Sesion Legislatura todos los temas tratados

Se realizó la primera sesión ordinaria de la Legislatura provincial. El pedido del Frente para la Victoria para que se interpele al ministro...

Se realizó la primera sesión ordinaria de la Legislatura provincial. El pedido del Frente para la Victoria para que se interpele al ministro de Trabajo Javier Da Fonseca por sus sospechas de conspiración contra el gobierno no prosperó y fue citado a dar explicaciones ante la comisión 1. Había dicho que existe una "conspiración" contra la gestión de Ríos. La ley del Tribunal de Cuentas se aprobará recién el 9 de abril en sesión especial. Se aprobó el voto nominal, que contaba con dictamen favorable y había sido ingresado por el radical Gabriel Pluis, se convirtió en ley. Además, la Legislatura debatirá en los próximos días un proyecto de convocatoria al Consejo Provincial del Salario, luego de que la iniciativa presentada por el bloque del ARI (que ya había sido ingresada en 2006 y nunca se trató) tomó nuevamente estado parlamentario por votación unánime.

Ambos asuntos fueron tratados esta tarde durante el desarrollo de la primera sesión ordinaria del año que se llevó a cabo a partir de las 15.50 en el nuevo recinto de la calle Yaganes (ex restaurante El Almirante).
Sobre el pedido de interpelación al ministro Da Fonseca, el legislador de ARI Manuel Raimbault sostuvo que si bien "no comparto en absoluto las declaraciones del funcionario, no deja de ser su opinión y su interpretación de la realidad. Y ello no es materia de interpelación en los términos de nuestra Constitución porque podría ser interpretado como un acto de censura o de afectación de la inmunidad de opinión de los funcionarios".
En ese sentido, el legislador del FPV Ricardo Wilder tomó los dichos de Raimbault y aún a pesar de remarcar la gravedad de las declaraciones del ministro, aceptó que sea citado a comisión para explicar el contexto de sus declaraciones.
Sobre el Consejo del Salario, el legislador Fabio Marinello (ARI) fue el encargado de fundamentar que la iniciativa es necesaria por "su enorme importancia en el marco de la realidad económica que atraviesa la Provincia y debido a que plantea la posibilidad de reunir en una mesa a los principales protagonistas de la discusión salarial, tanto del sector público como del privado".

Tribunal pospuesto

La sanción de la nueva ley que regirá el funcionamiento del Tribunal de Cuentas fue pospuesta para una sesión especial que se realizará el miércoles 9 de abril a las 11 de la mañana, debido a la aparición de cuestiones formales de último momento en la redacción final de la norma.El décimo voto que no fue

Lo más llamativo de la jornada, al margen de la postura de la oposición que podía preverse, fue el cambio de la legisladora Verónica De María. Entrevistada ayer mismo por una emisora de la capital fueguina, había adelantado que acompañaría el pedido de interpelación a Da Fonseca: “Nosotros estaríamos acompañando el pedido de interpelación, si esta es la propuesta que planteó el Frente para la Victoria –dijo por FM Artika-. En principio no habría problema en acompañar una interpelación y ningún funcionario tiene que ofenderse porque le pidan una interpelación”, sostuvo.
Asimismo consideró que “superada esa instancia de sospechas y paranoia, me gustaría discutir cuál es el objetivo de la interpelación” y en este sentido se preguntó si debe utilizarse la herramienta para averiguar sobre “la gestión o el trabajo concreto en el área para el que fue designado, o las expresiones personales, y si esas expresiones pueden ser consideradas cuestiones de Estado. No habría problemas y calculo que sí estaremos acompañando porque cualquier funcionario puede ser interpelado”, ratificó.
Para que no quedaran dudas, añadió que “si el acompañamiento a una interpelación se puede leer como un signo de apertura más, bienvenido. La interpelación no nos afecta y cualquier funcionario puede dar explicaciones”, dijo, aunque por la tarde el voto fue otro.

Consejo del salario a comisión

El proyecto de consejo de salario que el ARI había ingresado por secretaría legislativa, quedó incorporado al orden del día tras la reunión de la comisión de labor parlamentaria, y será analizado en comisión, tras el giro dispuesto en la sesión de ayer.
El voto nominal, que contaba con dictamen favorable y había sido ingresado por el radical Gabriel Pluis, se convirtió en ley.
También quedaron conformadas las salas acusadora y juzgadora del juicio político, integradas en el primer caso por los legisladores Verónica De María, Elida Deheza y Crocianelli (ARI); Ricardo Furlan y Ricardo Wilder (FPV), Frate (MPF) y Luis Velázquez (UCR). La Juzgadora se integra en este período con Marcelo Fernández, Manuel Raimbault y Fabio Marinello (ARI); Adrián Fernández y Ana Lía Collavino (FPV), Damián Löffler y Mónica Urquiza (MPF), y Gabriel Pluis (UCR).

