Sin publicidad oficial medios con personal en negro

La Legislatura decidió incorporar las leyes laborales entre los requisitos para obtener publicidad oficial. Con un panorama abrumador de tra...

La Legislatura decidió incorporar las leyes laborales entre los requisitos para obtener publicidad oficial. Con un panorama abrumador de trabajadores en negro y precarizados en los medios de comunicación (ver informe), la Legislatura decidió incorporar a la ley de regulación de publicidad oficial, como requisito para contratar con el Estado, que se respeten los convenios colectivos y estatutos profesionales aplicables para los empleados. Fue en una nueva reunión de la comisión 3 realizada ayer en Río Grande, en la que se avanzó en el articulado de la norma regulatoria. Hubo propuestas del sector empresario para que se incorporen controles externos a lo que hoy son meras declaraciones juradas sobre la tirada de cada medio, que fueron bien recibidos por los legisladores y gremios. El debate va a continuar en fecha a fijar por la legisladora Ana Lía Collavino, presidente de la comisión.

Una nueva esperanza de regularización de trabajo en negro y precario volvió a abrirse ayer para los empleados de los medios de comunicación, a partir de la decisión de los legisladores de incorporar, entre los requisitos para contratar publicidad con el Estado, que sean respetados los estatutos profesionales y convenios colectivos que corresponden a cada rama del trabajo.
Fue durante la segunda reunión de la comisión 3 convocada para debatir la ley de regulación de publicidad oficial en Río Grande, a partir de las 15:00 y en instalaciones del CGP Padre Zink.
Participaron, además de los legisladores, representantes de los sindicatos de prensa de Ushuaia y Río Grande, del Sindicato Argentino de Televisión, propietarios de medios de comunicación de ambas ciudades, varios trabajadores de prensa del sector público y privado, y vecinos en general que decidieron presenciar el debate.
La legisladora Ana Lía Collavino, presidenta de la comisión 3, comenzó intentando buscar los puntos de coincidencia de los cinco proyectos ingresados hasta el momento, cuestión nada sencilla por la diversidad en la organización del articulado.
Puesto que todos los proyectos contemplan la creación de un Registro de Medios, ese fue el punto de partida para trabajar artículo por artículo el texto de la nueva ley.
La dirigente de FATPREN Fabiana Orqueda apuntó directamente a los requisitos de ese registro, y a la necesidad de condicionar las contrataciones al cumplimiento de los convenios colectivos y estatutos profesionales.
La legisladora Collavino, en principio, opinó que era más una cuestión a abordar desde otras áreas, como el Ministerio de Trabajo, pero los datos aportados sobre trabajadores en negro, incluso acreditados en el propio Poder Legislativo tal cual se dio a conocer con la exhibición del protocolo que cada año elabora el área de Prensa de la Legislatura, torcieron la postura inicial. A esto se sumó un breve informe sobre las denuncias penales presentadas por SIPREN, por incumplimientos de la Secretaría de Trabajo en la tramitación de sumarios y presunto encubrimiento a las empresas, que siguieron cobrando publicidad sin regularizar a sus empleados.

Una nueva herramienta

El legislador Luis Velázquez, por su parte, adelantó que volverá a ingresar el proyecto de ley de proveedores promovido por el Centro de Empleados de Comercio y aprobado durante el período anterior, pero luego vetado por el ex gobernador Hugo Cóccaro.
Esa iniciativa fijaba pautas similares, generales para todos los proveedores: la prohibición de contratar con el Estado si los proveedores no respetan los convenios y estatutos profesionales que rigen para sus trabajadores dependientes.
De aprobarse esta ley, cuya insistencia había quedado pendiente “con tratamiento preferencial sin fecha fija”, además de los trabajadores de los medios el resto de los empleados de las empresas que contratan con el Estado podrá contar con una herramienta que exija el respeto de las leyes laborales que los contienen.

