Reclamos en Salud

La evaluación de los sectores sindicales luego del encuentro con la gobernadora Fabiana Ríos no fue la misma que la del gobierno, en particu...

La evaluación de los sectores sindicales luego del encuentro con la gobernadora Fabiana Ríos no fue la misma que la del gobierno, en particular desde Salud se reclamaron detalles de la ejecución del presupuesto 2007 reconducid, dijeron que oficialmente se admite que apenas el 28 por ciento fue ejecutado y esperan conocer qué ocurrió con el resto del dinero. Desde el gremio ATE afirman que esta gestión no cumple el fallo judicial de diciembre pasado, resultado de la falta de insumos en los hospitales públicos. Dicen que esto no ha cambiado y que hay análisis de laboratorio que no se pueden realizar, confirmaron el traslado de dos trabajadoras por denunciar la utilzacion de reactivos vencidos, dos trabajadoras del hospital que se negaron a utilizar reactivos vencidos, durante esta gestión han sido reubicadas desde su servicio a otro servicio” por solicitud de la misma al director del Hospital.

La información puesta a disposición el jueves por la gobernadora Fabiana Ríos y el vicegobernador Carlos Bassanetti ante los gremios que integran la Intersindical, no fue considerada suficiente por todos.
Desde ATE aseguran que no hay detalles del presupuesto devengado, ni explicaciones sobre la ejecución en áreas específicas, entre ellas la del plan de salud, del que se habría ejecutado solamente el 28 por ciento.
Alicia Mallea, integrante de ATE Ushuaia, explicó por FM Artika que el propósito de este encuentro fue realizar “un análisis maduro y concienzudo de la situación que está atravesando la provincia, basado en información, y poder hacer aportes”.
Haciendo un paréntesis, observó que se ha instalado en la sociedad la sensación de que los sindicatos y especialmente los trabajadores, son responsables de los problemas económicos de la provincia, y defendió el rol de los gremios como representantes de los trabajadores e interesados en la búsqueda de alternativas para que existan “reglas de juego claras, ingresos por concurso que todavía no tenemos, y hacer prevalecer y jerarquizar la carrera administrativa”.
Hecha la salvedad, recordó que en reuniones previas con los ministros de Gobierno y Economía ya se había reclamado documentación. “Se nos había dicho que no se tenía información clara de la situación de la provincia”, cuestión que esperaban aclarar ahora con Ríos.
Mallea precisó que “lo que queremos tener es el plan, la gestión planificada del gobierno del ARI, y que sea una imagen como debe ser del presupuesto provincial”.

Sin devengados

Señaló que como el Presupuesto 2008 no se ha sancionado, hubo una reconducción del presupuesto 2007, por lo cual “nos interesa conocer qué porcentajes de los recursos que dispone la provincia están asignados a Salud, a Educación, a la apertura de caminos, qué lugar ocupa el empleo, que lugar va a ocupar el fomento de la producción el desarrollo de la provincia”, enumeró entre otros temas.
Destacó el “valor significativo de la ley de presupuesto” y sostuvo que “cuando el presupuesto no aparece, a nosotros nos preocupa. Cuando el presupuesto no tiene número cierto, mucho más nos preocupa”, enfatizó.
Sin embargo esta preocupación no pudo ser resuelta en la reunión del jueves. Por el momento el gobierno se hizo eco del pedido de apertura de un espacio de diálogo, pero falta la información.

Los listados paralelos

Respecto de la existencia de unos 40 listados diferentes de trabajadores del Megapase, Mallea aseguró que se realiza desde el gremio un trabajo diario con los trabajadores pero que “la información no la tenemos entregada todavía. Se pidió y la gobernadora se comprometió a suministrar la información de que dispone”.
Admitió que los listados no coinciden pero remarcó que “es absoluta responsabilidad del Ejecutivo, de la gobernadora, de los secretarios, y aun los legisladores porque quienes legislan son el organismo de control, tener esa información debidamente certificada”.
A la luz de estas declaraciones, el gobierno no tendría claro todavía cuáles fueron los ingresos y, de hecho, el ministro Aramburu la semana pasada tuvo que reconocer que no puede precisar la cantidad de empleados de planta que existe actualmente, estimados en 14.000.
“Ellos tienen que tener claridad. Les dijimos que nos tienen que suministrar como Poder Ejecutivo, como autoridad del Estado y en ese rol, información fidedigna –enfatizó la dirigente-. Nosotros también podemos certificarla, pero no es nuestra tarea estar certificando la información. Nuestra tarea es otra como sindicato, y esperamos avanzar ya con una información más concreta y cierta”, insistió.