CRECE ampliado

Otro de los asuntos aprobados fue la ampliación de la comisión de seguimiento de los créditos Crece, que ahora tendrá 11 miembros: un representante del Poder Ejecutivo, uno por cada bloque legislativo, uno por cada Cámara de Comercio (de Ushuaia y Río Grande), uno por el Tribunal de Cuentas y uno por cada municipio, incluida la Comuna de Tolhuin.

El ARI intentará rever las autoridades de las comisiones
Un “megabloque prepotente e irrespetuoso”

En otro orden de cosas, la legisladora De María coincidió en la necesidad de definir las autoridades pendientes de tres comisiones, la 4 de Educación, la 5 de Salud y la 6 de Seguridad.
A la vez, dijo que el oficialismo intentará rever la designación de autoridades de las comisiones 1, 2 y 3, donde la oposición se había quedado con todos los cargos. Los consideró un “megabloque prepotente e irrespetuoso”.

“Lo estuvimos discutiendo porque creemos que, por sobre la falta de respeto y la prepotencia del megabloque, tenemos que seguir para adelante y trabajando”, señaló De María respecto de la demorada elección de autoridades en tres comisiones fundamentales para el funcionamiento de la Cámara.
“Francamente vamos a dar la discusión por el tema de las comisiones que quedan, planteando que se revisen las designaciones de las autoridades de las comisiones 1, 2 y 3, sin demasiadas esperanzas porque son bastante prepotentes e irrespetuosos”, disparó.
Agregó que el bloque ARI puede “entender que no nos dieran la presidencia de ninguna comisión, pero no nos dieron ni la presidencia, ni la vicepresidencia, ni la secretaría”, sostuvo y afirmó que “juegan a que vos sos invisible, como que no existís, no te registro, me hablás y no contesto, y eso raya en la falta de respeto”, ratificó.
“Vamos a plantear la discusión de todas las comisiones y si ellos no se mueven de ese lugar, estaremos definiendo las comisiones 4, 5 y 6 porque vamos a hacer frente a esa responsabilidad”, subrayó, negando que sea cierto que “nadie quiere esas comisiones”.
“No es así, no le estamos sacando el cuerpo, pero la prepotencia política en un cuerpo colegiado no se puede ejercer. Si aceptamos eso, vamos a aceptar la prepotencia en todos los lugares de trabajo”, concluyó.


Fue luego de las críticas de la CAFREMO
Collavino aseguró que las reuniones son “abiertas y públicas”

Tras las críticas difundidas por distintas emisoras de Río Grande por la Cámara de Frecuencias Moduladas –CAFREMO- sobre la falta de convocatoria a ese sector para debatir el proyecto de ley de publicidad oficial, la presidenta de la comisión 3 Ana Lía Collavino ratificó que se llevan adelante reuniones “abiertas y públicas”. Evaluó positivamente el avance del debate y la “amplia participación” de los medios.

