La información oficial sólo podrá conocerse cuando resuelva la Sala Acusadora, en 20 días. Pero trascendió que los "investigadores...
La información oficial sólo podrá conocerse cuando resuelva la Sala Acusadora, en 20 días. Pero trascendió que los "investigadores" emitieron dos dictámenes distintos, aunque en el mismo sentido: que se rechace la solicitud de enjuiciamiento. Ahora es la Acusadora la que con estos elementos debe determinar si suspende al mandatario y lo somete a juicio político o no.Los trascendidos dan cuenta que los legisladores Miguel Portela, Luis Velázquez y Virginia López habrían coincidido en que de la denuncia y las testimoniales tomadas no surgirían elementos de peso que ameriten imputar responsabilidad política al Gobernador, pero que a pesar de ello no existiría unanimidad plena de criterios, por lo que uno de los dos dictámenes instaría al Poder Legislativo a impulsar una profunda investigación de la gestión gubernamental que conduce Hugo Omar Cóccaro.
Ahora será la Sala Acusadora en su conjunto la que tome la decisión final de hacer lugar o no al pedido contra Cóccaro. De considerarse viable la acusación, el mandatario será suspendido en su cargo como ocurrió con su antecesor, Jorge Colazo, quien finalmente fue destituido.
Según trascendió, la diferencia entre los dictámenes emitidos por la Comisión Investigadora es que uno deja sujeta una posible sanción contra Cóccaro, de encontrarse irregularidades en su administración a un eventual juicio de residencia, a lo que en realidad pueden ser sometidos todos los funcionarios públicos.
Según la ley, la Comisión Investigadora cuenta desde ayer con un plazo de 48 horas hábiles para elevar su dictamen a la Sala Acusadora, la que integran juntamente con los legisladores Carlos Saladino (PJ), Roberto Frate (MPF), Manuel Raimbault (ARI) y Norma Martínez (26 de Abril).
Una vez recibidas las actuaciones, los siete legisladores acusadores contarán con un plazo de 20 días hábiles para resolver si desechan la denuncia o sostienen la acusación ante la Sala Juzgadora. La decisión debe adoptarse por el voto nominal de los dos tercios de la totalidad de sus miembros.
Si la votación fuere afirmativa al enjuiciamiento designará una comisión integrada por tres de sus miembros para que sostenga la acusación ante la otra sala, debiendo por lo menos uno de ellos ser integrante de la Comisión Investigadora, y en el mismo acto notificará al interesado sobre la existencia de la acusación y sus antecedentes, lo suspenderá en sus funciones sin goce de retribución y comunicará lo actuado a la Sala Juzgadora.
El pedido de juicio político fue efectuado por el abogado Alejandro de la Riva, que acusa a Cóccaro de mal desempeño en sus funciones.
Si no le hacen juicio politico al señor coccaro que los legisladores renuncien a sus bancas.
ResponderBorrarque increible pcia, a colazo lo hecharon por la misma causa que lo denunciaron ahora a coccaro, el no transferir en tiempo y forma la coparticipacion a las municipalidades, a colazo en la justicia lo denuncio coccaro, y eso fue lo que motorizo el juicio politico y luego la destitucion de este impresentable de colazo, ahora bien, coccaro, esta en la misma situacion que colazo, solo que este tonto puso a todos los colaboradores de los legisladores de ministros, secretarios subsecretarios, etc por eso no le quieren hacer juicio politico, pero estos tontos legisladores estan totalmente desquiciados si no lo enjuician, porque van a ser denunciados no solo por de la riva, sino por muchos vecinos que estamos artos de estas maniobras con un alto grado de corrupcion, me extraña que portela se preste al juego, siempre lo acompañe, por lo visto entro en la variante de sciutto y loffler. de velasques ni hablar es un impresentable, digo esto para estar tranquilo conmigo mismo, porque se que a el no le molesta nada de nada, dado su poco casi escaso nivel intelectual, hace como todo buen camionero.....se caga en todo.
ResponderBorrartienen que juzgarlo a el y a todo el entorno, principalmente a los cajeros que tiene. algunos dieron un paso al costado pero manejan la caja desde afuera, el ex presidente del BTF cajero de sanchez posleman y de martinez sosa, etc etc
ResponderBorrarNO SE PUEDE COMPARAR!!!! a COLAZO lo eligio el pueblo . le dibujaron una causa de la que salio SOBRESEÍDO . luego lo destituyeron x votacion de la corporacion ( manfredotismo o legislatura) , Para qué ; para robar en serio , para desfalcar la provincia , es obvio, o no?
ResponderBorrarCOLOMBERA COCARO !!!!!!!!!!!!!!!!La copia de un anónimo y supuesto informe de auditoria interna que desnudaría la existencia de diversas irregularidades en la contratación y concreción de obras realizadas en el marco de la emergencia edilicia fue entregada ayer, por las autoridades de la comisión de Presupuesto de la Legislatura, ante el fiscal en tuno para que se investigue la autenticidad del documento y de los hechos allí consignados.
ResponderBorrarLa copia de un anónimo y supuesto informe de auditoria interna que desnudaría la existencia de diversas irregularidades en la contratación y concreción de obras realizadas en la marco de la emergencia edilicia fue entregada ayer ante el fiscal en tuno, para que se investigue la autenticidad del documento y de los hechos allí consignados.
Durante la reunión parlamentaria que la comisión de Presupuesto llevó adelante el pasado miércoles para seguir analizando la ampliación al límite de emisión de Letras de Tesorería, el sindicato docente dio lectura a un documento que identificaron como un informe de la auditoria interna de Gobierno referente a las obras contratadas y realizadas al amparo de la emergencia edilicia educativa y pública dispuesta por decreto 4720/06. La copia entregada por la dirigencia del SUTEF, de la que se hicieron responsables en cuanto a su contenido, fue remitida a la Justicia por disposición del los legisladores Löffler y Velázquez, en su carácter de autoridades de la comisión.
