150 denuncias penales por irregularidades Obras Publicas

El Ministerio de Obras Públicas de la provincia se encuentra ultimando detalles de lo que será un paquete de denuncias penales frente a supu...

El Ministerio de Obras Públicas de la provincia se encuentra ultimando detalles de lo que será un paquete de denuncias penales frente a supuestas irregularidades que habrían sido detectadas en expedientes y pagos efectuados durante la gestión anterior, basados en resoluciones del Tribunal de Cuentas, hay alrededor de 150 expedientes que están siendo investigados. La mayoría son obras en establecimientos escolares que fueron ejecutadas a través de la emergencia edilicia y con fondos que habrían llegado desde Nación, el ministro Daniel Lépez indicó que hubo algunas obras contratadas que ni siquiera comenzaron y otras que no fueron finalizadas, a pesar que el expediente correspondiente había sido abonado. Se creará una comisión para que determine el perjuicio y arbitrar la denuncia penal y el pedido de un resarcimiento económico el favor del Estado.

El ministro de Obras Públicas, Daniel Lépez, precisó que «cuando ingresamos a Casa de Gobierno el 18 de diciembre, no sólo nos encontramos con un caos financiero, sino también con un caos administrativo, dada la existencia de numerosa cantidad de expedientes cuya ubicación física no respondía a lo que el sistema de seguimiento informático determinaba dónde se encontraba».
«Nos encontramos -amplió Lépez- con alrededor de 40 ó 50 expedientes en el ámbito de la delegación de Zona Norte, alrededor de 30 ó 40 expedientes en el Ministerio de Economía, en la zona de Contaduría y Tesorería, y otros 80 u 90 expedientes en el Ministerio de Obras Públicas. Cuando pudimos concentrar físicamente todos esos expedientes, entramos a investigar y vimos que algunos de esos habían sido cancelados, o sea abonada la contratación, a pesar que existían fuertes objeciones por parte del Tribunal de Cuentas».
«Incluso en algunos el Tribunal de Cuentas había determinado bajo resolución el perjuicio fiscal para la provincia», recordó.
Por tal desde esa cartera se conformará una comisión investigadora, para que éste determine cuáles de esos expedientes podrían terminar en una denuncia penal, independientemente de devolverlo al Tribunal para que pida el resarcimiento económico, a través de la justicia civil, ya que en este perjuicio estarían involucrados funcionarios políticos de la anterior gestión y personal de planta.
Se supo que estos expedientes estaban orientados a obras ejecutadas en el transcurso del año pasado, a partir de enero o febrero, basados en el decreto de emergencia edilicia que se firmó sobre fines de 2006, a través del cual se suscribió un convenio con Nación de un auxilio financiero de unos 32 millones de pesos y eran obras ejecutadas en el ámbito de los edificios escolares.
A través del decreto emergencia, las autoridades anteriores determinaron ejecutar estas obras por la ley de contabilidad, lo cual «les permitió en forma absolutamente irregular, según lo determinado por el Tribunal de Cuentas, hacer anticipos financieros de hasta un 50% del monto total de la obra, y en algunos casos las obras ni siquiera fueron comenzadas, y en aquellos casos en los expedientes que fueron cancelados no fueron terminadas las obras».