Denuncian al director de la Penitenciaría y a un agente condenado por abuso sexual por presuntas irregularidades vinculadas al cobro de haberes estata
La presentación fue realizada por Graciela Flamenco, quien solicita que se investiguen posibles hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública, nombramientos ilegales, encubrimiento agravado y malversación de caudales públicos.
Según surge de la denuncia, la situación reviste una particular gravedad debido a que David Ciares fue condenado de manera firme por la Justicia y, pese a ello, habría continuado percibiendo haberes del Estado provincial durante varios meses.
Una condena firme que abrió nuevos interrogantes
El caso tiene como antecedente la resolución del Superior Tribunal de Justicia que, en noviembre de 2024, confirmó la condena de tres años de prisión en suspenso contra David Ciares por abuso sexual simple reiterado. (VER NOTA)
A partir de esa sentencia firme, la denunciante sostiene que correspondía adoptar medidas administrativas dentro de la fuerza penitenciaria, algo que, según afirma, no habría ocurrido. La presentación judicial advierte que el agente no habría sido exonerado del Servicio Penitenciario y cuestiona la posibilidad de que continúe vinculado a la institución.
Además, señala que la permanencia de beneficios laborales o la eventual continuidad dentro del sistema penitenciario podría generar preocupación por el impacto institucional y por las responsabilidades de los funcionarios encargados de ejecutar las medidas administrativas derivadas de la condena.
Haberes percibidos tras la condena
Uno de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con el presunto cobro de salarios estatales luego de quedar firme la condena judicial.
De acuerdo con la presentación, David Ciares habría continuado percibiendo haberes provinciales hasta junio de 2025, situación que para la denunciante representa un perjuicio económico para el Estado y una posible utilización irregular de fondos públicos. (VER NOTA)
En ese contexto, la acusación también apunta contra Ariel Ciares en su calidad de máxima autoridad del Servicio Penitenciario Provincial, al considerar que debía adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas correspondientes.
Un caso que vuelve a poner bajo la lupa al Estado
La denuncia abre una nueva instancia judicial que buscará determinar si existieron responsabilidades penales o administrativas en torno a la situación del agente condenado y la actuación de las autoridades penitenciarias.
Mientras la Justicia analiza la presentación, el caso vuelve a instalar interrogantes sobre los mecanismos de control interno dentro de organismos estatales y sobre las decisiones adoptadas por las autoridades provinciales frente a funcionarios o agentes alcanzados por condenas judiciales firmes.
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