Denuncian al ARI incumplimiento responsabilidad fiscal

El ex Subdirector de Evaluación Fiscal Marcelo Bahamondez realizó una denuncia ante la Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas por incumpli...

El ex Subdirector de Evaluación Fiscal Marcelo Bahamondez realizó una denuncia ante la Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas por incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal por parte del gobierno del ARI. La provincia había adherido tardíamente durante la gestión Cóccaro y, al hacerlo, condicionó el porcentaje de ingresos que debe destinar a gastos corrientes. La norma además obliga a una rendición trimestral y a la elaboración de un Presupuesto Plurianual. Las sanciones previstas van de la mera divulgación del incumplimiento, a la restricción en el envío de fondos nacionales y denegación de endeudamiento.

Con fecha 12 de marzo del corriente año Marcelo Bahamondez, ex Subdirector de Evaluación Fiscal ante el Consejo Asesor creado por la ley de responsabilidad fiscal durante el gobierno de Hugo Cóccaro, elevó una denuncia al Fiscal de Estado y otra al Tribunal de Cuentas, por incumplimiento de las disposiciones de la norma.
La ley es de carácter nacional y fue aprobada el 4 de agosto de 2004 por el Congreso, aunque Tierra del Fuego adhirió tardíamente con la aprobación de la ley N° 694 el 27 de abril de 2006.
El incumplimiento no es reciente y comenzó con la aprobación misma de la adhesión, puesto que la provincia debió condicionar el aumento del gasto a un incremento proporcional de sus ingresos.
Ahora el Fiscal de Estado y el Presidente del Tribunal de Cuentas Rodolfo Fehrmann deberán expedirse sobre el tema, cuestión que ameritará un exhaustivo análisis de datos que, el mismo gobierno del ARI, dice que todavía no tiene. Entre ellos, el número exacto de personal empleado por la administración pública.

Las presentaciones

El texto de las denuncias es idéntico y sólo se modifica el remitente. Bahamondez expone “la vulnerabilidad” en la que se encuentra la provincia, puesto que la ley nacional preve sanciones.
“Si el Consejo Federal –creado por la propia ley- no cuenta con la totalidad de la información requerida para el proceso de homogeneización y conciliación pertinente a la evolución de las cuentas provinciales, no podrá realizar la evaluación sobre la ejecución presupuestaria anual ni tampoco podrá completar el proceso de validación de la misma”, indica el denunciante.
A título ilustrativo, menciona que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, al momento de definir la sanción que debe aplicar, guardará “una razonable correspondencia con las aplicadas en casos análogos, atendiendo al incumplimiento verificado y a las demás circunstancias que rodean el caso (…); y en particular, en la Jurisdicción involucrada en la sanción y la evolución en su comportamiento fiscal”.

Un párrafo para pensar

En el cuerpo central de la presentación, el ex funcionario coccarista da a conocer las sanciones que fueron fijadas por la norma en cuestión. Entre ellas figura:
a) La divulgación de la situación de incumplimiento de cualquiera de las Jurisdicciones comprendidas en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal en todas las páginas web de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gobierno Nacional.
b) La restricción del derecho a voto en el Consejo.
c) Restricciones en el otorgamiento de nuevos beneficios impositivos nacionales destinados a los agentes del sector privado con domicilio o actividad económica en la Jurisdicción que haya incumplido. En este caso la adhesión provincial resguardo el régimen de promoción industrial vigente por ley 19.640.
d) La limitación en el otorgamiento de avales y garantías por parte del Gobierno Nacional.
e) La denegación de autorización para las operatorias de nuevo endeudamiento.
f) La limitación de las transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional con destino a las Jurisdicciones que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática.

