Condenan al IPAUSS a pagar millonarias indemnizaciones

El Superior Tribunal de Justicia –bajo una nueva conformación– cumplió con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y decl...

El Superior Tribunal de Justicia –bajo una nueva conformación– cumplió con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y declaró nula la resolución Nº 949 de 2001, que fijó un tope a la jubilación de los jueces. La decisión implica una condena contra el mega instituto, que ahora deberá pagar a los ex magistrados y a todos aquellos jubilados que fueron alcanzados por dicha restricción, en la que impusieron el mentado "tope" jubilatorio a los jueces que se habían acogido al beneficio previsional por la ley 460, y que a entender del organismo no podían ganar más que el por entonces gobernador Carlos Manfredotti. Ahora el mega instituto deberá pagar la jubilación acorde al 82% móvil que ganan los magistrados en actividad, lo que implicará un desembolso sumamente importante de fondos, dado que la sentencia alcanza a personas que no son magistrados y que por aquel entonces también cobraban jubilaciones superiores a los 4500 pesos que percibía el Ejecutivo Provincial.

Los jueces Gonzalo Sagastume –y los subrogantes–, Walter Tabárez Guerrero y Francisco de la Torre hicieron lugar la semana pasada a la demanda interpuesta por el ex juez de la Corte Provincial, Omar Alberto Carranza. El ex juez, con el patrocinio letrado de los abogados Luis Augsburger (apoderado) y Mario Alberto Vandoni (patrocinante), salió airoso del pleito entablado contra el instituto previsional fueguino, al que cuestionaba por haber dictado la resolución Nº 949 que le había impuesto un tope jubilatorio a su beneficio previsional no pudiendo cobrar más de lo que percibía el gobernador por ese entonces.
El organismo aplicó el tope jubilatorio a partir de agosto de 2001 referenciándolo con la remuneración que percibía el gobernador por aplicación del artículo 73, inciso 4, de la Constitución Provincial.
Con distinta integración, el Superior Tribunal había declarado la aplicabilidad del tope jubilatorio dispuesto por resolución del IPPS Nº 949/01, aclarando que la merma en el haber jubilatorio no debía superar el 20% de lo que "le correspondiere percibir al beneficiario por aplicación de los porcentajes establecidos por la ley 460 en relación al salario del personal en actividad".
En su momento, los jueces Ricardo Klass, María del Carmen Battaini y Mario Arturo Robbio rechazaron recursos extraordinarios federal contra esa sentencia, por lo que los ex magistrados presentaron un recurso de queja directamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En noviembre del año pasado el máximo tribunal del país dijo que la negativa del Superior Tribunal fueguino era "ambigua" y que debía evaluar otros aspectos del caso, por lo que anuló el fallo que avalaba el tope jubilatorio y ordenó que se dictara una nueva sentencia.
Desde el organismo sostenían que el sueldo del gobernador adoptado como tope constitucional oportunamente fue consagrado por ley como lo exige la constitución provincial. En ese sentido señalaron que la Ley 542 de presupuesto para el año 2002, lo fijó en la suma de 4500 pesos y que dicho tope debía aplicarse coactivamente no solo a quienes se encuentran en actividad, sino también en forma extensiva a los funcionarios y agentes pasivos de los tres poderes del Estado provincial.
De ahí que con el dictado y aplicación de la resolución Nº 949/01 a partir del mes de agosto de 2001, el haber pleno de los jueces jubilados y de todos los que percibían haberes superiores a los 4500 pesos se redujo sustancialmente.
Para los ex magistrados, la polémica resolución resultaba contraria a derecho y consideraban que había sido dictada sin una "declaración de emergencia por parte de la autoridad competente". Además de considerarla "confiscatoria", entendían violaba los principios de movilidad, irreductibilidad y proporcionalidad que consagra el artículo 51 de la Constitución Provincial.
La 949 de 2001 fue dictada por el entonces Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS). La misma prosperó con los votos positivos de los por entonces directores, Héctor "Titi" Pena , Abrahán Vázquez, José Carlos Martínez y Daniel Masnú.
Para Sagastume, el Instituto demandado "se ha excedido en el uso de las atribuciones que como autoridad de aplicación le otorga la ley 244, y ha asumido equívocamente facultades reglamentarias al interpretar y disponer –sin fundamento valedero alguno– bajo la apariencia de una reliquidación de los haberes previsionales, un tope ilegal e inconstitucional en los beneficios jubilatorios de los actores".
Por eso declaró "nula de nulidad absoluta" dicha resolución y condenó con su voto –al que adhirieron Tabárez Guerrero y De la Torre– al ahora IPAUSS, a pagar a Carranza y otros ex magistrados y jubilados alcanzados por el tope, todo lo retenido desde 2001.

Dictada sin emergencia

Por otra parte, los jueces jubilados cuestionaban que la resolución 949/01 había sido dictada sin la declaración de emergencia y recordaron que Pena había dicho públicamente que "al IPPS le sobraba la plata" y que el organismo se encontraba entregando préstamos sin límite temporal a sus afiliados.
En cuanto a Masnú, el fallo menciona que al momento de fundamentar la imposición del tope "ese director no sostenía la crisis, sino que expresamente hacía referencia a la existencia de evasión previsional y la necesidad de recupero de los 208 millones de pesos salidos de las arcas del IPPS.
Para Sagastume, el artículo 36 de la ley Nº 534 tendría que "haber sido el antecedente normativo que precediera al dictado de la resolución Nº 949/01 que redujo los haberes previsionales", y si bien se declaró la emergencia en la ley de creación del IPAUSS, argumentando el estado de emergencia del sistema de seguridad social, la misma resultó "totalmente aislada e inconexa del resto del articulado".
El Juez del Superior Tribunal recuerda de los antecedentes legislativos de la época, la postura de la por entonces legisladora y actual gobernadora electa Fabiana Ríos. Señala que la misma "formuló quejas por la falta de tratamiento y discusión del nuevo texto del asunto Nº 111, criticando expresamente en lo que nos interesa para el tema en examen, el hecho de que se plantee una emergencia previsional sin siquiera haber fundamentado en comisión cuáles son las razones para esta declaración de emergencia".

El "palito" final para los ex directores

Antes de concluir y declarar la nulidad de la polémica resolución 949/01, Sagastume hizo un alto y llamó a la reflexión futura con una crítica hacia los ex directores que dictaron el acto administrativo.
En este sentido, el juez sostuvo que "(...) la falta de racionabilidad en el dictado de la resolución Nº 949/01 es palmaria...", y por ello "estimo apropiado a instar a la reflexión a los administradores del organismo previsonal para que en el futuro eviten tomar decisiones que perjudiquen y agravien injustificadamente a los verdaderos "dueños" de los fondos recaudados por aportes y contribuciones, que no son otros que los afiliados a ese sistema previsional (activos y pasivos)". Además y antes de condenar al IPAUSS a retribuir los fondos retenidos a los ex magistrados, agrega: "Más aún cuando so pretexto de interpretar el régimen que efectivamente les toca aplicar se desentienden de la hermenéutica establecida por el máximo tribunal de la provincia que, como es sabido, es el último intérprete de las cláusulas constitucionales y de la ley".