La presidenta de la comisión 3, que se reunió por segunda vez para debatir los proyectos de ley de regulación de publicidad oficial, defendió la modalidad en que se viene dando la discusión con todos los sectores, y el carácter “abierto y público” de las reuniones.
Durante estos últimos días hubo fuertes críticas contra la Legislatura por parte de la Cámara de Frecuencias Moduladas –CAFREMO- entidad que dijo no haber sido convocada, poniendo en duda la idoneidad de quienes se encuentran discutiendo la ley.
Collavino resaltó la variedad de proyectos, que hasta el momento son cuatro según informó por radio Fundación Austral, presentados por el ARI, el Frente para la Victoria, Participación Ciudadana y el SIPREN –Sindicato de Prensa de Río Grande-.
Aseguró que “material abunda y estamos tratando de consensuar los puntos donde había mayores diferencias, para sacar un proyecto único donde se sientan incluidos todos los actores”.
“Venimos avanzando muy bien, primero porque las reuniones además de ser abiertas y públicas, como son todas las reuniones de comisión de Legislatura, contaron con una gran participación de la gente de los medios, tanto en Ushuaia como en Río Grande”, dijo, contrariamente a lo que sostenían los dueños de algunas emisoras de la zona norte.
Advirtió que “recién llevamos dos reuniones” y que todavía resta bastante para llegar a un dictamen. “En el caso de Río Grande se centró en la preocupación respecto de las condiciones laborales, un tema que nos insumió mucho tiempo de charla y nos resultó importante tomar conocimiento del mismo”, señaló, al tiempo que aclaró que si bien “no queríamos legislar sobre temas ya legislados, acordamos los requisitos del Registro y nos comprometimos a generar un proyecto y enviarlo vía mail, para que en la próxima reunión avancemos con el articulado”.
Collavino sostuvo que espera “poder llegar a una ley que permita la mayor transparencia en la contratación y distribución de publicidad oficial” y estimó que “en función de cómo vienen las reuniones y de la participación que hay, por lo menos tendremos un par de reuniones más antes de emitir un dictamen de comisión”.
Dio cuenta finalmente de la buena voluntad y preocupación por sacar una buena ley, y del aporte de los profesionales de los medios: “Es un tema que a nivel particular me tuve que poner a estudiar, y el aporte de la gente de los medios nos ha enriquecido muchísimo. Trataremos de que sea un único dictamen para que la ley salga sin inconvenientes”, concluyó.


Otros temas

Por otra parte, los legisladores aprobaron también una modificación al artículo 150 del reglamento interno de la Cámara, y de esta manera establecieron el voto nominal obligatorio para los proyectos de ley, los de resolución que importen nombramientos o movimientos de fondos y siempre que lo requiera un legislador. Esta iniciativa presentada por el legislador de la UCR Gabriel Pluis, a instancia de la Ong Participación Ciudadana y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) contó con el apoyo unánime de todos los bloques.
En la sesión de esta tarde también quedaron conformadas las salas acusadora y juzgadora para eventuales juicios políticos, de la siguiente forma:
Acusadora, legisladores: De María, Deheza y Crocianelli (ARI) Burlan y Wilder (FPV) Frate (MPF) y Velásquez (UCR).
Juzgadora, legisladores: Marcelo Fernández, Raimbault y Marinello (ARI) Adrián Fernández y Collavino (FPV) Loffler y Urquiza (MPF) y Pluis (UCR).
Otro de los asuntos aprobados fue la ampliación de la comisión de seguimiento de los créditos Crece, que ahora tendrá 11 miembros: un representante del Poder Ejecutivo, uno por cada bloque legislativo, uno por cada Cámara de Comercio (Ushuaia y Río Grande) uno por el Tribunal de Cuentas y uno por cada municipio incluyendo a la Comuna de Tolhuin.
Durante la reunión parlamentaria se votaron en forma afirmativa varios pedidos de informe al Gobierno, siendo uno de los que más discusión produjo el referido al convenio suscripto con la Auditoría General de la Nación (AGN) que permitió realizar un corte del estado de las cuentas públicas y de la situación administrativa de la provincia, el momento de asunción de las nuevas autoridades.

El décimo voto que no fue

Lo más llamativo de la jornada, al margen de la postura de la oposición que podía preverse, fue el cambio de la legisladora Verónica De María. Entrevistada ayer mismo por una emisora de la capital fueguina, había adelantado que acompañaría el pedido de interpelación a Da Fonseca: “Nosotros estaríamos acompañando el pedido de interpelación, si esta es la propuesta que planteó el Frente para la Victoria –dijo por FM Artika-. En principio no habría problema en acompañar una interpelación y ningún funcionario tiene que ofenderse porque le pidan una interpelación”, sostuvo.
Asimismo consideró que “superada esa instancia de sospechas y paranoia, me gustaría discutir cuál es el objetivo de la interpelación” y en este sentido se preguntó si debe utilizarse la herramienta para averiguar sobre “la gestión o el trabajo concreto en el área para el que fue designado, o las expresiones personales, y si esas expresiones pueden ser consideradas cuestiones de Estado. No habría problemas y calculo que sí estaremos acompañando porque cualquier funcionario puede ser interpelado”, ratificó.
Para que no quedaran dudas, añadió que “si el acompañamiento a una interpelación se puede leer como un signo de apertura más, bienvenido. La interpelación no nos afecta y cualquier funcionario puede dar explicaciones”, dijo, aunque por la tarde el voto fue otro.