Convenio por convenio

A la postura de los trabajadores de Prensa se sumó el SAT, a través de Mariano Ferraris, con una amplia exposición sobre la precarización de trabajadores que se desempeñan en canales privados y producciones televisivas independientes, y que también están en negro o mal pagos con salarios por debajo del mínimo vital y móvil, por el hábito de estas empresas de pagar, a lo sumo, el equivalente a media jornada de la escala de empleados de Comercio.
Ferraris sostuvo que debe explicitarse en la ley qué convenios corresponde aplicar, para no dejar librado a interpretaciones antojadizas como hasta ahora, con canales privados que hasta encuadran trabajadores en el convenio de la UOCRA.
Quedó claro para los parlamentarios que estas empresas han tratado de buscar la escala salarial más baja, observación que realizó Velázquez, en tanto Orqueda expuso que ya en 2006 se zanjó en Río Grande esta controversia sobre la representación de los trabajadores, con el reconocimiento del Centro de Empleados de Comercio de que no le competía la representación de los empleados de prensa.
La dirigente observó que esto todavía no se logró en Ushuaia, por lo cual manifestó su total adhesión al planteo del SAT y el respaldo para que la ley explicite los convenios que corresponde aplicar.

Un avance trascendental

De esta manera, una cuestión que en principio parecía quedar relegada a la esfera de la eventual reglamentación que pudiera realizar el Poder Ejecutivo, una vez aprobada la ley, será incorporada dentro del texto por los legisladores, en una señal clara de la voluntad política de colaborar en el respeto a los derechos de los trabajadores.
Por otro lado, el SIPREN dio a conocer que, así como se reclama el encuadre que corresponde, también en función de los costos de producción que aumentarán por los costos laborales, uno de los criterios a fijar por la ley para asignar mayor o menor monto de publicidad, debería ser la generación de empleo.
La propuesta fue bien recibida, en especial por empresas que avanzaron en la regularización de su personal y pagan cargas laborales en desigual situación con el resto. Este tema, junto con las mediciones de inserción de los medios, penetración en la sociedad y demás puntos que en general son contemplados en todos los proyectos, se seguirá tratando en nuevas reuniones de comisión.
La legisladora Collavino se comprometió, junto con el resto de los parlamentarios de la comisión 3, a elaborar un borrador que incorpore estos artículos consensuados, y hacerlo circular vía mail a todos los sectores que han enviado iniciativas legislativas y mostrado interés en realizar aportes, para ajustar la redacción definitiva.

La violación del Decreto 183/08

El incumplimiento del decreto de regulación de publicidad oficial que está en vigencia fue uno de los temas abordados en el encuentro. El legislador Velázquez, que presentará un pedido de informes en la próxima sesión, consultó acerca de si efectivamente el gobierno había contratado publicidad con medios de prensa que no tuvieran a sus trabajadores regularizados.
Desde el SIPREN la respuesta fue afirmativa y se recordaron las declaraciones del Secretario de Comunicación Institucional Alberto Noal, en las que identificó cinco empresas, de las cuales solamente dos cumplen con el encuadre en la ley 12.908 –fijado como requisito-, en tanto las otras tres tienen trabajadores en negro o encuadrados en un convenio colectivo que no los comprende. Las dos empresas que tienen todos los requisitos legales y laborales en regla son los diarios Provincia 23 y El Sureño.
Por otro lado hubo una revisión de los cambios producidos en los últimos cuatro años, para dilucidar si corresponde o no fijar un piso mínimo uniforme para todos los medios que contraten.
El SIPREN recordó el informe con el que cuenta la Legislatura desde marzo de 2006, y que da cuenta ya de la contratación de publicidad por parte del Estado con 78 medios de comunicación, cifra que habría trepado a los 120 durante la gestión de Cóccaro.
Con sorpresa, el legislador Ricardo Furlan preguntó sobre este dato y si eran todas empresas periodísticas de existencia real, y pudo conocer que la mayoría fueron medios que facturaban publicidad oficial, muchos de ellos desconocidos, otros sin producción propia de contenidos ni generación de empleo, y que incluso en la instrucción penal vinculada con la causa de Canal 13 y otra presentación posterior del SIPREN, se llegó a detectar que facturaban como proveedores quienes en realidad eran operadores de radio, móviles de exteriores, y hasta la empleada doméstica de una conductora televisiva.

Barajar y dar de nuevo

Con mucho por resolver en otras esferas respecto de las contrataciones del pasado cercano, la Legislatura cuanto menos intentará poner orden con una regulación que implica mucho más que una esperanza para los trabajadores o una seguridad de contratos estables para los medios, aspecto que forma parte de las propuestas tanto de los legisladores como del sector empresario y de los trabajadores: desde los sindicatos que defienden libertad de expresión se asegura que, con empleo estable y las garantías que la ley le da a los periodistas, también se abre la oportunidad de avanzar en la profesionalización del trabajo de prensa y en la consecuente mejora de la calidad de información que recibe la gente.

Nota Completa