La denuncia de Ontoria y la busqueda de proteccion

Tanto ha corroído la corrupción los cimientos de las instituciones, que hoy no hay funcionario que no esté bajo sospecha. Todos los que está...

Tanto ha corroído la corrupción los cimientos de las instituciones, que hoy no hay funcionario que no esté bajo sospecha. Todos los que están cerca o dentro del poder son posibles corruptos, desgraciadamente. Ello permite a los cultores de la conspiración denunciar cuanto les viene en gana, sin riesgo de ser castigados cuando ponen irresponsablemente en peligro la paz social. "Su clara temeridad ha alcanzado características que no pueden ser pasadas por alto. Con ella se ha producido la movilización y verdadera preocupación, tanto de la sociedad en su conjunto como así también de representantes legislativos, engañándolos".No es una declaración política subida de tono en medio de un debate encendido. Es la tajante descalificación hecha por un Juez de la Provincia respecto de una denuncia penal, presentada por una funcionaria pública.

La información objetiva, dada a la prensa esta semana, dice que el juez de Instrucción de Ushuaia Javier de Gamas Soler desestimó el requerimiento fiscal promovido por denuncia de la Tesorera General de Gobierno, Fabiana Andrea Ontoria, quien imputó al Gobernador de la Provincia por la supuesta utilización de partidas específicas en la satisfacción de gastos corrientes, un delito gravísimo desde el punto de vista administrativo.
Una simple pericia contable, pedida por la Justicia, permitió inferir que los movimientos entre cuentas cuestionado por la funcionaria denunciante es "una práctica habitual y que la misma funcionaria la había avalado con anterioridad".
Juzga el magistrado -y así lo hace saber en el rechazo in limine de la denuncia- que la funcionaria actuó con "temeridad" y "engaño" por haber impulsado con falacias al legislador del ARI Manuel Raimbault, a acompañarla en su presentación penal.
El Juez considera a la de la funcionaria acusadora como una "caprichosa actitud negativa" que sin embargo "no puede, bajo ningún aspecto, paralizar el normal desarrollo de las instituciones, y mucho menos admitirse que con su deliberada actitud ponga en juego la paz social que debe reinar en todo Estado de derecho, y que a su vez, debe ser propiciada y sostenida por los mismos funcionarios, como el caso de Ontoria".


Nada es gratis

A partir de este considerando judicial, cabe preguntarse hasta qué punto en los últimos tiempos las instituciones de la Provincia han venido quedando a merced de caprichos y jugadas políticas de impensables orígenes y objetivos inconfesables.
¿Qué razones caben para que la dententora de un cargo tan sensible, vital para la administración de gobierno, con un carácter casi de "intocable" en su estabilidad se decida a impulsar una denuncia como la descripta, que merece de la Justicia semejante descalificación, tanto jurídica como política?.
¿Hasta qué punto el legislador de marras se dejó "engañar" y cuánto se lo puede considerar partícipe de un accionar irresponsable, destinado sólo a terminar de roer los cimientos de un gobierno ya inestable?
Cabe aquí dejar registro de la conmoción que provocó -pocos días atrás- la presentación de la denuncia de Ontoria, hasta el extremo de que algunos sectores políticos se atrevieron a hablar de la inminente renuncia del gobernador, por el tono escandaloso de la acusación, agravada por la investidura de la denunciante.
No es Ontoría el primer funcionario de este gobierno (como del anterior) que se aleja o se rebela impensadamente, arrojando imputaciones de elevado tenor, descalificando a sus superiores o
-portando un falso disfraz de "arrepentidos"- buscan minar en lo posible la estructura de poder en la cual hasta apenas un instante atrás ocuparan lugares de relieve.
Estos operativos de fuga -como es lógico- nunca están desprovistos de un efecto político singular, lo que obliga a inferir que en su mayoría tienen también un disparador del mismo tenor, una búsqueda de rédito personal o sectorial espurio y un grupo infaltable de beneficiarios del descrédito aportado al oficialismo.
En este punto, es dable también recordar el modo como se lo expulsó del poder al último gobernador de la Provincia, lapidado por innumerables denuncias mediáticas y judiciales, acusaciones de corrupción de todo tipo y operativos de descrédito como quizás nunca se ha visto en Tierra del Fuego. Esas denuncias, sin embargo, encuentran cada vez más dificultades para lograr ser avaladas en la Justicia, y es inevitable pensar hasta qué punto los intereses políticos sectoriales han logrado romper la continuidad institucional, permitiendo que un pequeño grupo faccioso desestabilice la paz social y el Estado de Derecho, tal como reprocha el Juez de Gamas Soler en su dictamen.

Prevenir

La suerte de Cóccaro está echada, por virtud e imperio del juego democrático. Los votos de la sociedad han dictaminado que este gobernador deje de serlo próximamente y que una nueva gestión, con un signo político muy diferente, se hagan cargo de las riendas del poder en la Provincia.
El recambio de signo político es tan contundente, que el partido entrante se ha animado a afirmar que hay "un cambio de sistema" en el gobierno de Tierra del Fuego. Pasa a gobernar el Estado provincial un grupo de dirigentes completamente distinto, habrá otra interpretación del ejercicio del poder y -por contraste-muchos que por décadas han mandado, hoy están quedando afuera, expulsados por decisión del electorado.
El choque de intereses, la colisión del sistema imperante con el sobreviviente será inevitable, los roces pueden ser muchos más severos de lo deseable y el ARI en el gobierno deberá estar muy bien prevenido de lo que puede ocurrir.
Pasan a actuar como oposición actores políticos que de operativos y de influencia conocen demasiado, que están ansiosos por volver a interferir en los destinos del Estado y que tienen, dentro de la estructura burocrática, aparatos montados cuyo accionar no dejará de ser un entorpecimiento para la gestión de gobierno.
Desde que un legislador de su propio partido intervino en la desprejuiciada denuncia de Ontoría, el ARI deberá asumir que en su permanente prédica denunciante, en su pertinaz accionar opositor, ha cometido errores y excesos que muchas veces pueden haber puesto en vilo la estabilidad institucional.
El entorpecimiento de la gestión de gobierno, es, del mismo modo, el juego favorito de muchos políticos de carácter malsano cuando están fuera de la vitrina del poder.
Serán muchos los inescrupulosos que dediquen sus tiempos libres a pensar estrategias de corrosión del gobierno, sin importarles en lo más mínimo la paz social.
Cabe esperar del gobierno entrante una alta dosis de autocrítica, de tolerancia y de prevención, que le otorgue el apoyo colectivo cuando estos operativos se hagan ver nuevamente.
Que quienes han quedado del lado de la oposición, sepan actuar con máxima responsabilidad, sin entrar a renovar esa fatídica costumbre de generar escándalos por doquier, con la intención de desestabilizar al que gobierna, pero con la consecuencia obligada un grave daño a la salud de las instituciones, donde hoy por hoy todos están bajo sospecha, todos son posibles corruptos, y donde denunciar sin fundamento ha sido un juego demasiado fácil de jugar y sin castigo para los que se equivocan.

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