En el documento, que carece de firma del profesional actuante y de la fecha de elaboración, se realiza una serie de graves observaciones respecto de la profundas falencias administrativas detectadas en materia de contratación y realización de las obras.
En términos generales refiere que los informes técnicos incorporados a los expedientes "no brindan mayores detalles de los trabajos a ejecutar", por lo que resultaría imposible determinar si la cotización aceptada era o no las más conveniente en cada caso. Se objeta también la falta de pliegos de bases y condiciones que permitieran conocer el detalle de los trabajos a realizar, y que las constancias de los finales de obra no aportan datos precisos de los trabajos ejecutado.
Se hace especial mención a diversos expedientes en los que se habría detectado que el "final de obra" en anterior al "inicio de la obra", o bien casos en que el inicio y el final de obra ocurrieron el misma día.
En este anónimo informe se indica además que para un mismo establecimiento fue adjudicada más de una obra, como así también que un mismo contratista tiene más de una obra a su cargo, "lo que imposibilitaría constatar si existe o no interposición de trabajo en los mismos". Se suma a esto que la falta de documentación -según reza el informe- impide "precisar si la empresa adjudicataria tiene poder de obligarse para la ejecución de los trabajas solicitados", y que las fechas referenciadas en la documentación existente no serían coincidentes con el tiempo que demandaría la concreción de algunas de las obras en cuestión.
Seguramente la conclusión más lapidaria de este informe, ello en caso de que se certifique la veracidad del mismo, es aquella en la que se sostiene que "las actuaciones de las partes en relación a las firmas de la documentación (orden de servicio, acta acuerdo, pagaré y final de obra en el mismo día) hacen suponer que existe una convivencia (sic) entre las partes".
Lo que resulte de la investigación judicial será de sumo interés, ya que de certificarse la veracidad de la información contenida en el anónimo, ese documento contrastaría con el correcto resultado que arrojó la auditoría realizada por la Nación sobre las obras de la emergencia educativa.
La copia de un anónimo y supuesto informe de auditoria interna que desnudaría la existencia de diversas irregularidades en la contratación y concreción de obras realizadas en el marco de la emergencia edilicia fue entregada ayer, por las autoridades de la comisión de Presupuesto de la Legislatura, ante el fiscal en tuno para que se investigue la autenticidad del documento y de los hechos allí consignados.
ResponderBorrarLa copia de un anónimo y supuesto informe de auditoria interna que desnudaría la existencia de diversas irregularidades en la contratación y concreción de obras realizadas en la marco de la emergencia edilicia fue entregada ayer ante el fiscal en tuno, para que se investigue la autenticidad del documento y de los hechos allí consignados.
Durante la reunión parlamentaria que la comisión de Presupuesto llevó adelante el pasado miércoles para seguir analizando la ampliación al límite de emisión de Letras de Tesorería, el sindicato docente dio lectura a un documento que identificaron como un informe de la auditoria interna de Gobierno referente a las obras contratadas y realizadas al amparo de la emergencia edilicia educativa y pública dispuesta por decreto 4720/06. La copia entregada por la dirigencia del SUTEF, de la que se hicieron responsables en cuanto a su contenido, fue remitida a la Justicia por disposición del los legisladores Löffler y Velázquez, en su carácter de autoridades de la comisión.
En el documento, que carece de firma del profesional actuante y de la fecha de elaboración, se realiza una serie de graves observaciones respecto de la profundas falencias administrativas detectadas en materia de contratación y realización de las obras.
En términos generales refiere que los informes técnicos incorporados a los expedientes "no brindan mayores detalles de los trabajos a ejecutar", por lo que resultaría imposible determinar si la cotización aceptada era o no las más conveniente en cada caso. Se objeta también la falta de pliegos de bases y condiciones que permitieran conocer el detalle de los trabajos a realizar, y que las constancias de los finales de obra no aportan datos precisos de los trabajos ejecutado.
Se hace especial mención a diversos expedientes en los que se habría detectado que el "final de obra" en anterior al "inicio de la obra", o bien casos en que el inicio y el final de obra ocurrieron el misma día.
En este anónimo informe se indica además que para un mismo establecimiento fue adjudicada más de una obra, como así también que un mismo contratista tiene más de una obra a su cargo, "lo que imposibilitaría constatar si existe o no interposición de trabajo en los mismos". Se suma a esto que la falta de documentación -según reza el informe- impide "precisar si la empresa adjudicataria tiene poder de obligarse para la ejecución de los trabajas solicitados", y que las fechas referenciadas en la documentación existente no serían coincidentes con el tiempo que demandaría la concreción de algunas de las obras en cuestión.
Seguramente la conclusión más lapidaria de este informe, ello en caso de que se certifique la veracidad del mismo, es aquella en la que se sostiene que "las actuaciones de las partes en relación a las firmas de la documentación (orden de servicio, acta acuerdo, pagaré y final de obra en el mismo día) hacen suponer que existe una convivencia (sic) entre las partes".
Lo que resulte de la investigación judicial será de sumo interés, ya que de certificarse la veracidad de la información contenida en el anónimo, ese documento contrastaría con el correcto resultado que arrojó la auditoría realizada por la Nación sobre las obras de la emergencia educativa.
ADRIANA MEGLIA, COLOMBERA OSVALDO, EL INSPECTOR!!!!!!!!!!!!!!