Rios vetará la modificación a la ley 495 de entes

Luego de que el Parlamento fueguino aprobara hoy una modificación a la ley de Administración Financiera para excluir la afectación de los re...

Luego de que el Parlamento fueguino aprobara hoy una modificación a la ley de Administración Financiera para excluir la afectación de los recursos de los entes autárquicos a la Cuenta Única del Tesoro, la gobernadora Fabiana Ríos anunció, que vetará la modificación.
La iniciativa fue impulsada por representantes de los gremios de Puertos, IPV, Energía, Obras Sanitarias y Vialidad. El bloque oficialista habilitó el tratamiento del proyecto, pero votó en contra.

En una para nada meditada decisión, la Legislatura resolvió aprobar sobre tablas una modificación a la ley de Administración Financiera, por la cual se vedó la posibilidad de que los fondos de los entes autárquicos sean afectados a la Cuenta Única del Tesoro.
El apresurado ánimo reformista también alcanzó a dos de las cláusulas permanentes contenidas en la ley de presupuesto 2003.
De esa manera se determinó que los excedentes presupuestarios de los entes autárquicos no puedan ser acreditados a Rentas Generales.
El tratamiento del proyecto impulsado por representantes de los gremios de Puertos, IPV, Energía, Obras Sanitarias y Vialidad fue seguido de cerca por una importante y ruidosa cantidad de agentes de los entes estatales alcanzados por el decreto 593/08.
Los manifestantes arribaron, al son de los bombos, al edificio que alberga el recinto de sesiones del Parlamento a hora temprana, y junto a sus dirigentes comenzaron a reclamar la inmediata aprobación de la propuesta.
Las negociaciones entre gremialistas y legisladores se prolongaron por cerca de 3 horas.
La suerte del proyecto se resolvió tras un encuentro que los representantes de los empleados mantuvieron con la totalidad de los integrantes del bloque del ARI.
En esa última reunión, desde el sector gremial se cuestionó que el decreto haya sido dictado sin consulta previa alguna a los propios entes.
Se precisó que esa actitud habría generado un alto grado de desconfianza en el Gobierno, por lo que rechazaron como válida la propuesta de la Gobernadora de dejar en suspenso la vigencia del decreto hasta la reunión que durante el día de mañana mantendrá con los gremios que se han rebelado contra la cuestionada norma.
Ante estos planteos, los legisladores oficialistas accedieron, a regañadientes, a permitir con sus votos que el asunto tomara estado parlamentario y fuera tratado sobre tablas, pero oponiéndose a su aprobación.
El trámite de aprobación del proyecto fue acompañado por duras críticas de los presentes y del legislador radical Luis Velásquez contra la gestión del ARI y la postura adoptada por el bloque del oficialismo, siendo el legislador Raimbault el centro de los más duros cuestionamientos.
Finalmente, y ante un clima de marcada algarabía de los trabajadores, el proyecto fue aprobado con los votos favorables de los legisladores que integran los bloques de la oposición.

Inoperancia legislativa

Tampoco dejó bien parados a los legisladores la decisión de volver a comisión el proyecto de reforma a la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Aunque resulte difícil de entender, tras casi dos meses de trabajo y con dictamen de comisión de por medio, los parlamentarios recién intentaron, en un extenso cuarto intermedio, consensuar sin éxito un texto definitivo.

Presidencias al fin

Tal vez lo más rescatable de esta segunda sesión ordinaria lo haya constituido el hecho de que por fin, oficialistas y opositores, se pudieron poner de acuerdo en la elección de autoridades de las comisiones de Educación, Salud, Justicia y Parlamento Patagónico, que estaban acéfalas desde el inicio del actual período legislativo.
En el arista Marinello recayó la responsabilidad de conducir la comisión de Educación; en el radical Velazquez la de Salud; en el legislador del Frente Ricardo Furlan la de Justicia, en tanto que en el Frentista Wilder la del Parlamento Patagónico.
También pudieron ponerse de acuerdo para designar a los representantes del Parlamento ante la Comisión del Área Aduanera Especial.
Como miembro titular se eligió al Frentista Adrián Fernández, y como suplente al arista Roberto Crocianelli.
Por otra parte, los 7 integrantes de la Sala Acusadora de Juicio Político resolvieron designar a la aritas Verónica De María como presidenta de ese cuerpo, y a De María (ARI), Wilder (FPV) y Frate (MPF) como integrante de la Comisión Investigadora de esa Sala.
Estos tres parlamentaria deberán abocarse de manera inmediata a analizar el pedido de juicio político presentado contra el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu.

