ya trabaja junto a la Secretaría Legal y Técnica en nuevas presentaciones judiciales para intentar revertir la medida.  “Vamos a realizar todas las presentaciones necesarias en instancias superiores porque entendemos que esta primera instancia de ninguna manera cierra la discusión”, sostuvo.

Pero las críticas más políticas llegaron de la mano de la legisladora Myriam Martínez, quien directamente vinculó el freno judicial a sectores que —según planteó— buscan evitar una discusión profunda sobre estructuras de poder y privilegios dentro de Tierra del Fuego.

“Nunca pensé que íbamos a encontrarnos en este punto, donde se planteara de esta manera un conflicto de poderes tan marcado, con una lucha por ver quién tiene la razón”, expresó.

La parlamentaria oficialista sostuvo además que existen sectores políticos y judiciales que “no están cumpliendo el rol que les corresponde” y defendió la continuidad del proceso de reforma constitucional. “A priori hemos podido ver el fallo y entendemos que el eje principal está centrado en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, pero la jueza sabe perfectamente que ese recurso no tiene efecto suspensivo”, afirmó.

Martínez también recordó que el Fiscal Mayor había recomendado avanzar con el cronograma electoral y cuestionó que ahora se intente bloquear el proceso constituyente desde el ámbito judicial. “Cuando la jueza le consulta, el fiscal le dice claramente: ‘avance con el cronograma electoral’. No le pidió sugerencias políticas, le marcó cuál era el procedimiento correspondiente”, señaló.

La legisladora fue todavía más allá y aseguró que detrás de la resistencia a la reforma constitucional existen sectores que no quieren perder poder ni privilegios.

“Hay sectores que claramente no quieren avanzar con la reforma. Nosotros entendemos que es fundamental discutir artículos que permitan terminar con estos conflictos permanentes entre poderes”, manifestó.

Además, defendió los acuerdos políticos alcanzados durante la composición anterior de la Legislatura y apuntó contra dirigentes que cambiaron de postura frente al proyecto oficialista. “Los consensos se construyen, pero los acuerdos se respetan. La palabra se respeta cuando llega el momento oportuno”, sostuvo.

Mientras el Gobierno provincial prepara la apelación judicial, el conflicto institucional sigue escalando y deja expuesta una disputa política cada vez más profunda entre el Ejecutivo, sectores legislativos y parte del Poder Judicial, en un escenario donde la reforma constitucional ya se transformó en uno de los principales focos de tensión del poder fueguino.