Terminó la etapa de testimonios en el juicio por las viviendas de ATE y comenzarán los alegatos en Ushuaia.
En la causa están imputados Carlos Córdoba y Miguel Arana por 22 hechos relacionados con presuntas maniobras defraudatorias vinculadas a la operatoria habitacional desarrollada en el sector Barrancas del Río Pipo. Además, Eric Moscoso Panozo enfrenta acusaciones vinculadas a presuntas maniobras de lavado de activos.
Durante la etapa testimonial, que se extendió durante toda la semana, declararon un total de 24 personas, entre ellas ex funcionarios, trabajadores del Instituto Provincial de Vivienda y denunciantes que aseguran haber sido perjudicados por las operatorias investigadas.
Uno de los testimonios más relevantes fue el del ex presidente del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Gustavo Vázquez, quien confirmó ante el Tribunal que los imputados realizaban gestiones relacionadas con la entrega de viviendas correspondientes al programa habitacional.
También declaró una funcionaria del área Social del IPV que intervino en la operatoria de adjudicación. Según expuso ante la Justicia, se detectaron al menos siete postulantes presentados por ATE que no cumplían con los requisitos establecidos por el organismo, debido a que no eran empleados estatales.
En la última audiencia, Carlos Córdoba solicitó ampliar su declaración indagatoria y rechazó las acusaciones formuladas en su contra. Durante su exposición sostuvo que desde el sindicato “siempre quisieron ayudar a las personas que necesitaban una vivienda”.
El juicio continuará el próximo miércoles desde las 9:30 con el inicio de los alegatos. Está previsto que el fiscal Daniel Curtale exponga primero la acusación y posteriormente será el turno de los abogados defensores. No se descarta que las exposiciones deban extenderse a una segunda jornada debido a la complejidad de la causa.
El avance del juicio vuelve a poner bajo la lupa el manejo de programas habitacionales en Tierra del Fuego y las históricas denuncias sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de viviendas sociales. La causa no solo tiene impacto judicial, sino también político y sindical, en un contexto donde el acceso a la vivienda continúa siendo una de las principales problemáticas sociales de la provincia.
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