Reforma insuficiente

La falta de análisis del proyecto de ley aprobado generó que las modificaciones acordadas no alcancen a cumplir con el objetivo buscado.
Ello, porque los parlamentarios olvidarán modificar el inciso c) del artículo72 de la ley de Administración Financiera, que es el que faculta a la Tesorería General de la Provincia a centralizar la recaudación de los recursos de la Administración central, organismos centralizados o descentralizados, autárquicos o no, bajo un sistema de cuenta única.

Lo que se modificó

Ley 495 (Administración Financiera)
Artículo 76 (original).
-Los fondos que administren las jurisdicciones y entidades y organismos centralizados y descentralizados sean éstos autárquicos o no, de la Administración provincial, se depositarán en cuentas del sistema bancario a la orden conjunta del jefe del servicio administrativo y del Tesorero o funcionario que haga sus veces.
Artículo 76 (modificado).
- Los fondos que administren las jurisdicciones y entidades y organismos centralizados y descentralizados, excluidos los entes autárquicos, de la Administración provincial, se depositarán en cuentas del sistema bancario a la orden conjunta del jefe del servicio administrativo y del Tesorero o funcionario que haga sus veces. Ley 568 (Presupuesto 2003)
Artículo 21 (original).
- Los resultados financieros positivos (superávit) que se registren en cada ejercicio, en cualquiera de los organismos del Sector Público provincial, centralizados o descentralizados, sean éstos autárquicos o no, así como los provenientes de programas, cuentas o fondos especiales o específicos, y no se encuentren devengados ni comprometidos al cierre de dicho período, deberán ser transferidos y remesados al primer día hábil subsiguiente a la Tesorería de la Provincia, la que dispondrá de los mismos según su origen y naturaleza, pudiendo proceder a su desafectación y acreditación a rentas generales, o bien a su reasignación al organismo cedente, según corresponda.
No alcanzará la presente disposición a los organismos de Seguridad Social.
Artículo 21 (modificado).
- Los resultados financieros positivos (superávit) que se registren en cada ejercicio, en cualquiera de los organismos del Sector Público provincial, centralizados o descentralizados, excluidos los entes autárquicos, así como los provenientes de programas, cuentas o fondos especiales o específicos, y no se encuentren devengados ni comprometidos al cierre de dicho período, deberán ser transferidos y remesados al primer día hábil subsiguiente a la Tesorería de la Provincia, la que dispondrá de los mismos según su origen y naturaleza, pudiendo proceder a su desafectación y acreditación a rentas generales, o bien a su reasignación al organismo cedente, según corresponda.
No alcanzará la presente disposición a los organismos de Seguridad Social.
Artículo 22 (original).
- Autorízase al Poder Ejecutivo provincial, a través de la Contaduría General de la Provincia, a efectuar la compensación de créditos y deudas que el Gobierno provincial tenga con los organismos descentralizados, autárquicos o no, excluido el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social, y de éstos entre sí.
La misma autorización se establece para con los otros Poderes del Estado provincial.
El resultado neto de estas operaciones se incorporará dentro del corriente ejercicio como créditos o deudas en la contabilidad patrimonial de la Administración Pública provincial.
Artículo 22 (modificado).
- Autorízase al Poder Ejecutivo provincial, a través de la Contaduría General de la Provincia, a efectuar la compensación de créditos y deudas que el Gobierno provincial tenga con los organismos descentralizados, y de éstos entre sí, excluidos los entes autárquicos.
La misma autorización se establece para con los otros Poderes del Estado provincial.
El resultado neto de estas operaciones se incorporará dentro del corriente ejercicio como créditos o deudas en la contabilidad patrimonial de la Administración Pública provincial.

PUNTO DE VISTA

La Legislatura del revés Lo sucedido en la sesión respecto de la modificación de la ley de Administración Financiera fue una clara y contundente muestra de la inconsistencia ideológica de la dirigencia política fueguina.
Los representantes parlamentarios de los partidos que en el pasado impulsaron y aprobaron la implementación de esa norma, y en consecuencia la adopción del sistema de Cuenta Unifica en la Provincia, ayer cambiaron, sin inmutarse, de postura al fijar límites al uso de esa herramienta financiera destinada a atender los desequilibrios estacionales de la caja estatal.
En tanto, aquellos que históricamente habían cuestionado a otros gobiernos por recurrir a ese tipo de herramientas, ayer se opusieron a establecer limitaciones a las mismas.
Una vez más quedó flotando la sensación de que las convicciones mutan según se sea oficialista u opositor.