Plan sin presupuesto

La dirigente de ATE consideró positivo que en la reunión del jueves se generara “un ámbito propicio para ir desentrañando algunas dudas que teníamos en el sindicato”.
Como ejemplo citó la presentación del plan de salud que hizo el gobierno, pero sin cuantificación presupuestaria. “Como no está cuantificado presupuestariamente, no se ha trasvasado a todos los integrantes del equipo de salud, luego es muy difícil poder poner en práctica una estrategia que ellos están enfatizando que es la atención primaria de salud, que implica una extensión de redes, una toma de decisiones en distintos niveles, y debemos saber con qué presupuesto contamos para esto”, dijo, marcando una cuestión básica para avanzar.
Además agregó que “en el plan de salud, presupuestariamente se admite desde el Poder Ejecutivo que solamente se ha erogado el 28 por ciento del presupuesto fijado en el 2007. Entonces preguntamos en la mesa qué acción ha desplegado el Ejecutivo para saber qué ha pasado con esa diferencia, dónde está, qué sucedió”, preguntó, puesto que sobrarían partidas pero faltan insumos básicos en los hospitales.
Sobre el tema, mencionó que existe un fallo judicial del 15 de diciembre que todavía no se cumple. “Si bien la gobernadora enfatizaba su rol de denunciante sobre las cosas que no cumplía la gestión anterior, le dijimos que tiene un fallo de cuando asumió que tampoco se cumple”, disparó Mallea, ampliando un fallo que ampara a la población frente a la carencia de elementos esenciales para la atención médica.
Así, explicó que el fallo “fue el resultado de un amparo presentado por ATE ante la insuficiencia de recursos para insumos y reactivos en el laboratorio de análisis clínicos del hospital de Ushuaia. En el año 2007 las compras fueron muy esforzadas, solamente con el presupuesto del hospital, no del presupuesto general; esto hizo que se fueran acabando los stocks y que llegáramos a atender solamente urgencias. Esto no se ha modificado hasta el día de hoy”, afirmó.
“Seguimos teniendo faltantes y el laboratorio está emitiendo análisis que dicen ‘sin reactivos’ para algunas determinaciones. Se está en el día a día con algunos reactivos del laboratorio y otros directamente no hay”, sentenció la sindicalista.
Esta realidad se contradice con el cumplimiento de un mandato judicial, que ordenó al Estado contar con todos los reactivos e insumos para todos los ciudadanos, “no importa si es urgente o no, si son internados, ambulatorios. Todo es de todos porque ese es el servicio público que se brinda. Eso no se ha modificado”, dijo nuevamente Mallea, con el agregado de otro incumplimiento: la conformación de la comisión de seguimiento que debía velar para que se cumpliera la orden judicial, cuestión que fue reclamada a la gobernadora.

¿Desvío de fondos?

La situación crítica en salud y la ejecución del presupuesto, que no llega al 30 por ciento, plantean la posibilidad de un desvío de fondos. El gremio seguirá a la espera de respuesta sobre este tema porque reclama “conocer lo que se llama presupuestariamente los montos devengados, qué se ha pagado, dónde se ha destinado el dinero”.
“Compartimos profundamente con la gobernadora que el destino de los fondos debe ser utilizado para el fin que fue creado. De ahí pedimos el devengado, que hasta ahora no lo tenemos. Ayer se quedaron hasta altas horas esperando fotocopia de esto y evaluaremos qué se nos ha suministrado”, apuntó.
Consultada sobre la necesidad de fijar un porcentaje del presupuesto anual como piso mínimo para Salud, la dirigente no quiso anticipar ese porcentaje. Sí señaló que en la provincia hay una migración importante, una población móvil, y que si bien Educación tiene un piso del 25 por ciento por ley, en Salud no está definido pero “tiene que ser superior al que ha tenido hasta ahora”.
Reiteró que “en el caso de Salud no hemos tenido la misma disposición de información ni la misma posibilidad de conocerla, en eso tenemos cierta desventaja, porque las autoridades nunca han querido brindar información –sostuvo-. Hoy estamos encontrando cierto canal posible y disposición de información pero falta detallarla, que es lo que pedí: un discriminado de lo que nos corresponde a nosotros porque no está. Hay una reconducción de montos pero no está discriminado, y los globales no me sirven en Salud”.
Con esto dejó claro que además del gasto en personal, es necesario saber cuánto se piensa destinar a prestación de servicios, a insumos, a equipamiento, a capacitación. “Todo eso hace a la prestación de salud”, subrayó, considerando que sin este detalle “es todo un diálogo en el aire”.


Confirmó el traslado de dos trabajadoras
Denuncia por reactivos vencidos

Alicia Mallea fue consultada sobre las versiones del traslado de dos trabajadoras del hospital que se negaron a utilizar reactivos vencidos, durante esta gestión.
Confirmó que “efectivamente hay dos compañeras que han sido reubicadas desde su servicio a otro servicio”, y cargó buena parte de la responsabilidad en las autoridades salientes de salud, por no haber priorizado las prestaciones. “Esto hizo que se fueran perdiendo los stocks y que no hubiera material. La discontinuidad en la compra hace que se encuentren con que puede haber un elemento que ha caducado su fecha”, explicó.
Dejó claro que las normativas disponen cómo debe actuar el trabajador frente a un caso de esta naturaleza. “A nosotros nos competen responsabilidades legales, y las compañeras en su momento consideraron que si se daba la situación de tener reactivos en esta situación, no debían ser usados”.
Pese a la gravedad del tema, todavía desde las autoridades no queda claro qué se va a hacer con los pacientes y “es muy duro para el trabajador tomar decisiones que no le corresponden”, observó Mallea.
En una reciente entrevista, el subsecretario de Políticas de Salud Juan Gómez Carrillo dijo desconocer esta situación. Las declaraciones merecieron una observación de la sindicalista: “No me sorprende porque no hay una visión integral de la problemática de la salud. Y no me sorprende tampoco porque las autoridades que dirigen la salud hoy en la provincia no son recién llegadas al ámbito de la conducción: vienen prestando funciones de la gestión anterior, donde ya había cierto desinterés. En general es la misma gente”, afirmó.
Al margen de lo que decidan las autoridades, desde el gremio se agotarán las vías administrativas de reclamo, y luego seguirán las acciones judiciales, “del mismo modo que lo ha hecho la gobernadora”, apuntó Mallea.

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