El aviso

Marcelo Bahamondez, cuyo número de legajo consigna al pie de las notas junto a su firma, presentó otra nota el día anterior, esta vez dirigida a Néstor Adolfo Contini, actual Secretario de Hacienda.
Por ella le comunica que “en función de las obligaciones establecidas en el artículo 16° del Reglamento Interno del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, el Comité Ejecutivo realiza el seguimiento de la evolución fiscal de la Provincia adherida a la Ley Nacional 25917 por Ley Provincial 694”.
Informa además que “el comportamiento de las cuentas fiscales y financieras conforme a lo establecido por el artículo 19 de la Ley 25917 y su Decreto Reglamentario 1731/04 en lo referido a la ejecución presupuestaria acumulada es homogeneizada y validada por la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, dependiente de la Subsecretaría de Relaciones con Provincias del Ministerio de Economía y Producción de la Nación”.
Asimismo, expone que eleva el informe a los efectos de “evitar un deslizamiento hacia incumplimientos flagrantes a la Ley 25917, que probablemente nuestra Provincia podría ser objeto de aplicación de eventuales sanciones”.
Además, opina que “las reglas fiscales favorecen la consecución de objetivos de política fiscal relevante a medio y largo plazo, con lo cual se facilita una mayor sostenibilidad (sic, por ‘sustentabilidad’) de las cuentas públicas, y una mayor eficiencia en los gastos y los ingresos públicos”.
En este contexto, sostiene que “la Ley de Responsabilidad Fiscal contempla un incentivo importante para su cumplimiento ya que las provincias que no cuenten con el financiamiento necesario para la atención de su deuda pueden concretar programas de financiamiento con la Nación”, pero subraya que “sólo en la medida que las mismas observen pautas de comportamiento fiscal compatibles con los objetivos de la Ley” podrán acceder a ese financiamiento.
“Por ende resulta necesario dar importancia estratégica al cumplimiento de la presente norma ya que no sería deseable que los Programas de Asistencia Financiera para nuestra Provincia queden sin efecto por falta de cumplimiento de información fiscal”, advierte Bahamondez.
Finalmente, indica que por estar la unidad fuera del sistema SIGA, para preparar la información fiscal es necesario generar varios listados o informes gerenciales, los cuales detalla:
-Ejecución presupuestaria completa (por cuenta, crédito votado, modificaciones, crédito vigente, reservas. Saldos, preventivo, definitivo, devengado, mandado a pagar, pagado) que denomina ‘INFORME B3ID’;
-Ejecución presupuestaria de recursos percibidos, que denomina ‘INFORME e2dcbb’;
-Listado de libramiento de pago diferido, comprobantes de cancelación emitidos, que denomina ‘INFORME B3JADE’;
-Listado de libramientos emitidos, letras del tesoro, que denomina ‘B3JAH’
“Sin estos listados, esta Unidad está imposibilitada de elaborar el esquema ahorro-inversión-financiamiento como históricamente se viene realizando”, asegura, como también que “para conseguir el nombre de usuario y la contraseña a efectos de acceder al SIGA, esta Unidad ha cursado notas a la Secretaría de Informática y Comunicaciones obteniendo la respuesta verbal que al encontrarse la Unidad sin Director, por estructura orgánica debe ser la Secretaría de Hacienda, como responsable de esta Unidad, que autorice los permisos correspondientes a efectos de que el que suscribe pueda acceder a los listados que genera el SIGA y así elaborar la información antes mencionada”.

Desplazado del cargo

Las presentaciones de Bahamondez al Fiscal de Estado y al Tribunal de Cuentas contienen en su parte final copia de la nota que elevó el 27 de febrero de este año a Contini, tras ser separado del cargo que desempeñaba.
Asegura que tras el dictado del decreto N° 93/08, que modificó la estructura orgánica, “a los agentes de esta Dirección no se les ha comunicado su situación escalafonaria y de revista desde su dictado”.
Da cuenta de que es un “empleado público de carrera, con más de 22 años de antigüedad, (13 años en la Dirección de Estadística; 7 años en la Dirección de Presupuesto y más de 2 años en la Unidad de Evaluación Fiscal)” y señala que tanto el cargo de Subdirector General de Evaluación Fiscal que tenía, como el cargo del ex ministro Raúl Berrone en la Dirección General no correspondían a “personal asignado a funciones políticas, ya que históricamente nuestra Dirección General, se ha abocado a los aspectos técnicos, y se (h)a encargado de cumplir la normativa metodológica establecida en las Leyes 487 y 694, satisfaciendo las exigencias de información financiera en materia de evolución de cuentas públicas consagradas en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal”.
Bahamondez reclama que repare la situación escalafonaria y que no se lo separe del cargo “damnificando nuestra estabilidad en el empleo público de carrera”, como también que se le indique en qué espacio físico se ubicará la Unidad “a efectos de trasladar el equipamiento informático, documentación y biblioteca especializada en administración financiera pública”.